ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas. Presidente de la FAVS.
Por mucho que disfracen, la percepción de que la crisis en la que nos han mentido es una estafa, ha calado en la ciudadanía. El falaz argumento de que somos los de abajo los causantes de la crisis por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, cae estrepitosamente cuando a resulta de la crisis, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y es que el dinero no se ha evaporado, “haberlo hailo”, como dicen por Galícia, el tema es que alguien lo está atesorando a espuertas, que algunos están metiendo la mano en las carteras de la ciudadanía con el visto bueno de la casta política que lo ampara mediante leyes hechas a su medida y prácticas corruptas contra las que no se atreven a legislar porque sería tirarse piedras en su propio tejado.
Ese pillaje tiene como denominador común el expolio generalizado de dinero, derechos sociales y laborales, pensiones, sanidad y educación, y todo aquello que forma el entramado del Estado de Bienestar y es susceptible de proporcionar beneficios privados, es decir, todo lo público que se ha ido construyendo a lo largo de los años con los impuestos (nadie ha regalado nada). Así que puede afirmarse que se está perpetrando un atraco con premeditación y alevosía. Un ejercicio de prevaricación llevado a cabo impunemente por la mafia económica-política que padecemos.
Un escenario que si nos atenemos a los datos sobre el paro, las desigualdades, índices de pobreza, desahucios, servicios sociales, prestaciones, etc., al estar en el furgón de cola de la Europa de los países industrializados, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para satisfacer la necesidades de la población entre la cual, la gente mayor conforma un colectivo que suelen precisar de un plus en el terreno de la atención socio-sanitaria y de equipamientos como residencias y centros de día.
Ese endémico déficit social de España respecto a Europa, y en referencia a la dotación de residencias públicas, Catalunya también lo tiene respecto a España y Sabadell con otros municipios de Catalunya. Como sucede con la atención socio-sanitaria, el nuestro es un municipio especialmente maltratado por la Generalitat en cuanto a la atención a las personas y especialmente a la gente mayor. Tenemos un serio agravio comparativo en la relación Sabadell-Generalitat. El déficit socio-sanitario fue reconocido expresamente en el Plan de Choque 2004-2006 que buscaba paliarlo (incumplido) y lo mismo con la falta de residencias públicas firmándose un convenio entre Ayuntamiento-Generalitat para construir dos de ellas. En ambos casos, la presión del movimiento vecinal fue muy clave para que las Administraciones adoptasen, cuanto menos formalmente, compromisos por escrito.
Y de nuevo la Generalitat incumpliendo. En el caso de la residencia pública prevista en la calle Diego de Almagro de Sabadell a saber: existe compromiso escrito, un solar cedido, proyecto, la licencia y 30 millones de euros para su construcción y mantenimiento, pero las obras no están licitadas y las iniciativas parlamentarias instando a ello fueron rechazadas con los votos de CiU y ERC, lo que otra vez deja al desnudo la credibilidad de los políticos y la falta de respeto a las personas a quienes va dirigido el equipamiento, los más de 40.000 ciudadanos de Sabadell mayores de 65 años entre los que se encuentran buena parte de potenciales usuarios de la residencia, la mayoría de los cuales jamás podrán pagar una residencia privada condenándolos, en esos casos, a situaciones de vida indignas.
El camino sin retorno de las privatizaciones que sufrimos también en Catalunya, no es casual, se corresponde a la lógica neoliberal que comparte el Sr. Mas y la derecha del país. Basta repasar la procedencia, las declaraciones y la práctica que lleva a cabo el Sr. Boi con la sanidad pública, y tampoco es casual que en el tema de residencias y centros de día, se prioricen las concertadas en detrimento de las públicas. Objetivamente sigue la misma lógica: hacer negocio con la salud y bienestar de nuestros mayores.
Atajar el desenfreno privatizador y apostar consecuentemente por las personas requiere un giro radical en los criterios políticos que no entra en la hoja de ruta de los neoliberales convergentes y adláteres. La residencia pública prometida debe construirse sin dilaciones pero también urge que las administraciones (autonómica y local), realicen un diagnostico riguroso sobre las necesidades de este tipo de equipamientos a corto, medio y largo plazo en Sabadell atendiendo a la evolución demográfica y envejecimiento progresivo de la población. Las políticas reactivas solo confirman que esta, no es ciudad para ancianos.
