L’ESTAT DE LA CIUTAT
La operación Mercurio contra la presunta trama de corrupción urbanística, que ha precipitado la renuncia temporal de Manuel Bustos a la alcaldía, ha abierto una profunda crisis política en la ciudad de difícil solución. Aquí se esbozan algunas claves para entenderla y se apuntan propuestas democráticas para gestionar el fin de la era Bustos.
La bomba política que estalló la mañana del martes 27 de noviembre, con la Operación Mercurio, experimentó su culminación la noche del 2 de diciembre con la larga declaración de Manuel Bustos quien, durante seis horas, respondió al cuestionario de preguntas que ocupaba 39 folios. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se le interrogó sobre adjudicaciones de obras y concesiones administrativas.
El alcalde, que entró a declarar para responder de tres cargos (omisión del deber de perseguir los delitos, malversación de fondos y tráfico de influencias), salió imputado por delitos contra la administración pública que incluye, además de los indicados, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, violación del secreto, soborno, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsificación documental o abusos en el ejercicio de la función pública.
También podéis ver el álbum ‘Declaracions cas Mercuri‘ en Flickr.
Según diversas fuentes jurídicas consultadas, Bustos salió del juzgado peor de lo que entró. El titular del juzgado de instrucción número 1, Ramón González García, prefirió ampliar la acusación bajo el paraguas de delito contra la administración pública que tipifica más de una veintena de figuras penales.
Justicia poética
El 4 de diciembre, al mediodía, alcalde compareció en una multitudinaria rueda de prensa, donde respondió a las filtraciones de algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas, cuestionó la profesionalidad del Fiscal Anticorrupción y anunció la renuncia temporal a la alcaldía -hasta el día de los Reyes Magos, como se supo después- y nombró alcalde accidental a su mano derecha, Juan Carlos Sánchez.
La histórica comparecencia coincidió, por una de aquellas muestras de justicia poética, a la misma hora de la inauguración oficial de IKEA donde sin duda hubiera sido uno de los grandes protagonistas. Otra manifestación de justicia poética se produjo la noche del domingo, mientras Bustos esperaba en los pasillos de los juzgados a declarar, llegó la “manifestación de las escobas”, convocada por partidos y colectivos de izquierda exigiendo su dimisión, cuyos gritos pudo oír perfectamente.
Elenco de imputados
Durante el fin de semana le había precedido su hermano Paco Bustos, concejal d’Espai Públic y primer secretario del PSC de la federación Vallès-Sud y su homólogo en Sabadell, Joan Manau, teniente de alcalde de Urbanismo. Tampoco faltó a la cita Ricard Estrada, concejal de Sostenibilitat y expresidente de la Fundació Bosch i Cardellach, al parecer por los movimientos de tierras en Can Ustrell en el Parc Agrari de Sabadell. Todos ellos fueron imputados por delitos contra la administración pública y a Paco Bustos se le endosó además otro de tráfico de influencias.
También prestaron declaración los cargos de confianza, empezando por su esposa Montserrat Costa, coordinadora de Presidencia, imputada por tráfico de influencias. El resto lo fueron por delitos contra la administración pública como Manuel Somoza, coordinador de Urbanismo, Xavier Izquierdo, coordinador d’Espai Públic y Adolfo Moreno, Depardieu, ex gerente del Consell Comarcal del Vallès Occidental y actual secretario general de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), presidida por el alcalde Bustos.
Asimismo están supuestamente implicados en la trama cuatro funcionarios, como Josep Miguel Duran, jefe de la Policía Municipal, Elena Galera arquitecta, Josep A.S. y Antoni S.R. cuya identidad se desconoce.
El alcalde accidental
A las 6 de la tarde empezó el pleno municipal, presidido por Juan Carlos Sánchez, donde toda la oposición (PP, CiU, ICV, EUiA, y Entesa) presentó una moción conjunta a fin de cesar a los concejales, cargos de confianza y funcionarios imputados. La moción fue aprobada por una mayoría de 14 votos a favor y 12 en contra del PSC. Un aviso en toda regla a Sánchez sobre su extrema debilidad política.
