Nacido en 1936, en Villarcayo (Burgos) pertenece a una familia de juristas, su abuelo y su padre ya fueron fiscales. Destinado a la fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, entre 1964 y 1967, fue trasladado forzosamente a Barcelona tras pedir penas de prisión a unos empresarios por la muerte de 14 trabajadores en un accidente laboral. Aquí se afilió al PSUC por lo que fue desterrado en 1972 a Lleida. De vuelta a Barcelona en 1975 fue fundador de la Unión Progresista de Fiscales. En 1984 se encargó, junto a Carlos Jiménez Villarejo, de la querella contra Banca Catalana y también participó en los casos Planasdemunt, Casinos, Estevill o de la Rosa.
En 1996 fue nombrado fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ocupó hasta su jubilación en 2006 y donde protagonizó diversos enfrentamientos con el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. Actualmente, preside la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD) y es autor del libro De oficio, fiscal (2010). Le entrevisto en la sede del Col·legi d’Advocats de Sabadell donde ha venido a impartir una conferencia invitado por la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.
¿Considera usted correcto el estatuto de los fiscales en España y su dependencia orgánica del gobierno? ¿Debería ser reformado siguiendo el modelo de otros países?
El modelo es correcto y no es muy distinto al de otros países europeos. Ahora bien, si se quiere que el fiscal lleve la instrucción de los sumarios, como debería ser, no puede ser que la instrucción de los mismos esté a cargo de una institución cuyo jefe ha sido nombrado por el gobierno. De tal manera que, conservando la estructura, habría que buscar una manera de nombrar al Fiscal General del Estado para garantizar a la ciudadanía su independencia respecto al gobierno. Un nombramiento con suficientes garantías parlamentarias. El dedo del gobierno para designar una institución es válido, pero no es correcto, ni creíble para dirigir la instrucción de los sumarios. Tal como están las cosas es un poco prehistórico que España, aparte de Francia, sea el único país europeo y de nuestra órbita cultural que la instrucción no la lleve el fiscal.
A menudo se critica que en España no existe una clara separación de poderes y que el poder judicial depende en exceso del poder político, como ocurre con el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que esto es cierto? Y de ser así ¿qué reformas habrían de impulsarse?
Creo que en la actividad diaria hay separación de poderes efectiva. Los magistrados del Tribunal Constitucional no forman parte del poder judicial, porque es un órgano separado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es nombrado por el gobierno, sino por el parlamento. Por lo tanto, designado en función de la representación política de los ciudadanos, lo cual es correcto. Además, el CGPJ no tiene funciones jurisdiccionales o sea no es el poder judicial, sino el órgano de gobierno del poder judicial, pero no juzga. Eso garantiza que sí hay separación.
No obstante, la cosa no está tan clara porque, aunque no juzgan, sí nombran presidentes de tribunales y éstos sí juzgan. El modo de nombrar a los presidentes de tribunales debería ser, según la ley, solo en función de su calidad como juristas. ¿Y quién mide eso? Porque esto no es como quien mete más goles o el que corre en menos segundos los cien metros. A unos les parece que un buen jurista es el juez que ha puesto las sentencias modernas en contra de los desahucios y a otro le parece que es el juez que se ha negado a casar a un matrimonio homosexual, le pongo dos ejemplos que tienen un contenido jurídico e ideológico contrapuesto. La valoración de cuál, cómo y porqué es el mejor jurista resulta muy difícil. Hay división de poderes en la realidad cotidiana sin ninguna duda, pero la relación entre el Consejo y determinados nombramientos debiera ser reformado para garantizar la credibilidad. Porque esto es como la mujer del César, que no basta con ser honesta, sino que debe parecerlo y ahora no lo parece.
¿Qué opinión le merece la actuación del fiscal Pedro Horrach en la no imputación de la infanta Cristina?
La actuación de la fiscalía anticorrupción de Palma de Mallorca ha sido ejemplar. Ellos solos tienen más procesados, condenados y encarcelados que ninguna otra fiscalía anticorrupción de toda España. Ellos sí han metido en la cárcel a un presidente autonómico, el señor Jaume Matas. Creo que no hay ninguna duda de la honorabilidad y la rectitud del fiscal Horrach.
