Durante tres días se desarrolló en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la vista pública de la pieza nº 5 del caso Mercurio contra Daniel Fernández, los hermanos Bustos y María Elena Pérez, alcaldesa de Montcada i Reixac. Los tres primeros acusados de tráfico de influencias y la última de prevaricación a raíz de la supuesta contratación fraudulenta de Carmina Llumà, ex alto cargo de los gobiernos del PSC y del PSOE y esposa de Marcel Galofré, jefe de los servicios jurídicos del Ajuntament de Sabadell.
Existía una gran expectación por la primera vista pública del sumario de Mercurio, la llamada pieza de Montcada. La única cuyo juicio se realiza en el TSJC, dada la condición aforado de Daniel Fernández, exsecretario general de organización del PSC, y después de Manuel Bustos el principal cadáver político del caso.
Los hermanos Bustos hicieron su entrada en el tribunal acompañados por un reducido número de fieles, entre ellos su otro hermano y el concejal Lluís Monge. Ello en violento contraste con su comparecencia en las diligencias previas, en mayo de 2014, cuando aparecieron flanqueados por todo el equipo de gobierno, excepto el alcalde Juan Carlos Sánchez.
La vista empezó con las consideraciones de carácter previo de los abogados de la defensa, el fiscal anticorrupción y la acusación popular. Cristóbal Martell, conocido por su actuación en la defensa de políticos, empresarios corruptos y famosos, como Josep Lluis Núñez, el clan Pujol o Lionel Messi, realizó una histriónica intervención donde acreditó que, si algún día le faltase trabajo en el foro, podría dedicarse a la farándula. El alegato de Martell buscaba que el tribunal rechazase las grabaciones telefónicas por estimarlas un “quebranto” al derecho fundamental a la intimidad y que se las considerase “pruebas prohibidas”. Entre exageradas gesticulaciones y pausas dramáticas afirmó que en la instrucción había habido “mucho uniforme y poco juez”. Después realizó un periplo a vista de pájaro sobre el conjunto del caso donde cargó todas las culpas sobre el ex edil popular Jordi Soriano a quien acusó de actuar como un “burdo y torpe estafador” de cuyas andanzas ignoraban Manuel Bustos y el resto del equipo de gobierno. También recordó que el exalcalde de Sabadell no estaba imputado en la pieza principal del caso que afecta a Soriano y a una decena de empresarios.
Tras Martell intervinieron brevemente los otros dos letrados de su equipo. Su esposa Débora Quintero, defensora de la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez, y otro joven abogado con pinta de pasante encargado de representar a Paco Bustos, quienes reclamaron el sobreseimiento de la causa.
Acto seguido tomaron la palabra el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y Raul García, abogado de la acusación popular que ejerce la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.
Bermejo se esforzó en refutar los argumentos de Martell y demostrar que las escuchas telefónicas estaban justificadas, por la “continuidad delictiva” detectada. Aseguró que, en todo momento, éstas se habían realizado con la preceptiva autorización del juez instructor. Además, aludió al conocimiento y participación del exalcalde en la trama corrupta y puso como ejemplo la reunión convocada por Bustos donde se amenazó al empresario José Ríos que amagaba con denunciar públicamente la trama y a la que asistieron el intendente de la Policía Municipal, José Miguel Durán, imputado en el caso, el jefe de los servicios jurídicos, Marcel Galofré y el director del Área de Urbanismo, Manuel Somoza. Ríos, cómo recordó Bermejo, declaró en las diligencias previas que ante las amenazas “se había meado en los calzoncillos”.
Por su parte, García aludió a la dificultad de probar delitos como el tráfico de influencias que se cometen en la “intimidad” y que por ello se hubo de recurrir a las escuchas telefónicas. Finalmente, el juez y presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, decidió continuar con el procedimiento y manifestó que al final del mismo resolvería las alegaciones presentadas por la defensa.
Acusados mal avenidos
El primer día del juicio, miércoles, estuvo dedicado al interrogatorio de los cuatro acusados. Desde el principio se percibió claramente la escasa sintonía entre Fernández, los hermanos Bustos y la alcaldesa de Montcada. En el pasillo, mientras esperaban entrar en la sala de vistas, ni siquiera se saludaron y en el banquillo de los acusados ella procuró mantener el espacio de separación de un asiento con el resto de encausados.
Daniel Fernández respondió deslavazadamente a las preguntas del fiscal que fueron acompañadas por la reproducción las grabaciones que le incriminan. Respondió reiteradamente que no las reconocía, aunque las comentaba con apostillas cuando éstas podían tener una interpretación favorable para sus intereses. Tal y fue su insistencia en este asunto que el presidente del tribunal le preguntó si no las reconocía por los motivos procesales expuestos por Martell o si era su voz la que no reconocía. Fernández respondió que ambas cosas.
