ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, Presidente de FAVSabadell
Una sanidad pública de calidad se sustenta en una asistencia primaria con recursos. Si falla esa base, todo el andamiaje sanitario queda afectado. Pues bien, si nos atenemos a los hechos, durante años, los dirigentes políticos de la Generalitat han adoptado decisiones en la dirección opuesta y la pandemia ha vuelto a dejar en evidencia los graves problemas de la sanidad pública provocados, en gran medida, por la aplicación de las medidas neoliberales aplicadas esencialmente por la derecha (PP y CiU) a la contribución de los partidos socialdemócratas como el PSOE–PSC y ERC.
Y no parece que los dirigentes políticos haya extraído de esta crisis sanitaria, conclusiones dirigidas a dar el giro de 180 grados que necesita la sanidad pública y siguen anclados en las viejas políticas de menospreciarla y favorecer a empresas privadas como los 43.000 euros por paciente en UCI a la sanidad privada o los 17 millones entregados a Ferrovial para rastreo de contactos con positivos o el mutis por el foro respecto a las residencias de la muerte, etc. Una política de despropósitos, que pretenden continuar con el CAP de La Concòrdia.
Durante la pandemia la Generalitat (CatSalut-ICS) decidió destinar temporalmente ese CAP a centralizar la pediatría del sector norte de la ciudad para evitar la coincidencia de niños con personas mayores en los distintos CAP. Una decisión a priori lógica pero que daba pie a la pregunta del por qué no se aplicaba en otros barrios y distritos. Al no obtener respuestas, afloraron las sospechas de que algo escondían, como ha resultado ser. Ahora nos enteramos off de record que quieren convertir el CAP de La Concordia en un centro permanente de pediatría y por lo tanto, cerrar el CAP para el vecindario que deberá desplazarse a otros barrios para ser atendidos, eliminando de un plumazo el criterio de proximidad.
Una decisión unilateral que deja de lado a pacientes (que pagamos la sanidad con nuestros impuestos), al personal sanitario (que verá aumentado considerablemente el número de pacientes añadido al seguimiento intensivo por el coronavirus y residencias), y al Ayuntamiento (en desacuerdo con la decisión). Un ordeno y mando que destapa el talante de esos gestores. Y, a todo ello, el CAP de Can Llong sigue esperando su construcción.
Cuando se dignen a dar explicaciones públicas recurrirán a los típicos argumentos de “racionalización, “optimización”, etc., que en realidad sirven para evitar entrar en el fondo de los problemas que sufre de la asistencia primara desde hace años como que se hayan eliminado más de 1.300 puesto de trabajo en 10 años; o que su presupuesto no llega al 25 por ciento del total de presupuesto destinado a sanidad; o que los CAP se están quedado sin espacio físico; o que la falta de profesionales para contratar se debe a los bajos sueldos que obligan a emigrar extranjero o pasen la privada, etc. Mientras estos temas no sean abordados con rigor, no cabe duda que hablar de “optimizar” implica perjudicar la sanidad pública.
No es la primera vez que acuden a la política de hechos consumados. Sirva de ejemplo la intención de cerrar los CAP durante el verano, que no tuvo éxito debido a la movilización vecinal. Estamos ante un nuevo globo sonda lanzado para ver la reacción para llevarlo adelante o no en función de las protestas. Las asociaciones vecinales nos oponemos a este nuevo menoscabo de los derechos de los pacientes que enmarcamos dentro de la estrategia general para desprestigiar la sanidad pública y fomentar el hartazgo de la gente para que contraten mutuas privadas.
