Realizamos una valoración de los antecedentes, la escalada del conflicto que ha enfrentado administración local y empresa concesionaria, así como las inciertas perspectivas del frágil acuerdo que, de momento, ha impedido una guerra total entre ambas partes.
El conflicto entre el equipo de gobierno y la empresa concesionaria Serveis del Medi Ambient SA (SMATSA) se ha convertido en uno de los elementos políticamente centrales del presente mandato. De las formaciones que componen el quatripartito, la Crida de Sabadell ha sido la que con mayor determinación ha defendido la remunicipalización de los servicios públicos externalizados. No obstante, en la práctica, estos propósitos se ha reducido a la zona azul y la grúa.
El caso de SMATSA, la principal empresa concesionaria del Ayuntamiento con un plantilla de 400 trabajadores y un presupuesto anual de casi 20 millones de euros, reúne características espaciales sobre dos ejes. Por un lado, las reiteradas quejas sobre las deficiencias del servicio de limpieza de la vía pública. Por otro, en lo relativo a su implicación en el caso Mercurio y las fundadas sospechas, según consta en los atestados policiales de la pieza número 28, que la renovación del contrato, bajo el mandato de Manuel Bustos, se realizó utilizando procedimientos fraudulentos que vulnerarían los principios de igualdad de oportunidades y equidad que han presidir los concursos públicos.
Escalada de tensión
Las hostilidades entre empresa y equipo de gobierno se abrieron a raíz de la rueda de prensa, en enero de 2017, cuando el entonces alcalde, Juli Fernàndez (ERC), el regidor de Vía Pública, Xavi Guerrero (ERC), y el que lo era de Nueva Economía, Albert Boada (Crida), denunciaron a la concesionaria de inflar los costes de facturación en 6,5 millones de euros en base al informe elaborado por el asesor Jordi Colomer (más info: ‘L’Ajuntament acusa SMATSA d’inflar els costos sis milions des de 2012‘). Posteriormente esta cifra se ido rebajando, entre acusaciones de opacidad y falta de información por parte de la oposición (más info: ‘Serracant anuncia sancions contra SMATSA‘). No obstante, el Ayuntamiento elevó una petición a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat a fin de que se pronunciara sobre la eventual rescisión del contrato. Ahora bien, el citado organismo declinó hacerlo con el argumento que el tema estaba bajo investigación judicial.
A partir de aquí se inició una escalada que, como una bola de nieve, fue elevando el nivel de confrontación entre ambas partes. El Ayuntamiento anunció la aplicación una nueva Instrucción Técnica de Fracturación (ITF), que detalla los servicios a prestar y su coste, que rebajaría en 1,2 millones de euros (un 7 por ciento menos) las dotaciones presupuestarias a la empresa. SMATSA presentó una batería de medidas judiciales contra la Corporación Municipal, entre ellas una querella penal por prevaricación contra el alcalde Maties Serracant y los concejales Xavi Guerrero y Lluís Perarnau, acusados de tramar un plan premeditado para ahogarla económicamente y justificar la rescisión del contrato, y una demanda civil contra el Ayuntamiento por supuesto “atentado contra el honor”.
Las revelaciones sobre el supuesto pago por parte de la empresa de actos electorales del PSC y otros favores, que derivaron este otoño en la renuncia de los regidores socialistas Cristian Sánchez y Ana Carrasco, así como las imputaciones a los máximos dirigentes de SMATSA que en breve deberán ir a declarar al juzgado de instrucción número 1 de Sabadell que investiga la causa, proporcionaron munición al equipo de gobierno en su combate contra la concesionaria (más info: ‘Per què creuen els Mossos que el contracte estava arreglat?‘).
La escalada llegó al paroxismo. El Ayuntamiento manifestó su determinación de aplicar la ITF y sus anexos. La decisión fue respondida por SMATSA con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 43 trabajadores; es decir alrededor de un 10 por ciento de su plantilla, justificado por la reducción de los ingresos que la administración local destina a la empresa. La amenaza del ERE provocó que, mediante un decreto de alcaldía, se iniciaran los trámites para la intervención de la concesionaria y que el comité de empresa, dominado por CC.OO y UGT, anunciase una huelga para principios de diciembre (más info: ‘Un 155 per a SMATSA‘).
