‘L’estat de la ciutat (94)’: El Taulí o la quiebra del modelo sanitario

L’ESTAT DE LA CIUTAT

Aquí se esboza el origen y el desarrollo de un modelo sanitario, basado en la colusión de los intereses públicos y privados, que se ha demostrado lesivo para la asistencia sanitaria a la ciudadanía, que sólo beneficia al sector privado y propicia el caldo de cultivo de la corrupción.

Sabadell y su comarca padecen un déficit crónico en la asistencia hospitalaria, estimado en 500 camas, si nos atenemos a la media catalana. Se trata de uno de los problemas más graves de nuestra ciudad y su área de influencia que se arrastra desde hace décadas y que se manifiesta en la situación de colapso permanente de la Corporació Sanitària Parc Taulí, evidente para cualquiera que visite su saturado servicio de urgencias y con una listas de espera que afectan a miles de pacientes (más info: ‘Unes 3.500 persones en llista d’espera per operar-se al Taulí‘).

El origen del Parc Taulí se remonta a 1986 y fue creado bajo los auspicios del departament de Sanitat de la Generalitat, l’ajuntament de Sabadell, las entidades propietarias de las clínicas y mutuas de la ciudad: Caixa Sabadell, Sabadell Mutual, la Fundació Hospital i Casa de Beneficiència de Sabadell, donde la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) jugó un papel clave. En 1998, el modelo se consolida y el Consorcio Hospitalario se convierte en Corporació Sanitària, adquiriendo personalidad jurídica propia.

A diferencia de Terrassa, donde conviven una oferta pública y otra privada de carácter mutualista, aquí se apostó por la fórmula de consorcio público-privado que combina el acceso universal y gratuito con la gestión empresarial. En el contexto de privatizaciones y externalizaciones de los servicios públicos de la época, el proyecto del Taulí fue presentado como la solución más moderna y eficiente a la asistencia hospitalaria y contó con el aval político del alcalde Antoni Farrés que se manifestó como un ardiente partidario de esta fórmula.

Boi Ruiz (CiU) y J.C.Sánchez (PSC) en el área de ginecología, en 2013.

Uno de los primeros efectos de la creación del consorcio fue la liquidación del hospital pediátrico del Nen Jesús, ubicado en Ca n’Oriac y financiado por Caixa Sabadell, que significó una pérdida irreparable para la ciudad de un centro especializado y de calidad.

La experiencia de 28 años ha demostrado que estos consorcios mixtos no garantizan una asistencia de calidad que sólo puede mantenerse si existe el respaldo inversor de las administraciones públicas y que favorece los intereses del sector privado.

Así, mientras que los servicios sanitarios más onerosos, como las operaciones, corren a cargo del erario público, los más rentables para el mercado fueron externalizados, como ocurre con las analíticas y las radiografías a favor de empresas privadas como UDIAT.

El Plan de choque

La situación de permanente colapso y las protestas vehiculadas a través de Coordinadora per la Defensa de  la Sanitat Pública, motivaron que la titular de Salut del tripartito de izquierdas, la socialista Marina Geli, aprobase en julio de 2005 el denominado Plan de choque. Éste contemplaba la creación de un hospital ligero de de 200 camas en Cerdanyola-Ripollet, que habría de llamarse Ernest Lluch, la ampliación del Taulí y el convenio con otros centros sanitarios como el Hospital de Terrassa, l’Aliança (ahora Clínica del Vallès) que se amplió posteriormente al Hospital General de Catalunya, propiedad de una multinacional del sector.

El Plan de choque consolidó el modelo mixto del Taulí como eje de la asistencia sanitaria, así como la connivencia de la  Generalitat con el lobby sanitario privado.  El citado plan no tuvo en cuenta en cuenta la optimización de los recursos existentes como implementar las dos plantas vacías del Hospital de Terrassa, un equipamiento público, y la infrautilización del Hospital General de Catalunya, reflotado con fondos públicos o de la Clínica del Vallès.