Desde el punto de vista político, Sánchez no podía cesar a medio equipo de gobierno el mismo día que Bustos dejaba la alcaldía sin transmitir una imagen de hundimiento total. Desde una perspectiva jurídica, argumentó que carecía de facultades para cesar a los regidores y altos cargos imputados y que haría una consulta jurídica para aclararlo.
Al día siguiente se supo que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales (Real Decreto 2568/1996) señala, en su artículo 48, que los alcaldes accidentales no pueden revocar a cargos nombrados por el alcalde. Justamente, la figura del alcalde accidental está pensada para los supuestos en que aquél esté de vacaciones, ausencia o baja por enfermedad. Un artículo concebido para evitar la picaresca que supondría, por ejemplo, que el sustituto colocase a sus primos en el Ayuntamiento en ausencia del alcalde.
Un dato importante, pues revela que Sánchez tiene las manos atadas, hasta que Bustos no dimita efectivamente. Si quisiera, podría prorrogar durante meses su renuncia temporal o, acabado el plazo, nombrar a otro alcalde o alcaldesa accidental.
Fórmulas democráticas
La profunda crisis política tiene difícil solución. Sin mayoría absoluta, la oposición está legitimada para presentar una moción de censura que la ciudadanía entendería como una alternativa para acabar con cualquier atisbo de corrupción.
Sin embargo, esta fórmula tiene el serio inconveniente de agrupar a formaciones excesivamente heterogéneas, del PP a Entesa, en las polaridades del espectro de fuerzas representadas en el Consistorio, y con la difícil papeleta de consensuar a quién correspondería ostentar la alcaldía. Además, no podemos descartar que las conexiones de Jordi Soriano acaben salpicando al PP que devendría un incómodo socio de gobierno sin cuyo concurso no prosperaría ni la moción de censura, ni garantizar la gobernabilidad del municipio.
El PSC no sólo ha perdido la credibilidad para gobernar en solitario la ciudad sino que carece de los apoyos políticos para hacerlo, si la oposición articula un frente común. Cualquier solución debería respetar –siempre que sea posible- el mandato popular. Guste o no la ciudadanía de Sabadell otorgó en mayo de 2010 una amplia mayoría al PSC. Es verdad que tapó la sigla del partido, en un contexto de caída del voto socialista, con la fotografía de Bustos, pero eso no cambia las cosas, incluso las empeora.
La ciudadanía de Sabadell, desde la reinstauración de la democracia, ha otorgado su confianza a partidos de izquierda. Desde 1979 a 1999 al PSUC/ICV de Antoni Farrés, desde entonces al PSC de Manuel Bustos. Ésta es una razón de peso para descartar como candidatos a la alcaldía al convergente Carles Rossinyol, aunque represente a la segunda fuerza política de la ciudad, o al popular Esteban Gesa.
Inicio de conversaciones
Por ello, los grupos de izquierda representados en el consistorio: el sector sano del PSC (si es que existe), ICV, EUiA y Entesa, deberían iniciar conversaciones para formar un gobierno de coalición con un programa de regeneración democrática, con el compromiso de depurar hasta el final las responsabilidades y erradicar las prácticas irregulares detectadas.
En ese hipotético ejecutivo, el alcalde podría ser un edil socialista no imputado, pero con las carteras de mayor peso político como Urbanismo, Hacienda o Seguridad en manos de la oposición de izquierda con el mandato de limpiar a fondo sus concejalías. Sólo así podrá restablecerse la dañada credibilidad en las instituciones municipales.
CiU y PP podrían jugar un papel importante, suscribiendo con el resto de partidos un pacto de ciudad contra la corrupción y por la regeneración democrática, y ejerciendo una leal y rigurosa oposición hasta que las próximas elecciones municipales pongan las cosas en su sitio.
Tareas inmediatas
Juan Carlos Sánchez accede a la alcaldía en una situación de extrema debilidad y con la tarea inmediata de limpiar a fondo su partido y la administración local. El primer paso es expulsar del equipo de gobierno a todos los concejales y cargos de confianza imputados y apartar del servicio público a los funcionarios imputados.
No lo tendrá fácil, como se comprobó en la asamblea extraordinaria del PSC del miércoles pasado donde Bustos fue jaleado por la militancia. Una manera de demostrar quién manda en el partido. Conociendo su estilo de gobierno no resulta descabellado deducir que dentro del partido se ha urdido una densa red clientelar de adhesiones inquebrantables a su persona.
