ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo.
Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en el territorio nacional”.
D. Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derecho y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que puedan reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”.
De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio nacional, se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso más conveniente que deba darles”.
Así reza el acta de sesiones de las Cortes Españolas de 19 de noviembre del 1931 que sirve de punto de partida para estas notas, que requieren como premisa aclarar que el sentir y actuar de una determinada manera es fruto del proceso de socialización al que nos ha conducido nuestra historia marcada por la interacción del entorno social que nos movemos. La misma explicación tiene la opción por un modelo de estado republicano o monárquico, pero no existen genes que nos inclinen hacia una u otra preferencia, en todo caso, podría apelarse al sentido común y en el Reino de España, además, a razones de extraordinaria importancia como el que las manos que coronaron al borbón estuviesen manchadas de sangre, lo cual, por sí misma es razón suficiente para invalidar la restauración borbónica por carecer de legitimidad democrática y razón histórica.
Conviene traer a colación que la democracia republicana fue aniquilada (junto a cientos de miles de héroes anónimos/as que la defendieron y pagaron con su muerte fusilados en las cunetas, en Mathaussen, en Argèlers sur le Mer, etc.), por la barbarie franquista, jaleada por la casta económica, militar, eclesiástica y adláteres (que siguen haciéndolo impunemente), con el apoyo directo del fascismo europeo e indirecto de los gobernantes de las democracias occidentales, haciendo gala de su hipocresía equidistante despreciable (hoy respecto a la guerra en Siria, los/as refugiados/as o las masacres del gobierno israelí contra el pueblo palestino) y recordar que el dictador impuso a su sucesor como Jefe del Estado (Juan Carlos I) y que tan repulsiva decisión fue bendecida por una claudicante y vergonzosa transición, que cerró la cuadratura del círculo con un borrón y cuenta nueva para dejar impune al aparato fascista del franquismo.
En ese contexto, es de alabar que gentes y entidades como la asociación Sabadell per la República durante años hayan reivindicado el cambio de nombre de la calle del ignominioso Alfonso XIII por la de carrer de la República. Un indicio de que es posible avanzar hacia un modelo de Estado en el que todas las personas sin excepción seamos ciudadanos/as y la elección del Jefe/a del Estado dependa de nuestro voto y no de hecho de ser hijo de una madre determinada.
Un paso más: siendo consecuentes con el fondo político de la retirada de la nomenclatura municipal del nombre de tan rufián personaje como fue el tatarabuelo del actual rey, debería darse un paso adelante y, por justicia democrática, dignidad y respeto a nuestra memoria histórica, declarar persona non grata al nieto de Alfonso XIII, dando cumplimiento al acta de las cortes republicanas.
