Los efectos políticos del caso Mercurio centraron una sesión que tuvo la virtualidad de fijar la posición de los grupos municipales al respecto. Con las revelaciones del secreto de sumario en la mente de todos y con la ausencia de Manuel Bustos, que en gesto de valentía política excusó su presencia, el pleno fue un auténtico calvario para el PSC.
La cosa se puso cuesta arriba cuando la regidora de Sanidad, Cristina Moreno, tuvo que defender los dos dictámenes relativos al cementerio municipal. Los portavoces de la oposición no ahorraron menciones al sumario y Virgínia Domínguez (ES) aportó datos sobre los flagrantes incumplimientos de plan de inversiones de la concesionaria Torra SA. Una empresa cuyos propietarios, Alfons Izard y Francesc Xavier Pons, están imputados por soborno y estafa en la ampliación del camposanto y que Moreno calificó de “empresa de prestigio”, quizás en su escala de valores ser imputado da prestigio. También hizo una cerrada defensa de sus compañeros a quienes trató de “afectados” como si la imputación fuese una enfermedad sobrevenida como el pretexto que Bustos utilizó para no dar la cara.
Peor aún se presentó el debate relativo al crédito de 3,5 millones de euros para pagar los más de dos millones que el Ajuntament debe al ministerio de Hacienda por el impago del IVA de la Pista Cubierta de Atletismo, uno de los emblemas del oneroso faraonismo de la era Bustos. Un grave problema generado por la incompetente gestión de Montserrat Capdevila, también ausente de la sala. Un marrón que tuvo comerse Ramon Burgués con unas tragaderas dignas de Pantagruel.
La abstención de CiU y PP permitió la aprobación de ambos dictámenes que justificaron por “responsabilidad política”. En caso contrario, se paralizarían las obras del Cementerio y se comprometería el futuro de Promoció Econòmica -Vapor Llonch y Cal Molins incluidos- que gestiona la Pista Cubierta.
Moción conjunta
La moción de todos los grupos de la oposición más el concejal no adscrito, Antonio Vega, pidiendo como hace un año el cese de los ediles y cargos de confianza imputados puso colofón al plenario.
Burgués, en una intervención patética, defendió a capa y espada a los imputados. Así insistió en que no se había demostrado que cobrasen comisiones, como si el tráfico de influencias, la malversación de fondos o la falsificación documental fuesen delitos sin importancia. También aseguró que el contenido del sumario podía ser objeto de distintas interpretaciones, lo cual constituye un insulto a la inteligencia. Remató su parlamento manifestando su orgullo por la gran transformación de la ciudad en los 14 años de gobierno de Bustos. Quizás se refería al boyante estado de las finanzas municipales o la magnífica imagen del gobierno municipal, dentro y fuera de la ciudad, tras el caso Mercurio que la ha puesto en el mapa de corrupción.
El alcalde Juan Carlos Sánchez, como el rey desnudo de cuento de Andersen, intentó tapar sus vergüenzas con el taparrabos de la presunción de inocencia y anunció que no pensaba cumplir con la moción aprobada por mayoría, lo cual le hizo acreedor de durísimas críticas de la oposición.
Del debate se desprende que el margen de confianza concedido por CiU para que Sánchez emprendiese la impostergable tarea de regeneración democrática y limpieza institucional está tocando a su fin. En realidad, la federación nacionalista se hubiera conformado con el cese del cargo de confianza imputado Xavier Izquierdo, pero Sánchez no quiso hacer ese mínimo gesto.
Acabada la sesión, planeó la pregunta ¿qué espera la oposición para presentar la moción de censura?
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