Da la impresión que Bustos está dispuesto a resistir hasta la última trinchera. A pesar de las masivas filtraciones del sumario a distintos medios de comunicación, donde aparece retratado como El Capo de una red corrupta, continúa proclamando su inocencia y atribuye la acción de la Fiscalía Anticorrupción a oscuras conspiraciones políticas, sobre las que no ha aportado ninguna prueba.
¿Qué papel jugará Juan Carlos Sánchez? ¿Será el Arias Navarro o el Adolfo Suárez del bustismo?
Ética y política: el papel del PSC
Según el código ético de PSC, los militantes imputados deben abandonar sus cargos en el partido, como hizo Manuel Bustos, responsable de Política Municipal, que aun no se ha verificado en los casos de Paco Bustos y Joan Manau. En su programa electoral -su contrato con la ciudadanía- al Parlament, prometieron apartar a los cargos públicos y de partido “a partir del momento de una imputación formal por parte del juez de instrucción”. Exactamente la situación de los hermanos Bustos, Manau y Estrada.
En la entrevista a Pere Navarro en el El País, el primer secretario del PSC defendió la inocencia de los afectados en el caso Mercurio, y trató de sacar pelotas fuera. Acaso el alcalde de Sabadell, que conoce a fondo las interioridades del partido, ha amenazado con poner en marcha el ventilador, como ha intentado hacer con la Diputació de Barcelona, donde ostenta el cargo de diputado adjunto a la vicepresidencia.
Navarro está sometido a una enorme presión mediática, para zanjar de la mejor manera posible un asunto que ha salpicado a su número dos, Daniel Fernández, secretario de organización de un partido que salvó los muebles por los pelos el 25 de noviembre. El ex alcalde de Terrassa, que conoce a fondo el funcionamiento de la administración municipal, se juega su credibilidad ética y política en ese asunto.
El factor tiempo
El tiempo es muy importante en la vida y en la política. No sabemos si la dirección del PSC trata de ganar tiempo para desactivar la bomba política que supone un Bustos desatado, decidido a morir matando y tirar de la manta o se trata más bien de escenificar su apartamiento del poder con un calendario pactado.
En cualquier caso, si no se toman medidas inmediatas para apartar a los corruptos su imagen en la ciudad y el país quedará irreparablemente dañada. El PSC posee todos los recursos para ello: expedientes disciplinarios, suspensión de militancia, expulsión del partido, disolución de la sección local y constitución de una gestora… En definitiva, se trata de un asunto de voluntad política.
Los socialistas no pueden mantener mucho tiempo en el equipo de gobierno al alcalde y a los regidores imputados; en caso contrario, una moción de censura los expulsará del poder.
Gestionar el fin de la era Bustos
La era Bustos ha tocado a su fin, de la peor manera. Un régimen corrupto, clientelar y despótico que ha contaminado hasta extremos desconocidos nuestra vida pública como revelan las filtraciones a la prensa de parte de las conversaciones intervenidas. No obstante, lo mucho que hemos podido leer estos días sólo es un aperitivo. El levantamiento del secreto de sumario nos permitirá evaluar la dimensión, profundidad y densidad de las tramas corruptas y las redes clientelares que, sin duda, afectarán a numerosas instituciones de la ciudad.
Tampoco podemos descartar que el juez amplíe las imputaciones a otros empresarios y cargos públicos, como ocurrió en el caso Pretoria que guarda una notable semejanza con éste. Tanto es así que el mismo abogado, Cristóbal Martell, que ya defendió a Josep Maria Sala en el caso FILESA se encarga de defender a los acusados socialistas en Pretoria y Mercurio.
La crisis política se ha desencadenado en el peor momento, en un contexto de profunda recesión económica, con 20.000 parados, y un severo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las clases asalariadas. Una situación excepcional que exige a todas las formaciones representadas en el Consistorio, empezando por el PSC, un enorme ejercicio de responsabilidad para sacar adelante la ciudad y limpiar su imagen, ensuciada por empresarios y políticos presuntamente corruptos.
5 Comments