Ajustes y recortes

La crisis financiera liquidó el Plan de choque que nunca llegó a aplicarse. La creación del hospital Ernest Lluch en Cerdanyola-Ripollet quedó en suspenso sine die, al igual que la segunda fase de ampliación del Hospital Taulí, que preveía la rehabilitación del actual edificio. La primera se llevó a cabo con la construcción de un nuevo edificio de 15.277 metros y la rehabilitación de otros 1.048 con mejoras en las áreas de ginecología, pediatría, atención ambulatoria y ámbito quirúrgico.

En febrero de 2011 se presentó un riguroso programa de ajustes para reducir su presupuesto en 14 millones de euros que implicaba el cierre de 12 camas de medicina interna en Santa Fe, de otras 34 en el Centre Albada y la clausura de tres quirófanos en horario de tarde, así como el cierre de ciertas consultas externas.

Estas medidas comportaron que la presión asistencial en urgencias experimente límites intolerables y que las listas de espera se alarguen hasta niveles insoportables. De este modo se disipaba el horizonte de solucionar el histórico déficit hospitalario en un ataque sin precedentes a los derechos sanitarios y la calidad de vida de la ciudadanía.

Acampada Taulí Sabadell
Durante la navidad de 2012 se llevó a cabo la acampada Taulí contra los recortes. Autor: J.d.A

El brutal ajuste contra uno de los puntales del Estado del Bienestar adquirió una particular gravedad política al contravenir el programa electoral de CiU que se había comprometido a no recortar ni en sanidad, ni enseñanza.

En realidad, estos ajustes constituyen un despilfarro, pues cerrar plantas y no operar por las tardes supone infrautilizar costosos medios aportados con el dinero de todos, sin contemplar un mejor aprovechamiento de los servicios existentes con una gestión más eficiente, reduciendo duplicidades, gastos burocráticos y explorando fórmulas más imaginativas.

La degradación del sistema público sanitario que implican estos recortes cuestiona el modelo asistencial, basado en la gratuidad y universalidad del servicio. Así se abren las puertas a una doble y desigual red: centros públicos y de escasa calidad para las clases trabajadoras; centros privados/concertados de calidad para las clases medias-altas que pueden permitirse pagar mutualidades.

Irregularidades en el Taulí

La Sindicatura de Comptes expuso en su informe anual del ejercicio 2006-2007 las múltiples y recurrentes anomalías en la gestión del Taulí.

Las citadas obras de ampliación del hospital, por valor de más de un millón de euros, se realizaron de manera irregular, mediante adjudicación directa y sin licitación pública, 800.000 euros de los cuales destinados a una misma empresa, incumpliendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Las obras se entregaron con un año de retraso y un incremento del 21,8 por ciento sobre el precio presupuestado inicialmente, la rendición de cuentas se realizó fuera de plazo.

Según el organismo, encargado de fiscalizar las cuentas públicas, estas obras son un  ejemplo de cómo no deben realizarse las obras públicas y habrían de figurar en los manuales de la mala gestión, si éstos existiesen. También se detectó que un directivo del consorcio hospitalario percibió una prima de 7.000 euros por unos objetivos que no había cumplido.

También denunció no tener “evidencia escrita” del salario del director general del centro hospitalario. Hubimos de esperar unos cuantos años para saber que este cargo percibe un sueldo de 144.187 euros brutos anuales, más que los consellers y que el president de Generalitat, y que es el tercero mejor pagado de las empresas sanitarias. Toda una obscenidad cuanto se han aplicado duros ajustes a las plantillas de los centros hospitalarios (más info: El director del Taulí cobra més que Artur Mas‘).

El director del Taulí, Joan Antoni Gallego. Foto: J.d.A.

La dirección del Taulí alegó, de modo poco convincente, que adoptó esta solución ante las dificultades para encontrar empresas interesadas, en pleno boom de la construcción y dada la urgencia del proyecto. En el debate parlamentario, la diputada socialista Montserrat Capdevila intentó justificar a la dirección del Taulí, del que forma parte el Consistorio, a causa de la “presión asistencial, política y mediática”, como si eso fuera una excusa, en vez de comprometerse a que estas graves irregularidades no volvieran a reproducirse.

