L’ESTAT DE LA CIUTAT
El levantamiento parcial del secreto de sumario, el pasado viernes, ha marcado un punto de inflexión en la crisis política del caso Mercurio. Aquí se analizan las implicaciones de la información proporcionada por el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell y se exploran las consecuencias políticas de esta decisión judicial.
El viernes 18 de enero fue muy intenso desde el punto de vista mediático, político y jurídico. La jornada estuvo precedida por la rueda de prensa de los grupos de la oposición de la víspera, jueves a las 17h, en el Casal Pere Quart. Los cinco portavoces anunciaron que –en correspondencia con la correlación de fuerzas en el consistorio- se harían con la mayoría absoluta en los consejos de administración de las tres empresas municipales: Promocions Audivisuals de Sabadell (Ràdio Sabadell) VIMUSA (vivienda municipal) y Promoció Econòmica que incluye al Vapor Llonch, Fira Sabadell o la Pista Cubierta de Atletismo.
Una tuerca de vuelta más en la estrategia de la oposición de ejercer su mayoría para obligar al equipo de gobierno a ceder áreas de poder y decisión hasta que no se produzca la dimisión de los cargos públicos imputados. Ciertamente, esta es la línea roja que ha trazado la oposición y conditio sine qua non para abrir negociaciones con el PSC de Sabadell para desencallar la actual situación de bloqueo institucional.
Rueda de prensa
Justamente ese mismo viernes, a las 9.30 horas, estaba convocado el tradicional almuerzo-rueda de prensa que anualmente realiza el PSC de Sabadell para valorar el ejercicio anterior y las perspectivas del siguiente. Esta vez la comparecencia se desarrolló en el altillo del Món Ibèric y contó con la asistencia de Montserrat Capdevila, Paco Fernández, Marta Farrés y Cristian Sánchez.
El encuentro con los medios locales estuvo dominado, de cabo a rabo, por la noticia de El Periódico, aparecida el mismo día, según la cual el alcalde está imputado por nueve delitos relacionados con el ejercicio de su cargo, entre ellos malversación de fondos públicos o tráfico de influencias. A media rueda de prensa, aparecieron a almorzar Manuel Bustos, flanqueado por Montserrat Costa, Joan Manau y Xavier Izquierdo, todos ellos imputados.
El alcalde, en plan “yo pasaba por aquí”, aprovechó la circunstancia para proclamar su inocencia, salir al paso de las informaciones del citado diario y distribuir entre los chicos de la prensa la declaración escrita donde informa de su petición al juez para prestar declaración y aportar nueva documentación para esclarecer los hechos.
Soriano y Melquíades
Si la noticia del rotativo próximo al PSC de la larga lista de imputaciones contra el alcalde fue un golpe muy duro, lo peor estaba por llegar.
Al filo del mediodía, a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), los medios de comunicación recibieron el auto del juzgado de instrucción nº1 de Sabadell de siete folios de extensión (que reproducimos a continuación y pueden consultar en Slideshare). Se trata de un resumen de los 2.000 folios, según publica El País, de esta parte del sumario que afecta a la trama empresarial presuntamente dirigida por el ex concejal del PP Jordi Soriano y Melquíades Garrido, tío del alcalde y presidente del Gremi de Constructors, recientemente ratificado en el cargo.
En efecto, de la lectura del auto del juez Ramón González García se desprende que Garrido se llevaba la mayor parte de las adjudicaciones de obras del Ayuntamiento y Soriano una cuota menor relacionada con distintas operaciones de movimientos de tierras. Una trama donde están implicados 15 empresarios de la construcción que pagaban las sustanciosas “mordidas” para acceder a las contratas municipales.
Todo ello en un lenguaje barriobajero propio de la Camorra napolitana, como puede leerse en las transcripciones de algunas de las muchas conversaciones telefónicas intervenidas.
En el mismo auto el magistrado decreta la prórroga del secreto de sumario sobre las imputaciones que pesan sobre el alcalde, concejales, cargos de confianza y funcionarios municipales para no interferir en unas investigaciones sobre las que falta mucha información por procesar. Dentro de un mes, volverá a plantearse el tema y decidirá si opta por volver a prorrogarlo o bien levantarlo parcial o totalmente.
También avanzó que presentaría un caso tan complejo y con tantas ramificaciones en piezas separadas. Esto permitirá un tratamiento invidualizado de los imputados, lo cual también afecta a la parte relativa a un delito contra la salud pública.
Depuración de responsabilidades
La reacción de la oposición al auto no se hizo esperar. Los grupos de la oposición se pronunciaron por separado sobre su contenido, a través de comunicados de prensa, aunque todos coincidieron en exigir la depuración de responsabilidades políticas; es decir, la dimisión de los cargos públicos imputados.