Una afirmación que repitieron casi con las mismas palabras el resto de acusados, evidenciando que habían sido preparados por sus abogados. Preguntado por sus conversaciones con Manuel Bustos y su reiterado interés por Carmina Llumà, contestó que respondían a “aparentar ante Bustos” su control del aparato del partido, pero que en realidad no realizó ninguna gestión y que sólo procuró colaborar con la alcaldesa de Montcada para cubrir la plaza de directora del Área de Territorio. Al igual que los demás encausados se negó a responder a las preguntas de la acusación popular.
Manuel Bustos demostró mucho mayor aplomo que Fernández. Incluso cuando las grabaciones demostraban su manifiesto interés por colocar a Llumà y las presiones para vencer las resistencias de Pérez, realizadas a través de su hermano Francisco, primer secretario de la federación del Vallès Sud e inmediato superior jerárquico en la estructura del partido de la alcaldesa. Ni siquiera se arrugó cuando se reprodujeron las conversaciones donde el exalcalde dice que habría que “apretarla” o “habrá que cambiarla” si no cedía y donde la trata de “tonta del culo”. Un extremo que justificó como una expresión coloquial sacada de contexto.
Bustos adujo que era normal recolocar a los cargos de confianza socialistas cuando quedaban vacantes. Aludiendo a la situación de Llumà cuando dejó sus cargos de secretaria general de Política Territorial en el tripartito a las órdenes del conseller socialista Joaquim Nadal o de asesora de transportes del ministerio de Fomento cuando gobernaba el PSOE. Tanto Fernández como Bustos intentaron eludir sus responsabilidades argumentando que pensaban que se trataba de un cargo de libre designación y que no necesitaba ser cubierto mediante un concurso público. Ello a pesar que las grabaciones demuestran que eran conocedores de lo contrario.
Tras un breve receso de tres cuartos de hora, la sesión reanudó a las tres de la tarde con la breve declaración de Paco Bustos que rayó el patetismo. A las preguntas de la acusación pública respondió visiblemente nervioso citando a las explicaciones de su hermano.
Por su parte, Maria Elena Pérez padeció un ataque de incontinencia verbal y respondió prolijamente al interrogatorio de la acusación. Al punto que Martell le hizo numerosos gestos para que cortase y fuese más breve en sus respuestas. En ellas manifestó su mala relación con Paco Bustos y aseguró que en ningún momento tuvo en cuenta sus apreciaciones. Ahora bien, no pudo explicar satisfactoriamente porqué se reunió a espaldas del tribunal de selección para modificar la calificación de ‘No apta’ de Llumà y porqué horas después se reunió con Daniel Fernández en la sede del PSC en la calle Nicaragua. Previsiblemente para transmitirle que finalmente se había cumplido la misión y que Llumà ocuparía la plaza. También quiso aclarar que, tras año medio de ejercer el cargo, cesó a Llumà por su “falta de fuerza” y los problemas de imagen derivados del proceso judicial.
Pruebas testificales
El jueves estuvo dedicado a las declaraciones de los testigos quienes, a diferencia de los imputados, no pueden mentir y tienen la obligación de decir la verdad sino quieren incurrir en el delito de falso testimonio. En esta jornada Manuel Bustos se vio arropado por su compañera sentimental y también imputada en la causa Montserrat Costa.
El primero en declarar fue el subinspector de los Mossos d’Esquadra Antoni Salleras, encargado de las diligencias policiales del caso. El fiscal condujo hábilmente el interrogatorio para refutar las acusaciones de Martell y demostrar que las escuchas telefónicas estaban no sólo justificadas por la gravedad de los delitos detectados, sino que éstas contaron con la plena tutela y autorización del juez instructor. Salleras hizo frente a las preguntas en sentido contrario de Martell a quien aclaró que “Bustos, de momento no está imputado” en la pieza principal cuyas investigaciones no están cerradas.
Acto seguido se produjeron las esperadas declaraciones de las psicólogas Pilar Bono y Mª Àngels Verdú, colaboradora freelance y propietaria de la empresa de recursos humanos encargada por el ayuntamiento de Montcada de realizar la pruebas eliminatorias del psicotécnico. Sus declaraciones revestían especial importancia. En efecto, su primer informe declaraba a la otra candidata, Meritxell Vargas, apta para el puesto y no apta a Llumà. Tras una reunión convocada por la alcaldesa a espaldas del tribunal calificador, ambas manifestaron que a petición de la alcaldesa, la regidora de Recursos Humanos, Carmen Porro, y su jefe de área, Pedro Sarrión, aceptaron bajar el nivel de exigencia para que Llumà fuese declarada apta. Un detalle muy importante ya que la sesión anterior el presidente del TSJC le preguntó a la alcaldesa quién tenía la potestad de cambiar la calificación de las candidatas y ésta respondió que el tribunal calificador.
