EL PLENO CRÍTICO
La sesión, con la ausencia de Manuel Bustos “por motivos familiares”, mostró cómo el grupo municipal socialista, incapaz de emprender un proceso de regeneración política, avanza a pasos agigantados hacia la descomposición frente a una oposición cada vez más crecida.
La regidora Cristina Moreno tuvo que hacer frente a las críticas del conjunto de la oposición en la defensa de las tarifas del programa de vacaciones para la gent gran que la acusaron de impulsar un proyecto electoralista y pensado para el disfrute de las “clases medias” debido a los elevados precios de la empresa concesionaria Zoetrope. Sólo la abstención del regidor no adscrito Antonio Vega y del PP permitió su aprobación, en la línea que ha caracterizado al partido conservador en sus relaciones con los socialistas.
Idéntica situación se produjo en la aprobación inicial del cambio de cualificación, de urbanizable a no urbanizable, de parte del entorno del Ripoll. La anunciada intención de voto de abstención del conjunto de la oposición motivó la intervención del alcalde Juan Carlos Sánchez solicitando a los grupos que modificasen su voto, pues si el dictamen no reunía 14 votos el procedimiento no podría seguir adelante. Sólo PP y CiU fueron sensibles a esta petición, lo cual mostró la política de alianzas del equipo de gobierno que sólo puede contar con las formaciones a su derecha para sacar adelante sus proyectos.
Esto se hizo aún más evidente en el debate y votación del punto número 12 sobre la operación urbanística que afecta a la fábrica de Artextil en la Gran Via y las piscinas de Cal García. El dictamen fue objeto de duras críticas por parte de los grupos de izquierda, que argumentaron que dicha operación sólo favorece a los promotores y a la propiedad sin ofrecer ningún beneficio para ciudad, además de presentar serias dudas sobre la caducidad del convenio suscrito en el 2008. En la discusión planearon las sospechas sobre el denominado “urbanismo a la carta” característico de la era Bustos. Unas sospechas alimentadas por la pobre argumentación del ponente Josep Ayuso. Finalmente el dictamen se aprobó con los votos favorables de PP y CiU.
Campaña de desprestigio
De las seis mociones presentadas por la oposición, la mitad quedaron sobre la mesa. La debilidad política del equipo de gobierno se puso de relieve en la proposición de EUiA sobre la supuesta vinculación de los hermanos Bustos con el canal 28 TV y que solicitaba la creación de una comisión para la adjudicación de la publicidad institucional. La propuesta fue aprobada con los votos de todos los grupos de la oposición que suman mayoría absoluta.
Ramon Burgués ensayó la defensa del gobierno municipal acusando al diario Ara, que destapó la ilegalidad del medio, de mentir sobre las supuestas conexiones con los hermanos Bustos y ante sorpresa de propios extraños denunció la “sistemática campaña de desprestigio” al ex alcalde. Una campaña cuyo principal impulsor es el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, como puntualizó irónicamente Marisol Martínez (EUiA).
Ni siquiera el PSC pudo librarse de las críticas en la moción auspiciada por la PAHC para imponer una sanción a las entidades financieras con pisos desocupados (más info: ‘Sancions de fins a 100.000 euros als bancs amb pisos buits‘). A pesar de votar a favor, los grupos de la oposición de izquierdas le recordó que una propuesta semejante había sido presentada con anterioridad, pero que había sido rechazada por el PSC. Sólo cuando el ajuntament de Terrassa adoptó esta medida, el gobierno municipal de Sabadell se ha atrevido a hacerlo, lo cual fue señalado como un signo de falta de voluntad y valentía política.
La teniente de alcalde de Vivienda, Marta Farrés, se defendió aduciendo que no fue por ausencia de voluntad política, sino por falta de conocimientos técnicos, en un reconocimiento implícito de incompetencia.
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