EL SUMARIO DE MERCURIO
Melquíades Garrido, tío carnal del ex alcalde Manuel Bustos, presidente del Gremi de Constructors de Sabadell i Vallès Occidental, está imputado en Mercurio por tres delitos de tráfico de influencias, está siendo investigado por cinco temas que podrían ser constitutivos de delito y en cuatro más no relacionados directamente con el caso Mercurio. Entre ellos de simulación de robo y estafa a una compañía aseguradora.
Melquíades Garrido Martínez, el tiet, como le denominan varios imputados, se movía como Pedro por su casa en el ajuntament de Sabadell a tenor de lo expuesto en las investigaciones policiales. En una conversación interceptada con el presidente del Gremi de Constructors del Baix Llobregat se jacta de cómo se reparten las obras públicas de la ciudad en plan lobby:
“Aquí incluso lo hacemos con el Ramon Palau [vicepresidente del Gremi de Constructors vallesano] con el Fran [Font] y con tres o cuatro. Cuando una cuestión nos interesa, nos ponemos de acuerdo y plantamos cuatro presupuestos y ya está si lo tenemos claro. ¿A ti qué te conviene, a ti que estás un poco jodido? Pues, venga va, dime tu precio?”.
El clientelismo adquiere tamaña dimensión que Garrido manifiesta sus temores a Ramon Palau que el tema acabe trascendiendo a la opinión pública. “Cualquier día vamos a salir en los papeles, cualquier día a alguien de dentro del Ayuntamiento, a alguien se le va la boca…y se arma la marimorena”.
No pagar impuestos
Sus gestiones para evitar su cliente Antoni Sitjas Martínez eluda el pago de una elevada cantidad en concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) sirve para ilustrar su gran influencia en el consistorio. Sitjas es el propietario de Sitjas Motor SL, concesionaria de la marca de automóviles de gama alta BMW, ubicada en la calle Quintana, 64 de Sabadell.
El asunto arranca de una llamada del padre del propietario del concesionario, Antoni Sitjas Renom, que le pregunta a Garrido como está “allò de l’Ajuntament”. El IAE, a diferencia de otros impuestos, es constante y no se paga en función del balance de la actividad, sino por dos conceptos: uno fijo, según el tipo de actividad económica y la dimensión del municipio; otro, variable, por los metros cuadrados del local. El ajuntament de Sabadell descubrió en una inspección en el 2008 que Sitjas había ampliado el local y le reclama de forma retroactiva la cantidad correspondiente a sus dimensiones actuales.
Melquíades Garrido pone en marcha toda su capacidad de influencia para conseguir una prueba (facturas, albaranes…) para demostrar que se trata de una obra reciente a fin que su cliente eluda el pago de una elevada cantidad. Garrido y su hija Lluïsa Garrido Cabrero tratan del asunto con su asesor, José Mª Caballero Bach, de la empresa Agem Assessors Consultors SLP, quien les explica detalladamente cómo elaborar la factura para acreditar que las obras se realizaron a principios del 2011 y evitar el pago del IAE de los años anteriores.
Ambos manifiestan sus reticencias ante la eventualidad que la factura viera la luz fuera del Ajuntament. “A ver si nos vamos a meter todos en un follón”, dice Lluïsa. Finalmente, Garrido decide entrevistarse con Montserrat Capdevila, entonces teniente de alcalde de Serveis Centrals i Promoció Econòmica del consistorio, aunque su asesor le advierte que la persona que lleva el tema es Pilar Saura, trabajadora de la Unitat d’Inspecció Tributària.
Melquíades llama a Capdevila para concertar la cita sobre el tema y acto seguido telefonea a Sitjas para informarle de la reunión con la regidora. Intentará convencerla que las obras empezaron a principios del 2011, pero que el problema está en que se facturaron en “negro”. A tal efecto, los agentes policiales montaron un dispositivo de vigilancia, el 2 de diciembre de 2011, en el desaparecido bar Gombolet en la plaça Sant Roc, como documenta la fotografía incluida en el sumario donde aparecen Garrido y Capdevila sentados junto a la barra.
Tras la entrevista, Garrido realiza gestiones con diversos constructores para conseguir una factura o albarán con la fecha adecuada y vuelve a insistir ante Capdevila en el tema. Ella le responde:
“Ho estem mirant de quina manera és possible fer-ho tenint en compte que està en procés, en el procés que està, saps què passa, per no generar problemes, vale?”.
Las gestiones ante el consistorio no se circunscriben a Capdevila. Garrido llama a Xavier Izquierdo Vilavella, coordinador de Espai Públic e imputado en Mercurio, para que acelere los trámites quien le aconseja que hable con Josep Abellán Martínez, gerente del Servei de Recaptació de Sabadell (SERESA) quien, desde entonces, se encarga de tramitar el asunto.
Según los investigadores, Abellán le comunica a Garrido que ha ido a buscar personalmente el expediente para evitar las sospechas de trato de favor. “Pedí el expediente, pero claro, tampoco le quise dar un aire de excepcionalidad”. El constructor le dice que él y Sitjas trabajan a base de cambios de favores y que por ello no hay factura de las obras. También le informa que Pilar Saura ha solicitado la factura justificativa. Abellán bromea sobre las posibles consecuencias si el ministerio de Hacienda se entera de estos movimientos.