Por la sala de vistas fueron desfilando los cuatro miembros del tribunal calificador: Pedro Sarrión, Margarida Vilalta, Josep Serrano y la secretaria municipal María José López. Mientras que la declaración del primero fue favorable a los intereses de los acusados, las de los otros tres favorecieron los puntos de vista de la acusación. Vilalta, Serrano y López aseguraron que no habían sido convocados a la reunión donde se cambió la calificación de Llumà. Es más, Vilalta afirmó que consideraba como más idónea para el puesto a Meritxell Vargas, quien también compareció brevemente como testigo, dando la impresión que quería pasar página del asunto. Estas declaraciones coinciden con la conversación telefónica entre los hermanos Bustos, en la que el exalcalde asegura que un miembro del tribunal calificador estaba a favor de Llumà y los otros en contra.
Las tesis de la defensa sufrieron un grave revés con la comparecencia del concejal de Urbanismo, Juan Parra. Una y otra vez los abogados defensores habían insistido en la importancia de contar con el concurso del regidor de Urbanismo en el proceso de selección de una experta en derecho urbanístico, derivado de los graves problemas en esta materia de un municipio atravesado por dos ríos, diversas vías férreas y la autopista. La sorpresa fue mayúscula cuando Parra declaró que él venía del ámbito del deporte y que había ostentado esta concejalía, pero que no tenía idea de urbanismo.
La sesión finalizó con la extensa declaración de Carmina Llumà que, a buen seguro aleccionada por el equipo de defensa, realizó una amplia demostración de sus conocimientos en derecho urbanístico. Al punto que el presidente del tribunal tuvo que llamarle la atención para que se limitase a responder las preguntas de los letrados. Llumà reconoció que en una ocasión había hablado con Manuel Bustos del tema, cuando se encontró con él por casualidad en un acto de corales infantiles en La Faràndula. Justamente el día después de la entrevista psicotécnica en Montcada y le comentó que, al preguntar al tribunal calificador si tendría el apoyo del equipo de gobierno, le respondieron: “desiste, porque aquí no trabaja nadie”. Aseguró que Bustos no le había contestado nada. Ahora bien, después de esta conversación se redoblaron las presiones del exalcalde para ‘enchufar’ a Llumà.
Alegatos finales
El viernes por la mañana concluyó la vista oral con los alegatos finales de las partes. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo realizó un pormenorizado relato de los hechos donde quiso demostrar como las conversaciones telefónicas intervenidas, coincidían con las pruebas testificales y documentales. Ciertamente, Llumà podía haber ocupado la plaza si se hubiera elegido la vía de la libre designación como cargo de confianza. Sin embargo, al haber optado por el concurso público el ayuntamiento estaba obligado a cumplir con las bases del mismo y no a manipularlo para que saliese la candidata del aparato socialista.
Raúl García, abogado de la acusación popular, consideró demostrado que se habían alterado las reglas del proceso de selección para favorecer a Llumà y recordó su condición de ex alto cargo del PSC y del PSOE. Replicó a Martell que, además de mucho uniforme y poco juez, se había descubierto “mucho delito y mucho delicuente”.
Cristóbal Martell realizó un extenso alegato donde volvió a mostrar sus profundos conocimientos del procedimiento penal y de la jurisprudencia sobre el delito de tráfico de influencias, así como sus grandes dotes teatrales. El núcleo de su argumentación radicó en pedir la impugnación de las escuchas telefónicas y declarar nulas las bases del concurso, que no se ajustaban a la legalidad. Intentó justificar la elección de Llumà, calificándola de “crack del Urbanismo” y comparándola con la situación que se plantearía si Messi se ofreciese a jugar en el Llagostera y este club de fútbol le declarase no apto. Lástima que un letrado tan brillante destine su innegable talento a defender a presuntos corruptos en lugar de a perseguirlos.
Su esposa realizó un largo y árido alegato en defensa de la alcaldesa. Subrayó el carácter no reglado del procedimiento elegido para proveer la plaza, aunque admitió que se había fallado en que su nombramiento no había sido aprobado por el pleno municipal tal y como es preceptivo. El letrado defensor de Paco Bustos fue muy breve y en su exposición se limitó a resumir los argumentos de sus compañeros.
Sin duda aconsejados por sus defensores, los cuatro acusados renunciaron a su derecho de decir la última palabra. Fernández y los hermanos Bustos se enfrentan a la petición de pena de dos años de cárcel y seis de inhabilitación. Pérez, además de la pena de prisión, a ocho años de inhabilitación que la acusación popular aumentó hasta diez. Se estima que la sentencia puede demorarse un mes.
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