Precario alto el fuego
Dentro del equipo de gobierno todas las alarmas se dispararon ante la perspectiva de una huelga de basuras, a menos de seis meses de las municipales y en la vigilia de las fiestas de Navidad, cuando se generan más residuos. Ello cuando existe amplia percepción ciudadana sobre la escasa calidad del servicio. Sin embargo, a diferencia de otros conflictos históricos entre administración local y empresas concesionarias, como que el de los Autobuses Martí o con CASSA, donde la ciudadanía culpaba de las deficiencias o el abusivo aumento de precios a las concesionarias, ahora las quejas se dirigen contra el equipo de gobierno.
La división entre Crida y ERC por un lado y Guanyem Sabadell y Unitat pel Canvi por otro en esta cuestión de importancia capital, se evidenciaron en pasado pleno municipal cuando estas dos últimas formaciones votaron a favor de la moción de Ciutadans (C’s) que propugnaba explorar un acuerdo en ambas partes para evitar el ERE y su consecuencia lógica, la intervención (más info: ‘El ple demana canvis a la ITF per salvar els llocs de treball a SMATSA‘).
Aquí, según distintas fuentes consultadas, Marisol Martínez, tercera teniente de alcalde y líder de Guanyem, ha tenido un papel de mediación fundamental para acercar posiciones y evitar la guerra total entre ambas partes, así como para detener una huelga que no sólo habría erosionado al conjunto del equipo de gobierno ante la ciudadanía, sino a su formación ante la numerosa plantilla de SMATSA.
Finalmente, al borde del precipicio y tras laboriosas negociaciones, se ha llegado a un precario acuerdo en los siguientes términos: la empresa retira el ERE, lo cual supone la desconvocatoria de la huelga y el Ayuntamiento abandona los trámites de la intervención (más info: ‘Armistici Ajuntament – SMATSA‘). Se trata más bien de un alto el fuego que de la firma de un tratado de paz entre ambas partes como se desprende de las discrepancias entre el alcalde Serracant y el gerente de SMATSA, Eugenio Díaz, respecto a la vigencia de la ITF y sus anexos; según el primero el pacto implica mantener la ITF, a juicio del segundo el acuerdo supone su suspensión. Un indicio que las hostilidades pueden reanudarse en cualquier momento, si además tenemos en cuenta que en la víspera de la firma del acuerdo ambos se cruzaron durísimas acusaciones. Díaz señaló a la Crida como la única responsable de bloquear el pacto, extremo desmentido categóricamente por Serracant.
Disonancias políticas y sindicales
A lo largo del conflicto se han podido apreciar diversos alineamientos en los frentes político y sindical. Desde el punto de vista político, PSC, C’s, PP y no sin contradicciones PDeCat se han alineado a favor de las tesis de la empresa cuando ésta ha denunciado un plan premeditado, con fuertes componentes ideológicos, para revertir la concesión. En principio, el equipo de gobierno se mantuvo unido en el conflicto; sin embargo, esto se ha modificado últimamente en la medida de Guanyem y Unitat pel Canvi, se han presentado como mediadores y se han posicionado con la mayoría de los trabajadores de SMATSA que rechazan las tesis del Ayuntamiento.
En el frente sindical, CC.OO y UGT se han posicionado con la empresa, mientras que el sindicato CGT se manifestado a favor de la administración local.
A pesar de la fragilidad del acuerdo, la proximidad de las municipales y la desunión del gobierno cuadripartito en este tema hacen prever que el alto el fuego podría mantenerse hasta las elecciones locales; eso si no surgen nuevos elementos de discordia (más info: ‘Confiança zero‘). Aquí se plantea el interrogante si de estos comicios surgirá una nueva mayoría y, en ese caso, cuál sería su postura en el contencioso.
Finalmente, no hemos de perder de vista que la legalidad de la renovación de la concesión de SMATSA está pendiente de resolución judicial. La fase de instrucción está prácticamente acabada, el juicio y la sentencia podrían comportar que dicho contrato fuese anulado si se demuestra que fue suscrito utilizando procedimientos fraudulentos. No obstante, y conociendo los ritmos de la justicia española, para ello podrían pasar aún varios años.
