Se trató de una acción de protesta convocada a última hora.
La familia que ocupa el piso dispondrá de tres meses de prórroga.
El miércoles a las 9,30 horas medio centenar de militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) se concentraron en el número 47 de la plaza Rogelio Soto del barrio de Espronceda. Se trató de una convocatoria de última hora para impedir el desahucio de la pareja formada por Juan Amador, Manuela Mendoza y sus tres hijos de 17, 12 y 8 años.
Esta familia ocupa esta vivienda desde hace poco más de un años, después de haber sufrido un procedimiento de ejecución inmobiliaria en su vivienda en Barcelona. Manuela Mendoza recurrió a su familia que reside en el barrio y que le informó de la existencia de este piso vacío desde hace un par de años y propiedad del BBVA. A los pocos días se entrevistó con el subdirector de la entidad financiera para negociar un alquiler social de la vivienda que no se resolvió en nada. Mendoza trabaja en una empresa de limpieza y los 1.000 euros que percibe son el único ingreso de la familia. También, desde entonces, es militante de la PAHC y suele asistir a las reuniones de los miércoles.
Según Juan Amador encontraron el piso en un estado deplorable: con las tuberías de agua y los cables eléctricos arrancados que poco a poco han ido reponiendo.
Orden de desalojo
El pasado 16 de septiembre se personaron en la vivienda el procurador judicial y dos agentes de los Mossos d’Esquadra, la denominada “Comitiva”, con la orden de desalojo inmediato del piso. Ante la negativa de los abuelos en ese momento presentes para cuidar de los menores, se les dio un plazo de 15 días para abandonarlo. En ese plazo, la PAHC que mantiene una negociación colectiva con el BBVA, consiguió ampliar este periodo a tres meses, según en el escrito del procurador de la entidad financiera sellado en el juzgado de instrucción nº 2 de Sabadell el 30 de septiembre.
No obstante, el martes se personó otra pareja de la policía autonómica para avisarles que al día siguiente se procedería al desahucio. Esto motivó la movilización de la militancia de la plataforma. Finalmente, aclarado el equívoco, los Mossos informaron que no se procedería al desalojo.
