ARTICULO DE OPINIÓN
Plataforma per la Residència Pública de Gestió Pública Sabadell Sud
No es fácil entender el por qué hay políticos (demasiados), empeñados en dar rienda suelta a una incontinencia verbal que fomenta desencuentros en temas ya consensuados. Individuos que lejos de ser prudentes optan por dejar su impronta aunque con ello provoquen una crispación innecesaria. Ejemplos que lo confirman se producen en todos los ámbitos territoriales y diversos colores políticos. Para entender lo que se quiere decir tomemos la tortuosa historia de la residencia pública de gestión pública Sabadell Sud.
Una ciudad con 200.000 habitantes con más de 40.000 personas mayores de 65 años mucha de las cuales cobran pensiones de miseria y que por su edad y dependencia necesitan de cuidados especiales. La insensibilidad inaceptable de las Administraciones (local y autonómica) hizo que la ciudadanía tomase la iniciativa agrupándose en una Plataforma hace más de 15 años. Su primera victoria se produjo cuando en 2006, Generalitat y l’Ajuntament firman un convenio de cesión de terrenos por 10 años para construir el equipamiento, la segunda cuando en el 2010 la Generalitat realizó una dotación presupuestaria de más de 30 millones de euros para su construcción y mantenimiento.
Y por increíble que parezca, el plazo de la cesión finalizó sin poner una piedra y el dinero, simplemente, se ha esfumado. La Plataforma ha requerido a la Generalitat, a los grupos Parlamentarios y al propio Ajuntament para que indaguen ¿qué ha pasado con ese dinero? La callada por respuesta. A lo máximo, vagos comentarios del tipo “se ha destinado a otros asuntos”, sin que nadie aporte documentación alguna que lo justifique y acredite. En cualquier caso y dado que la Plataforma no ha cesado en su empeño, hace unos meses se constituyó un Grupo de Trabajo tripartito (Generalitat-Ajuntament-Plataforma) para abordar dos cuestiones: calendario de construcción de la residencia y las necesidades de plazas en el municipio para que, mientras no se construyesen las residencias públicas necesarias, se aumenten las plazas concertadas, y como primer paso indispensable se prorrogó la cesión de los terrenos.
En el pacto tercero del convenio de cesión de los terrenos a la Generalitat, aprobado por el Pleno de 27 de octubre del 2016 reza “La construcció de la residència ……..podrá ser dut a terme per la propia Generalitat o per un tercer…”. Es decir, que la Generalitat licita las obras y la residencia la construye la adjudicataria del concurso, pero el Regidor Sr. Fernandez va más allá y hace una interpretación que no viene a cuento deduciendo que el texto abre las puertas al “modelo de financiación y gestión” del equipamiento.
No sabemos qué es lo que el regidor no ha entendido de la moción aprobada, pero parece que se está liando al confundir deseos con realidad. Si se financia con dinero privado, hablamos de residencia privada y si buscan fórmulas mixtas, se desnaturaliza la esencia de lo público. Cuestionar si la residencia debe ser pública y de gestión pública es menospreciar lo aprobado por unanimidad en el Pleno de Ayuntamiento hace apenas unos meses. Puede entenderse que su partido en la Generalitat le dicte directrices, pero en todo caso, las discrepancias las debió manifestar en su momento, a estas alturas, sus opiniones partidistas están fuera de lugar. Lo que por responsabilidad política debe hacer como regidor (como cualquier otro miembro del resto de Grupos Municipales) es defender ante cualquier instancia lo aprobado en el municipio y si eso le genera un problema ideológico, siempre le queda la opción de cambiar de trabajo.
