ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la FAVSabadell
Pese a la DUI simbólica y la realidades del 155, la represión policial y judicial y otros despropósitos, “el mundo sigue andando” que dice el viejo tango, y el pueblo llano pagando las consecuencias de las políticas neoliberales. En 2011 la Llei Omnibus, creada para atender a las políticas de austeridad para reducir el déficit a través de la reestructuración del sector público, fue aprobada por CiU (ahora PDCAt -o lo que sea-) y en determinados puntos por PP, ERC y PSC.
Una ley criticada por sectores progresistas de la sociedad y que supuso un punto de inflexión en la implementación de medidas privatizadoras, cuyas consecuencias, a pesar de los cantos de sirena de los telepredicadores del neoliberalismo como Sala i Martí y compañía, las estamos sufriendo en sanidad, educación, transporte, etc.
Una de la medidas adoptadas fue en 2013, cuando Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat, privatiza Aigües del Ter i Llobregat (ATLL) en favor de Acciona que entregó 298,6 millones más el importe de las obras y la Generalitat, para atenuar el déficit, echó mano a la ficción de anotar contablemente 1.000 millones que eran los previstos por la concesión de 50 años. En diciembre del 2017, el Consejo de Administración de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), autorizó a la ATLL una subida del agua del 11,8 per cent que fue recurrida por diversos ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona. Recordar que de la ACA, en su día, por mor de la Llei Omnibus, fue apartada la Confederació de Federacions Veïnals de Catalunya que, junto con otras entidades, se opusieron por el fondo (la privatización), las formas (irregularidades en la concesión), y las consecuencias (los aumentos del coste del agua como se han confirmado: más de un 50 per cent en los últimos años).
Ahora el Tribunal Supremo, ha dado la razón a las entidades sociales y vecinales, confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del 2015, que anulaba la concesión de ATLL a Acciona. Una varapalo que implica el retorno a la concesionaria de lo entregado más los gastos (y falta por ver si algún tipo de indemnización) y “descontabilizar” los 1.000 millones sumados ficticiamente en el haber de la Generalitat. Una enorme deuda sobrevenida que deberemos pagar la ciudadanía para salvar la incompetencia de unos políticos y la aplicación de la Llei Omnibus. Una vez más, la responsabilidad de quienes incurrieron en el disparate brilla por su ausencia.
A las particularidades de la subida de la factura del agua en Catalunya, se suman otros atropellos con causas más generales como los de la luz, los alquileres, o los recortes en sanidad, enseñanza, servicios sociales, o el robo en las pensiones, o los contratos basura y la precariedad laboral; o las desigualdades y opresiones por razón de género; etc., provocando que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más grande mientras aumentan los beneficios empresariales y el desfalco de miles y miles de millones de erario público repartidos entre bancos, corruptos/as, evasores fiscales y otras malas hierbas que campan a sus anchas por estas tierras (las de aquí y las de allí).
Un panorama indignante y una estrategia criminal para desmantelar el Estado de Bienestar privatizando los servicios públicos, saqueando el dinero de nuestros impuestos y ultrajando el bienestar de las clases populares y trabajadoras. Los políticos neoliberales de todos los territorios, más allá de cualquier otra consideración, coinciden en rendir pleitesía al poder económico, aliándose con ellos en esta cruzada sin cuartel contra los de abajo por lo que puede concluirse que, ni son fiables ni recomendables para gobernar nuestras vidas y nuestro futuro. Solo falta tomar nota y adquirir conciencia y no votarles como premisa sine qua non para avanzar hacia una sociedad más equitativa.
