ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas. Sociólogo.
A día de hoy los supuestos reconocidos internacionalmente para ejercer la autodeterminación son dos: pueblos colonizados y minorías nacionales oprimidas. Un tercero, inexistente pero deseable por convicción democrática (no porque crea racional ir troceando el mundo con fronteras), sería que también los estados democráticos, sujeto a condiciones pactadas en cada caso, dispongan de esa posibilidad.
Aquí conviene aclarar que, si bien leyes y jurisprudencia no son inmutables o que no todas las leyes son justas, hasta que no cambien, para valorar la legalidad de una situación en un estado democrático o internacionalmente hay que estar a lo que el ordenamiento jurídico que corresponda diga. No hay otra. En este caso, la CE78 no contempla la autodeterminación y el Derecho Internacional no lo reconoce a poblaciones de entidades territoriales de estados democráticos. Es más, ninguna constitución de los grandes países occidentales ampara la amputación de una parte de su territorio y no por ello, dejan de ser democráticos.
España no es una excepción. Y se puede afirmar que una constitución catalana estaría en la misma línea: ni reconocería el derecho a la autodeterminación y menos consentiría que una parte de su territorio o de población de ese territorio (Vall d’Arán, Barcelona, Vallés,…) iniciase un proceso secesionista unilateral. Primer supuesto: Catalunya-colonia. Solo desde la obsesión puede mantenerse que Catalunya sea un territorio ocupado por una fuerza extrajera y colonos. Un relato dirigido a la agitación política y la inútil búsqueda de apoyo internacional a una decisión de independencia acogiéndose al derecho a la autodeterminación, que surgió como herramienta descolonizadora de la expansión europea hacia África, Asia y América y que, resoluciones posteriores, extendieron a los pueblos no sometidos a dominación colonial, siempre que, el estado en cuestión, no fuese democrático, es decir, no fuese representativo de la totalidad de la población (segundo supuesto). Más allá de percepciones subjetivas o proclamas desaforadas, Catalunya no encaja en el tipo.
Segundo supuesto: Catalunya-minoría nacional oprimida. Veamos: Catalunya goza de un considerable nivel de autogobierno con amplias competencias exclusivas; es una de las regiones ricas de Europa, con un PIB superior a la media de España; con policía autónoma; con una implantación de su cultura y lengua que nunca había tenido (no existe “choque de culturas” con España); que ha celebrado múltiples elecciones democráticas: 11 locales, 13 autonómicas, 15 estatales, 8 europeas, con representación en Parlamento Europeo, el Congreso y Senado, el Parlament y en otras tantas instituciones; que dispone de código civil e instituciones propias; con un Govern que monopoliza férreamente los medios de comunicación públicos y que tiene un poder omnipresente/clientelar en la totalidad de instituciones públicas, etc. y en buena parte de la vida social, económica, política y cultural del país. Con semejante escenario hablar de minoría oprimida carente de plenos derechos civiles y políticos no tiene ninguna credibilidad. Cosa distinta es que el nivel de autogobierno sea mejorable (que lo es), pero eso es harina de otro costal.
Y si Catalunya no es ninguna posesión colonial, ni está sometida por un Estado extranjero, ni se le discrimina o niega a participar en los gobiernos (autonómico y estatal) en condiciones de igualdad, queda el tercer supuesto: posibilidad de ejercerla sin ser colonia, ni minoría oprimida. Aquí, las elites independentistas harían bien en abandonar relatos peregrinos y abstenerse de difundir teorías conspirativas. Es más digno defender la autodeterminación como aspiración (no como derecho que, jurídicamente, en este caso, no existe) por desearlo un sector importante de la población (sin confundir la parte con el todo: Catalunya, afortunadamente, esheterogénea, como lo es España formada por regiones y nacionalidades distintas) y que así sería aunque Catalunya estuviese integrada en otro estado (Alemania, Bélgica, Francia,…..), si bien eso conduce al peligroso nacionalismo identitario étnico-cultural, por otra parte, presente en el ADN de todos los patriotismos.
Y aquí entra la voluntad de los estados democráticos para avenirse a cuestionar su unidad territorial que, como premisa, deben tener en consideración qué parte de la población apuesta por construir su estado propio (en Catalunya sobre un 40%). Pese a todo y no siendo razonable permanecer en España (ni en ningún estado) si no se desea, lo sensato es consensuar fórmulas que permitan conocer la voluntad de quienes residen en Catalunya, mediante un referéndum, pactadas las condiciones, por el que apostamos más del 60%, para lo cual es recomendable acudir a antecedentes como el de Canadá, que se convirtió el primer país de las democracias avanzadas en reconocer la posibilidad de cualquiera de sus provincias (no sólo la francófona Quebec) a escindirse y crear su propio estado siempre que se cumpla lo que prescribe la Ley de Claridad, que, con sus claroscuros, puede servir de referente.
Sin obviar que se trata de una tarea difícil y llena de obstáculos como, en su caso, la reforma constitucional, un guion para la puesta en marcha de un proceso, partiendo del escrupuloso respeto a la neutralidad y la pluralidad en todos los ámbitos, incluidos, y especialmente, los medios de comunicación públicos y concertados e instituciones públicas y dejando claro el rol que tienen Congreso y Parlament, debería incluir, como mínimo: pregunta clara sin ambigüedades, el censo, la participación, mayoría necesaria y el tratamiento de los territorios de ese nuevo estado que quieran continuar en España (lo que democráticamente es exigible para España debe serlo para Catalunya), etc. El voto afirmativo abriría la negociación para establecer los términos de la separación (o lo que se hubiese votado) abordando los temas técnicos-jurídicos-políticos-económicos que den efectividad nacional e internacional al acuerdo.
Así de simple y de complejo al tiempo. Lo evidente es que, ni DUI, ni 155 han aportado ninguna solución democrática y razonable, todo lo contrario, han generado (sin que sea descartable como efectos colaterales deseados por los promotores) una desafección social y un país fragmentado, preñado de desconfianzas y fobias, heridas que, desgraciadamente, tardarán años en curarse y un Govern que, enfrascado en luchas internas y enrocado en el identitarismo, ni gobierna, ni atiende los graves problemas sociales existentes. Por sentido común, debe ponerse fin a la esterilidad en la que nos encontramos.
