L’ESTAT DE LA CIUTAT
El resultado de las elecciones europeas ha provocado un terremoto político con una cascada de abdicaciones y dimisiones que muestran el avanzado estado de descomposición institucional, desintegración territorial y deslegitimación política y moral del régimen de la Segunda Restauración borbónica. Se ha abierto el camino a la alternativa republicana.
El anuncio de la abdicación de Juan Carlos I, el designado sucesor del general Franco, estuvo precedida por las renuncias del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y del PSE, Patxi López, a quien después ha seguido Pere Navarro del PSC. Además del amago de dimisión del democristiano Josep Antoni Duran i Lleida.
La abdicación del monarca está rodeada de extrañas circunstancias. En efecto, Juan Carlos I siempre se había negado a dar este paso, ante las reiteradas peticiones a que cediese la corona a su hijo Felipe para salvar a la institución. Incluso acuñó la frase lapidaria “los reyes mueren en la cama”. Así pues, se ignora cuáles han sido los verdaderos motivos que le han conducido a renunciar a la jefatura del Estado, aunque todo parece apuntar que no ha sido por voluntad propia, sino tras ser sometido a fuertes presiones.
Prueba de ello es el procedimiento, casi de tapadillo, para verificar la transmisión de la corona. De este modo se ha aprobado deprisa y corriendo una ley orgánica para sustanciar la abdicación que se ha llevado a las Cortes en lectura única para acelerar su aprobación. La coronación de Felipe VI ‘el preparado’ el próximo 19 de mayo se celebrará sin la presencia de dirigentes extranjeros, sin ceremonia religiosa y con la ausencia de Juan Carlos I.
En violento contraste con la campaña de blindaje mediático de la monarquía de los grandes medios de comunicación españoles, con episodios tan lamentables como la censura de la portada de El Jueves o de las referencias a la amante del rey en El Mundo, la prensa extranjera ha atribuido la abdicación a la impopularidad el monarca y a los escándalos de corrupción que rodean a la familia real. También ofrecieron una amplia cobertura de las manifestaciones republicanas del 2 de junio, señalando el creciente apoyo entre cada vez más amplios sectores ciudadanías a un cambio de régimen.
Antecedentes
Los primeros signos de agotamiento del régimen de 1978 se produjeron con los atentados islamistas del 11M, que condujeron a una crisis de Estado suturada por la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su primer mandato, Zapatero planteó un programa regeneracionista, incluyendo la reforma en cinco puntos de la Constitución, al tiempo que abría conversaciones con ETA y apoyaba la reforma del Estatut catalán en la línea de resolver los problemas de articulación territorial y el pleito de nacionalidades en España. La feroz resistencia del PP a este impulso reformista y la falta de determinación del PSOE para llevarlo a cabo desembocaron en un fracaso estrepitoso evidenciando que el régimen era irreformable.
Además, por una cruel paradoja del destino, la única reforma de calado institucional se verificó al final de su segundo mandato y en sentido contrario a sus promesas regeneracionistas. Con la mayor opacidad y “agostidad”. PP y PSOE pactaron la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, ordenada desde Berlín, para asegurar la “prioridad absoluta” del pago de la deuda a la banca. Ello supuso la expulsión de Izquierda Unida del “consenso constitucional”. La sentencia del Estatut provocó un efecto semejante en CiU, con lo cual éste quedó reducido a los dos grandes partidos estatales.
El fracaso del programa reformista de Zapatero inició el proceso de descomposición política del régimen. Tanto es así que, al final de su segundo mandato, las plazas de España se llenaron con los jóvenes del 15M que realizaron su primera experiencia en la vida pública y reclamaron un moderado programa de reformas políticas, institucionales y sociales. Un síntoma clamoroso de la gravedad de la situación política y social que fueron respondidas con el más completo autismo por parte del sistema de partidos.
El severo impacto de la crisis económica, unido a la cascada de casos de corrupción, desde la Casa Real hasta los cientos de concejales de oscuros municipios, pasando por todas las comunidades autónomas, actuaron como una acelerador extraordinario de una crisis de legitimidad sin precedentes del régimen surgido de la Transición que ha llegado al paroxismo en estos dos años de gobierno del PP.
