ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, sociólogo
Dijo Ortega y Gasset que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y hablar de circunstancias para explicar comportamientos humanos obliga a valorar en cada caso las que pudieron influir en la decisión adoptada, unas circunstancias que conviene recordar, son contingentes por lo que, en el análisis, debe atenderse al contexto espacial y temporal en el que se producen.
En cualquier caso si somos lo que somos en función de nuestras circunstancias, deberemos concluir que no es cierto que la conducta corrupta sea inherente al ser humano: no nacemos con un adn “corrupto”, sino que son las circunstancias las que condicionan comportamientos corruptos.
Así las cosas, posiblemente sea “el poder”, la circunstancia que más incita a tales comportamientos, de tal forma que quienes detentan el poder en cualquiera de sus facetas (económico, político, social, ideológico, militar,…..), tienen bastantes números para convertirse en corruptos. Y en el terreno del poder político, su falta de autonomía con respecto al económico, su capacidad para legislar en uno u otro sentido, junto con el temor individual a perder el estatus que disfrutan, hace que las probabilidades aumenten considerablemente.
Y si todo ello lo enmarcamos en el hecho de que vivimos en un modelo de sociedad presidido por el culto al dinero, dispondremos de suficientes elementos y referencias para entender el por qué se dan todas las condiciones favorables para que la corrupción política sea habitual. Para acreditarlo basta echar un vistazo a la patética e inacabable lista de tramas en las que se ha utilizado el poder político para lograr un enriquecimiento individual y/o la financiación de partidos y que implican a cientos de políticos y cargos de confianza de todos los colores y de toda la geografía (Millet, Urdangarín, Gurtel, Pretoria, Balears, región murciana, Andalucía, Mercurio…).
Si se desea modificar tales circunstancias hay que articular mecanismos que dignifiquen el concepto de democracia como la transparencia, el control, las auditorias públicas, etc., junto con las necesarias reformas del Código Penal, y otras medidas como la limitación de mandatos (como por ejemplo existe para la presidencia de los EE.UU o lo que en nuestra ciudad aplica l’Entesa per Sabadell), para evitar la perpetuación en los cargos desde los que crear redes clientelares, o la responsabilidad civil subsidiara de los partidos por los actos delictivos cometidos por sus militantes en ejercicio del cargo público que obligaría a ser más cuidadosos a la hora de confeccionar sus listas y en la selección de los cargos de confianza elegidos a dedo, etc., en definitiva, todo lo necesario para implantar un catálogo de reglas eficaces que modifiquen sustancialmente las circunstancias que hoy favorecen prácticas corrupta de todo tipo (entre las más destacadas, las del sector urbanístico, pero no hay que olvidar que existen otras en forma de tráfico de influencias, la obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otras prebendas, etc.).
Por lo tanto, más que proclamas tan rimbombantes como inútiles del tipo “tolerancia cero” con la corrupción y teniendo en cuenta que se trata de una materia que afecta a la credibilidad del propio sistema democrático, cuanto menos lo exigible a los legisladores es voluntad política para arbitrar auténticas medidas disuasorias. El problema es que, quien debe adoptarlas es una clase política que precisamente se encuentra entre los sectores potencialmente corruptibles y como nadie tira piedras sobre su propio tejado, parece difícil que lo hagan. De nuevo, la esperanza para cambiar las cosas ante la inacción de las elites políticas pasa porque la sociedad civil tome la palabra y la calle, porque es evidente que “no hay pan para tanto chorizo”.