El resultado del debate fue deprimente. El Parlament se negó a ordenar las comparecencias de los directivos del Taulí para dar las pertinentes explicaciones, no se produjo ninguna dimisión por la pésima gestión de las obras de ampliación, ni tan siquiera se pidió al directivo la devolución del importe de la prima. Tampoco se planteó estudiar medidas legislativas para que la Sindicatura de Cuentas disponga de capacidad sancionadora para intervenir en estos casos.

Con estos precedentes no es extraño que el informe de la Sindicatura de Comptes del 2013 volviera a revelar graves irregularidades en la gestión del Taulí de 2008 al 2011 (más info: ‘ICV-EUiA porta a Fiscalia un informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió del Taulí‘). Unas irregularidades que se sustentan en la opacidad, pues aunque sus presupuestos son aprobados por el Parlament éstos no son públicos hasta la Sindicatura emite sus informes, como recuerda en el artículo ‘El Taulí‘ el presidente de la FAV, Manuel Navas.

Esta semana en el pleno municipal los grupos municipales de PSC, CiU y PP evidenciaron su complicidad con esta política de opacidad que ampara las prácticas irregulares, rayanas en la corrupción. Así  votaron en contra, en el pasado pleno municipal, de la moción presentada por ICV, EUiA y Entesa, a instancias de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública, que instaba a que publicaran los presupuestos de la corporación sanitaria, las actas del consejo de gobierno y los convenios de colaboración con operadores privados (más info: ‘El ple d’abril, en 6 claus‘).

La sombra de la corrupción

En los últimos años han aflorado numerosos casos de presunta corrupción en la sanidad catalana como los del grupo Innova de Reus, la fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el Consorci de Salut del Maresme i La Selva, así como la relación entre el Servei Català de la Salut (ICS) y la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Grup Serhs y la empresa CCM Estratègies i Salut. De hecho están imputados en procesos judiciales, el ex presidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat, el ex director del Servei Català de la Salut (CatSalut) Carles Manté, el ex alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, y el ex presidente del Consorci de Salut i Social de Catalunya y presidente del Grup Serhs, Ramon Bagó.

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso

La comparecencia de Daniel de Alonso, director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ante la comisión parlamentaria que investigó las presuntas irregularidades en la sanidad catalana fue altamente instructiva. Alonso criticó con dureza el modelo sanitario catalán, basado en consorcios mixtos, tipo Taulí que no sólo están mal gestionados, sino que propician todo tipo de irregularidades y la corrupción, derivado de la colusión entre intereses públicos y privados.

A pesar de las evidencias, PSC y CiU unieron sus votos en la citada comisión de investigación para negar, contra todas las evidencias, que exista corrupción o irregularidades en la sanidad catalana. Sólo el PP apoyó algunas de sus propuestas, mientras el resto de grupos parlamentarios se abstuvo o votó en contra. Todo un ejemplo de cómo funcionan las cosas en este país.

Cambio de modelo

El sistema sanitario catalán, impulsado por CiU, contó con el aval de la izquierda institucional que, en vez de luchar por un modelo de sanidad pública, se adaptó a un modelo en sintonía con la ofensiva neoliberal de la década de 1980 que se prolonga hasta nuestros días.

Sabadell es un buen ejemplo de ello. Farrés participó a fondo con esta fórmula espuria que continuó siendo apoyada por Manuel Bustos. En efecto, existe una incompatibilidad de fondo entre un servicio público que debería ser sufragado con los impuestos y los criterios empresariales que buscan obtener beneficios de la asistencia sanitaria.

Un modelo que se ha demostrado lesivo para la correcta atención sanitaria de la ciudadanía, ha beneficiado a los lobbys sanitarios privados y ha propiciado el caldo de cultivo de la corrupción. Por tanto, la alternativa pasa por desmantelar estos onerosos consorcios y apostar decididamente por la sanidad pública.

Foto portada: ciudadanos de Sabadell pidiendo en el pleno de marzo una comisión de seguimiento de las cuentas del Taulí. Autor: J.d.A.

 

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