En cuanto al caso concreto de la infanta, es discutible y tengo que darle una pequeña explicación jurídica. El precepto en el que se basa el fiscal Horrach es el artículo 122 del Código Penal, referido a la persona que obtiene un beneficio económico sin haber participado en el delito. Se titula ‘partícipe a título lucrativo’. Igual que en el caso de la ministra Ana Mato. Hay, en pura técnica jurídica, dos modos de obtener beneficio económico de un delito, aparte claro está del autor, que sería el encubrimiento o el partícipe a título lucrativo. La diferencia está en que en el encubrimiento el acusado tiene que obtener la ventaja económica a sabiendas que el dinero procede del delito y el 122 es para cuando no es a sabiendas. La prueba de que si sabe o no sabe es relativa, pues atañe a lo que había dentro de la mente de la persona. Y el fiscal Horrach dice: ‘yo no tengo prueba para ir al juicio y decir que esa señora sabía’. Se supone, claro que lo suponemos todos, pero nadie tiene pruebas materiales, con documentos para decir que lo sabía. Entonces, él tiene esa duda. Yo, como fiscal, con las pruebas indirectas y los indicios habría acusado y me habría expuesto al revolcón. Pero yo soy yo y me he llevado muchos revolcones en mi vida y él no ha querido exponerse a un revolcón muy probable.
Puedo decirle que pongo la mano en el fuego por la Fiscalía Anticorrupción de Palma. Insisto: es la única fiscalía que ha mandado a la trena a un presidente de comunidad autónoma.
¿Qué ha habido influencias mayores con la infanta? Creo que no, desde el momento en que el padre la ha tirado a la papelera. Hablando mal y pronto, le ha dicho: ‘niña me has molestado, vete donde sea’. Primero a Estados Unidos, después a Suiza y luego ya veremos dónde la manda. Al niño, al pobre, entre comillas obviamente, Urdangarín, le han desterrado del mundo y se va a la cárcel, pues que vaya. Les da igual, con una exhibición de inhumanidad y de distancia. O sea que se han lavado las manos y con una persona derrotada no hay tráfico de influencias.
No creo en absoluto que hayan presionado al fiscal Horrach, porque me consta, por compañeros comunes, que la tesis del 122 la ha defendido desde el primer día, desde siempre.
¿Qué opina de las discrepancias entre el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y la fiscalía catalana a propósito de la querella contra Artur Mas sobre el 9N?
Se publicó una noticia según la cual había existido una diferencia de opinión dentro de la fiscalía de Catalunya. Hablaban de cuatro votos contra tres y cosas así. Es mentira. Fue por unanimidad. El fiscal jefe de Catalunya le planteó al Fiscal General del Estado, del que es muy amigo, el artículo 27, que es el de la objeción de conciencia. Y Torres-Dulce le mandó la querella redactada para que la firmara y la presentara con orden de hacerlo. Así que el fiscal general de Catalunya ha presentado la querella en contra de su voluntad por simple dependencia jerárquica y con texto redactado desde Madrid. Yo, obviamente, estoy a favor de la fiscalía de Catalunya.
¿Le parece correcto el doble pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9N?
El Tribunal Constitucional no ha hecho ningún pronunciamiento. Aquí hay un bluf total. El Tribunal Constitucional ha recibido una petición del gobierno que es obligatoria admitirla y si se admite es obligatorio suspender. Y no hay más. Cuando el gobierno pidió que, además, advirtiera a la Generalitat y a su presidente que le dieran el apercibimiento de que, si no atendía a la suspensión, incurriría en delito de desobediencia, el Constitucional no lo hizo. De tal manera que no hay apercibimiento de desobediencia. Si lee usted lo que dijo el Constitucional en ningún momento ha prohibido nada, solo ha suspendido. La suspensión quiere decir que el acto administrativo consecuente, el que hubiera, carece de entidad, es nulo. Y punto y no hay más. Es la nulidad de una actuación, pero no hay prohibición y, si no la hay, mal puede haber una desobediencia.
¿Entonces esta querella no tiene demasiado fundamento?
En efecto, no tiene ningún fundamento. Pero esto del derecho es muy raro y vamos a ver qué dicen los tribunales.
Usted fue, junto a Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal de Banca Catalana ¿Es cierto que existieron presiones políticas para que se archivara el caso?