Las contrarreformas de Rajoy han conseguido soliviantar a amplios sectores de la ciudadanía, desde la comunidad educativa con la ley Wert, al movimiento feminista con el proyecto de la ley del aborto o al estamento judicial, sólo por poner algunos ejemplos. Unas medidas que se orientan a laminar la democracia española de bajo perfil como se desprende del proyecto de ley de seguridad ciudadana del ministro del Interior y reducir al mínimo el precario Estado del Bienestar con un ataque sin precedentes a los servicios públicos y a las condiciones de vida y de trabajo de las clases asalariadas.
A todo ello se une el inmovilismo y la torpeza en la gestión del desafío planteado desde Catalunya por el proceso soberanista abierto tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que planteó un choque de legitimidades que ha abocado a un crisis de Estado de difícil solución.
La crisis de la socialdemocracia
La caída del régimen de la primera restauración borbónica estuvo precedido por la descomposición de los dos grandes partidos del turno dinástico, conservador y liberal, que funcionaban como el PP y el PSOE. Entonces, el primero en hundirse fue el Partido Liberal algunos de cuyos dirigentes se pasaron al bando republicano; posteriormente le tocó al Partido Conservador.
La crisis del PSOE y del PSC evoca aquel precedente. En las recientes europeas se ha roto, por primera vez, el mecanismo del turno dinástico; es decir, que cuando PP bajaba, el PSOE subía y viceversa. Ahora se ha demostrado que el PSOE es incapaz de realizar este relevo lo cual compromete la viabilidad del sistema político. Ello ha sido provocado, en gran medida, por el hundimiento del PSC. Si los socialistas catalanes hubieran aguantado el tipo como ha ocurrido en Andalucía, Extremadura o Asturias, el PSOE hubiera ganado las europeas, lo cual hubiera dado la impresión que el mecanismo del turno dinástico seguía funcionando como garantía de la estabilidad del sistema.
La cerrada defensa de la monarquía por parte de un partido de “hondas raíces republicanas” (Rubalcaba dixit) acelerará la crisis del PSOE y el trasvase de votos hacia Podemos y en menor medida hacia IU. De seguir este camino los socialistas españoles pueden correr el mismo destino que sus correligionarios griegos, que han pasado del 40 al cinco por ciento de los votos, siendo sustituidos por Syriza como fuerza hegemónica de la izquierda.
En la dimisión de Pere Navarro han confluido múltiples factores. Principalmente, la división interna provocada por el proceso soberanista, pero también su falta de autoridad para atajar la corrupción emanada desde Sabadell por el caso Mercurio. Según reveló El País, desde hacía semanas había pedido a los parlamentarios imputados Daniel Fernández y Montserrat Capdevila que entregasen el acta de diputado, sin que éstos atendiesen a su petición. Lo cual empañaba la imagen pública del partido en un tema de gran sensibilidad ciudadana.
Pacto republicano
La crisis del régimen de 1978 reclama la creación de un frente republicano que articule a las fuerzas políticas y sociales que propugnan la instauración de la Tercera República, al estilo del Pacto de San Sebastián que preludió el advenimiento de la Segunda República.
Los republicanos catalanes tuvieron un papel destacado en el Pacto de San Sebastián, una de cuyas clausulas fue la concesión de un Estatuto de Autonomía para Catalunya. Ahora las fuerzas de la izquierda catalana deberían aunar esfuerzos con los republicanos españoles para derribar a este régimen. El planteamiento que la cuestión de república o monarquía es un asunto de un país extranjero que no les concierne y que la solución radica en la proclamación de una república catalana independiente es un error estratégico.
Ciertamente, entre amplios sectores del movimiento soberanista pesa el temor que una solución republicana hiciese perder apoyos a la causa de la independencia. Sin embargo, republicanos españoles y catalanes deberían emprender juntos el camino para derribar a la monarquía. El nuevo régimen republicano estaría en infinitas mejores condiciones para atender las reivindicaciones del movimiento soberanista, incluyendo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que difícilmente podrá realizarse bajo el régimen monárquico.
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