Ese mismo día, Abellán telefonea al tiet para informarle que había ordenado que se aceptasen los albaranes con fecha del primer trimestre del 2011. Además, le recomienda que no mencione las compensaciones entre constructor y concesionaria, lo cual, según los investigadores policiales, demuestra que Abellán sabía que se trataba un hecho delictivo.
Garrido, incansable, continua buscando un constructor que le proporcione la factura fraudulenta. Primero lo intenta con su amigo Ramon Palau Sol, vicepresidente del Gremi de Constructors, quien le aconseja que la factura debería ir a nombre de un autónomo. Después con Silvino Adalid Lacalle, empresario del concesionario de Audi. Finalmente, lo consigue con el constructor de Castellar del Vallès Josep Adrobau Santfeliu –imputado en la causa por falsificación de esta factura- quien le pide que se le abone el importe del IVA en compensación por el favor.
El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, del 2011 Adrobau entrega la factura fraudulenta en la sede del Gremi de Constructors. Esa misma jornada, Garrido recibe una llamada de Abellán quien le comunica que el tema de la factura está solucionado. Tras lo cual, Garrido llama a su asesor, José Mª Caballero, para comunicarle estas nuevas.
Al día siguiente, Caballero telefonea a Garrido para pedirle que vuelvan a hacer la factura pues la presentada contiene numerosas erratas que pueden invalidarla ante la administración local. Ese mismo día, su hija Lluïsa le traslada su preocupación porque Pilar Saura le ha comentado, observando las irregularidades de la factura: “Ja veurem com acaba tot això”.
Esto desata la cólera del constructor que telefonea indignado a Montserrat Capdevila y pide explicaciones a Josep Abellán: “la elementa ésta, la Pilar Saura, ¿quién cojones es?”. El gerente de SERESA le responde que no es nadie. Melquíades Garrido amenaza con hablar del tema con su sobrino, el alcalde, para que sepa qué gente trabajaba para el Ayuntamiento. Al final se tranquiliza, cuando la secretaria de su asesor le quita importancia al tema y le informa que la documentación ya está entregada en el ayuntamiento.
La licencia de actividad del Migas
Melquíades Garrido y su sobrino el concejal de Via Pública, Paco Bustos, intercambian una serie de llamadas donde éste le transmite su inquietud por la denuncia presentada ante el Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín Laurito, por una vecina contra el (desaparecido) restaurante Las Migas, ubicado en la calle Garcilaso y propiedad entre otros de Paco Bustos.
La causa de la denuncia son los humos de las chimeneas exteriores del restaurante, que van a parar al domicilio de la señora. El tema adquiere mayor gravedad pues el establecimiento está trabajando a pleno rendimiento sin la correspondiente licencia de actividades. Paco Bustos telefonea a su tío para informarle:
“El Síndic de Greuges de aquí Sabadell, el Escartín, me ha llamado y me dicho: ‘Paco, que sepas que ha venido una mujer’, allí a hablar con él. Él no ha abierto expediente. Está esperando a ver lo que yo le digo (…) y como la licencia de actividad no la tenemos”.
Garrido se pone en movimiento y encarga a un técnico de una de sus empresas (Construcciones Garrido SL) que supervise la extracción de humos para comprobar si cumple con la normativa. Hecho lo cual llama a su sobrino para decirle que si se demuestra que Las Migas cumplen con la normativa que “el Escartín tire aquello palante y a tomar por culo”. Paco Bustos le vuelve a manifestar su inquietud porque el restaurante carece de licencia de actividades. Melquíades Garrido, al saber que la licencia se está tramitando, le tranquiliza:
“Si aparece esto [la falta de licencia] lo que tú le tienes que decir en todo caso al Escartín ése, pues que esto lo atrase cuánto más mejor”. Se trata de dar tiempo para que se conceda la licencia e impedir una inspección de sanidad. “Luego el Escartín, pues cuando pase el tiempo prudencial que sea, que dé trámite al expediente y a tomar por culo”.
Paco Bustos permanece a la espera de las gestiones de su tío y le informa que el Síndic de Greuges “no ha iniciado ni el expediente, lo tiene todo parado”. Ha sido una suerte -añade- que la reclamación haya ido a parar al Síndic de Greuges y no a Urbanismo. “Aquí el problema es que si fueran a Urbanismo, entonces claro, éstos lo paran todo. Lo paran todo y a comprobarlo todo y ya la hemos cagado. Conmigo como se lleva bien, por eso me ha avisado”.
Dinero negro y pistolas
De las comunicaciones entre el presidente y la abogada del Gremi de Constructors, Lourdes Ortuño Blanch, se desprende la existencia de grandes sumas de dinero no declarado en la sede de dicha institución.
“Por todos los cajones veo dinero a punta pala y eso tampoco me ha gustado nada”, dice Ortuño. Garrido le responde. “Eso es mi dinero negro que lo tengo ahí” y le explica cómo lo distribuye: “en el primer cajón el dinero legal”, en el resto de cajones y en una caja “es mi dinero en B”. En otras comunicaciones Garrido se refiere a la necesidad de crear “dinero oficial” antes de aceptar más dinero negro.
Bajo el epígrafe de “otras comunicaciones de interés” los investigadores policiales revelan que tras un conversación interceptada entre Garrido y Palau, aquel le comenta que tiene un arma de fuego. Recabada esta información al Departamento de Intervención y Explosivos de la Guardia Civil se constata que Melquíades Garrido dispone de permiso de armas de tiro deportivo y posee tres armas cortas, dos inutilizadas, y la otra semiautomática.
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