No lo sé. A mí, desde luego, no me presionó nadie, ni a Carlos Jiménez Villarejo, en ningún momento. Nosotros recurrimos hasta el final. El tribunal lo archivó, pero nosotros no. Eso habría que preguntárselo al tribunal. Hubo ocho magistrados que estaban de acuerdo con seguir el caso y abrir el juicio oral y veintitantos más estaban en contra. Habría que preguntárselo a ellos.Tengo la convicción que la inmensa mayoría no estudiaron detenidamente el asunto antes de resolver. Resolvieron a bote pronto, si se me permite la expresión. No me gustaría delante de un periodista formular una afirmación que significara que habían prevaricado. No me consta. Pero visto como fueron las cosas y el tiempo que dedicaron al debate, que fue dos o tres horas sobre un trabajo que había costado dos años, resolverlo en dos o tres horas sin abrir los papeles, sin mirar lo que había…Es complicado creer que hubo una reflexión suficiente.
En otras entrevistas usted ha afirmado que mientras duró el caso les habían apedreado las ventanas de sus casas y habían recibido llamadas intimidatorias.
Estas agresiones no estuvieron dirigidas por Jordi Pujol, sino por fanáticos confundidos. Espero que se les haya pasado la confusión después de la confesión del viejo patriarca, pero el fanatismo les ha durado 30 años. Tengo la certeza que en el caso Banca Catalana nosotros teníamos la razón.
Usted y Jiménez Villarejo interrogaron a Pujol en el curso del procedimiento. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué trato recibieron de Pujol?
Todos los acusados ricos y poderosos son un poco soberbios. Cualquier empresario importante acusado, incluso por un delito ecológico, por un grave accidente de trabajo o por un gran desfalco económico, son soberbios y altivos. Tienen abogados ricos y ponen cara de importantes tratando de intimidar a unos fiscales más jóvenes y que se les ve que son unos pardillos. Unos pobres desgraciados que tienen un sueldecito y el otro se come el mundo. Pero como uno es profesional, ya está acostumbrado. Nos decimos: ‘sí, sí, pon la cara que quieras, siéntate, te callas y contestas a mis preguntas’. Haces las preguntas que llevas preparadas y las que salen en el curso del interrogatorio y ya está. El juez hubiera preferido que hubiéramos tardado menos y que la cosa hubiera salido más fluida.
En los años que ejerció de fiscal general de Catalunya estuvo instruyendo casos como Casinos, Planasdemunt, Estevill, de la Rosa… ¿Existe corrupción estructural en CiU o es una exageración?
No tengo datos para contestar a esta pregunta. Hay bastantes asuntos, ahora bien para afirmar si es estructural o no tendría que saber la cifra negra de esos delitos que normalmente se cifra en un diez por ciento. El otro 90 por ciento, en términos criminológicos, no lo conocemos. Tampoco conozco la estructura de estos partidos, ni de Convergència ni de Unió. No sé si todo lo que hay y lo que se supone es una mayoría de su estructura o un rinconcito eliminable. Por eso no puedo contestarle.
¿Qué opina de la situación de Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial?
Me parece tremendamente injusto. El delito por el que se ha condenado es un delito manifiestamente impreciso en el Código Penal y sometido al autoritarismo interpretativo del Tribunal Supremo. La Asociación Europea de Magistrados por las Libertades me encargó que redactara la petición de indulto de Garzón y lo hice en contra de la voluntad de Garzón que dijo: ‘soy inocente y no quiero pedir el indulto’. Yo le dije: ‘Baltasar tú te callas, yo lo redacto y luego hablaremos de cómo lo organizamos’. Y así se hizo, pero yo le dije: ‘tú no eres mi cliente, mi cliente es la Asociación Europea de Magistrados por las Libertades’.
¿Qué piensa del caso de Elpidio Silva también apartado de la carrera judicial por enviar a Blesa a la cárcel?
Al margen de la valoración sobre el juez, al que no conozco de nada personalmente, creo que en este caso concreto el magistrado tenía razón. Del resto de sus actuaciones no puedo hablar porque no las conozco.
¿Cree usted que la justicia española hay una doble vara de medir, una para los poderosos y otra para el resto de la ciudadanía?
Sin duda. Pero no porqué los jueces valoren de una manera distinta a unos de otros. Es porque los ricos tienen más medios, mejores abogados, lo pueden recurrir todo. Por lo tanto, obtienen muchas más posibilidades. La justicia está prevista, en teoría, para que todos seamos iguales, pero los que son más iguales de todos son los ricos porque tienen más medios y a los desgraciados les pilla el toro. Hay abogados de oficio que son buenos, que se dedican, pero claro a veces la máquina, la apisonadora se los lleva por delante. En la realidad práctica, no en la teoría, la justicia no es igual para todos, en absoluto.
2 Comments