ICV señaló la extrema gravedad del hecho que algunos miembros del equipo de gobierno supiesen del funcionamiento de la trama corrupta y no hiciesen nada para impedirlo, pero que también lo es que no la conociesen pues una de sus obligaciones es precisamente velar por el cumplimiento de la legalidad y evitar estas operaciones fraudulentas. EUiA apuntó hacia el alcalde accidental, Juan Carlos Sánchez, concejal de Urbanismo cuando ocurrieron estos hechos delictivos y exigió la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria al respecto.
CiU volvió a pedir la dimisión del alcalde y detalló los reiterados incumplimientos del ejecutivo local de los acuerdos del pleno. El PP también exigió la depuración de responsabilidades y deploró la contribución de los socialistas locales al descrédito de la clase política derivada de la corrupción. El mismo día que, por una de aquellas muestras de justicia poética, el diario El Mundo, revelaba los sobresueldos en dinero de negro percibidos durante décadas por destacados miembros de la cúpula del partido.
Efectos inmediatos
El levantamiento parcial del sumario sólo afecta a la parte empresarial de “la trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento en la que han intervenido junto a diversos empresarios, miembros integrantes del Partido Socialista de Catalunya (PSC) y uno perteneciente al Partido Popular (PP) –actualmente destituido por su propio partido-, del mismo Ayuntamiento”.
Esta fue la descripción del meollo del caso Mercurio que puede leerse en la nota de prensa emitida por la Fiscalía Anticorrupción el 27 de noviembre de 2012, cuando se se registraron 41 empresas y sociedades así como 15 domicilios particulares.
Las pruebas aportadas por el auto del juez del 16 de enero de 2013 confirman estas fundadas sospechas- tras dos años de investigación- por la parte que toca a Soriano y Garrido (el tiet) y al resto de empresarios imputados.
Ahora nos falta saber el grado de implicación de los cargos públicos del PSC en la trama que podríamos conocer dentro de un mes, si el magistrado optar por levantar el secreto del sumario.
El auto del 16 de enero tiene efectos políticos inmediatos tanto sobre el PSC como sobre los grupos de la oposición y abre un compás de espera. El alcalde, que se está resistiendo con uñas y dientes a dimitir, se aferrará a este plazo para eludir una dimisión que pondría punto final a su carrera política de muy mala manera.
La oposición no se arriesgará a presentar ahora una moción de censura, cuando falta tan poco para que las revelaciones del levantamiento del secreto del sumario fuercen a la dirección nacional del PSC a apartar a Bustos y todos los cargos públicos imputados del poder. Mientras tanto, disponen de múltiples medidas para incrementar la presión política sobre un equipo de gobierno que se está cociendo a fuego lento.
Anomalía política
Aquí llegamos al corazón de Mercurio. La trama político-empresarial cuyo epicentro es Sabadell ha salpicado a Daniel Fernández, ex secretario de Organización del partido, y hombre clave en las relaciones entre PSOE y PSC, en un momento de máxima tensión derivada de las discrepancias sobre el derecho a decidir.
Según la conversación telefónica intervenida a la que ha tenido acceso El Periódico, después de la insistencia de Bustos, Fernández se avino a presionar, desde el teléfono móvil de Bustos, a la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, para alterar un concurso público y colocar a Carmina Llumà, ex secretaria general de Política Territorial del tripartito y esposa del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sabadell.
Esta circunstancia, unida al liderazgo débil de Pere Navarro y a las horas bajas electorales de un PSC profundamente dividido, sitúa el caso Mercurio en otra dimensión política y ha proporcionado al alcalde de Sabadell un balón de oxígeno. Quizás, si Fernández no estuviese imputado, Bustos hubiera corrido la misma suerte que el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y estaríamos ahora ante otro escenario político.
Los elementos probatorios del auto del 16 de enero del juzgado de instrucción nº1 son lo suficientemente graves como para aventurar que el levantamiento de la parte restante del secreto de sumario, que afecta a los políticos. podría contener revelaciones cuya gravedad comportarían la dimisión de todos imputados. Entonces se plantearía otro problema nada fácil de resolver: la investidura de un nuevo alcalde o alcaldesa de Sabadell.
Nota bene
Todos los grupos de la oposición, en la rueda de prensa del jueves 17 de enero, negaron que estuvieran conversando con la dirección nacional del PSC para hallar una solución política a la crisis de Sabadell.
Carme García, de ICV, fue muy explícita al respecto, citó -para desmentirlo- el artículo firmado por mi modesta persona en la colaboración de la semana pasada en este digital y reclamó una rectificación al respecto.
Tomamos nota de su petición, a pesar que diversas fuentes dignas de todo crédito apunten en sentido contrario. En cualquier caso, esta demanda nos obliga a plantearnos la siguiente pregunta: ¿por qué los grupos de la oposición con representación parlamentaria no utilizan un recurso legítimo, como son los contactos entre las direcciones de partidos democráticos, para hallar una salida a la crisis de nuestra ciudad?
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