L’ESTAT DE LA CIUTAT
La incapacidad de la agrupación local del PSC para emprender la regeneración en sus filas tras el estallido del caso Mercurio de presunta corrupción urbanística amenaza con tener consecuencias políticas devastadoras, como ha podido comprobarse esta semana.
La renuncia del alcalde Juan Carlos Sánchez a presentarse a las primarias y la elección de Josep Ayuso como candidato a la alcaldía han evidenciado que los hermanos Bustos continúan controlando el partido en Sabadell. La depuración de la dirección de la sección local de las Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC), que apoyó la candidatura de la ‘renovadora’ Marta Farrés, proporciona una prueba adicional al respecto.
El martes los socialistas celebraron su acto central de la campaña de las elecciones europeas. Sin embargo, la retórica socialdemócrata de sus candidatos y sus críticas a la derecha europea careció de credibilidad. Los oradores se cuidaron mucho de recordar que el primer ministro socialista francés Manuel Valls está aplicando la misma política de recortes que Ángela Merkel, que los socialdemócratas alemanes y griegos están gobernando en coalición con la denostada derecha o que el propio Felipe González se muestra partidario de esta fórmula.
Por si fuera poco, la presencia de Ayuso, presentado como el futuro alcalde de Sabadell, y la referencia de Esther Niubó a los excelentes alcaldes socialistas que había tenido nuestra ciudad, bastaron para desanimar a cualquiera con una mínima sensibilidad progresista (más info: ‘Los socialistas reivindican la Europa social frente a la derecha‘).
El miércoles la fiscalía anunció la petición de una pena de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para los hermanos Bustos, el diputado Daniel Fernández y Maria Elena Pérez, alcaldesa de Montcada i Reixac, recientemente ratificada como candidata a la alcaldía de este municipio (más info: ‘La Fiscalía pide dos años de cárcel para los hermanos Bustos, Daniel Fernández y la alcaldesa de Montcada‘). La misma petición hizo semanas antes la acusación popular a través de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.
Al día siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) imputó por un presunto delito de malversación de caudales públicos a Montserrat Capdevila, diputada y ex teniente de alcalde del ajuntament de Sabadell (más info: ‘Montserrat Capdevila, imputada por presunta malversación de caudales públicos‘). El viernes Capdevila anunció su renuncia a su cargo de portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, que fue aceptada por el secretario general del PSC, Pere Navarro.
Quizás en los próximos días tendremos noticias sobre las vicisitudes judiciales de la presunta contratación irregular del director de Mercavallès, dependiente del Consell Comarcal del Vallès Occidental, y que tramita un juzgado de Terrassa.
Presunción de decencia
Los cuatro imputados en la pieza de Montcada se hallan a un paso del banquillo cuando el juez instructor del TSJC emita un auto de apertura de juicio oral, con lo cual pasarán de la condición de imputados a la de acusados. Entonces sabremos si el primer secretario del partido, Pere Navarro, hace honor a sus compromisos y les invita a renunciar a sus cargos públicos o simplemente se trató de una maniobra dilatoria.
Si la dirección hubiese dado este paso con anterioridad, el efecto político de su más que probable acusación sería infinitamente menos lesivo para la imagen del PSC. Por el contrario, los dirigentes locales del partido, empezando por el alcalde Juan Carlos Sánchez, se han escudado tras el mantra de la presunción de inocencia para eludir una medida que finalmente habrán de tomar, aunque en vez de por decisión propia, forzados por las resoluciones judiciales.
En efecto, la presunción de inocencia es principio jurídico del Estado de derecho. Poco que ver con la presunción de decencia que habría de regir en la vida política.
Onda expansiva
La corrupción que emana del caso Mercurio se ha trasladado al Parlament de Catalunya. Primero con el caso de Montcada, que afecta al ex secretario de organización, Daniel Fernández, imputado por tráfico de influencias y en segundo lugar con la imputación a Capdevila.
Fernández manifestó que se comprometía a “sus derechos y deberes de parlamentario” y al salario como tal, pero manteniendo el escaño de diputado. Por su parte, Capdevila emitió una nota en su blog donde anunció la renuncia a su cargo de portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, pero conservando sueldo y escaño.
La conducta de la dirección del PSC en el caso Mercurio resulta éticamente deplorable. No sólo se ha negado a disolver la sección local y constituir una gestora con los hipotéticos elementos sanos del partido; sino que, en vez de apartarlos de la vida pública, premió a los ediles imputados. Joan Manau y Paco Bustos, cuando dimitieron de sus dedicaciones exclusivas en el equipo de gobierno, fueron recompensados con el cargo de asesores del Área Metropolitana de Barcelona con un salario de 48.947 euros brutos anuales. Además mantuvo a Manuel Bustos en la Diputació de Barcelona con un sueldo de 83.546 euros brutos anuales. Ello sin contar con los 14.200 euros por su asistencia a los plenos municipales, sesiones extraordinarias aparte.
Desde un punto de vista estrictamente político, la dirección del PSC hizo dejación de sus responsabilidades políticas permitiendo adelantar las primarias en Sabadell, en condiciones que favorecían la victoria de Ayuso y cuando tenían la plena certeza que era el tapado de Manuel Bustos.
Complicidades e impunidades
Ahora bien, si la corrupción es un cáncer que corroe nuestro sistema político, aun resulta más depresiva la impunidad de los partidos y la complicidad de la sociedad civil. Sabadell es una buena muestra de ello. Por ejemplo, el Gremi de Constructors mantiene en la presidencia al multiimputado y tío carnal del ex alcalde, Melquíades Garrido.
En otro orden de cosas, la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) ha elegido presidente, tras su adquisición por la multinacional Agbar, a Enrique Blasco, que en el sumario de Mercurio aparece como un personaje clave en los manejos del clan Bustos.
Ello sin contar con el mantenimiento en sus puestos de los cargos de confianza y funcionarios imputados (Xavier Izquierdo o el jefe de la Policía Municipal). Figuras institucionales como el Síndic Municipal de Greuges también están salpicadas por su connivencia en la trama. Y qué decir de medios de comunicación importantes de la ciudad, que se han dedicado a taparlo y no han publicado ni una línea de los 50 tomos del sumario de Mercurio.
Estas impunidades y complicidades contribuyen a explicar la pasividad de la ciudadanía, como se reveló en las manifestaciones convocadas por la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que apenas lograron reunir a unos pocos cientos de personas.
Sin alternativas políticas
Este panorama desolador está agravado por la ausencia de alternativas políticas. CiU se ha ofrecido como apoyo al PSC para gobernar la ciudad y sólo la derrota de Marta Farrés en las primarias ha impedido que esta aproximación haya adquirido carta de naturaleza. La fragmentada izquierda local parece más ocupada en sus luchas intestinas y sus intereses partidistas que en levantar una alternativa política al actual estado de cosas.
Resulta muy preocupante que no se vislumbre una alternativa política que cierre el ominoso ciclo político abierto en 1999 con la victoria de Manuel Bustos con quien, conviene recordar, colaboraron todas las fuerzas políticas de la ciudad, excepto Entesa per Sabadell.
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