L’ESTAT DE LA CIUTAT
El análisis del conflicto interno, que bordea la ruptura, entre los dos sectores del PSC resulta la expresión de las fuertes tensiones que está generando en la sociedad catalana el giro soberanista de CiU, cuyo principal damnificado son las formaciones de la izquierda parlamentaria catalana.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) es un caso notable digno de análisis para los politólogos. Su origen es fruto del llamado Congreso de Unificación (1978) donde confluyeron la Federación Catalana del PSOE, PSC (Congrés) y PSC (Reagrupament), las dos facciones escindidas del histórico Moviment Socialista de Catalunya (MSC).
Mientras la base social del FC del PSOE estaba formada por trabajadores de los barrios de la inmigración española, en los dos PSC militaban miembros de las clases medias catalanistas progresistas e ilustradas. Ello dio lugar a una precaria soldadura y a una curiosa división del trabajo: la FC del PSOE aportaba la base militante y los votos, al tiempo que los cuadros procedentes de los dos PSC copaban la dirección del partido.
Al menos hasta el Congreso de Sitges (1994) cuando, liderados por Josep María Sala, los cuadros del área metropolitana, como José Montilla, Celestino Corbacho o posteriormente Manuel Bustos, exigieron su cuota de representación en la dirección. Ahora bien, mientras los dirigentes del sector catalanista marcaban las líneas maestras de la orientación ideológica y política del partido, los dirigentes de la inmigración se ocupaban de la gestión del aparato, incapaces de generar una alternativa a la hegemonía del sector catalanista.
Esta composición dual produjo durante los años del pujolismo (1980-2003) una curiosa contradicción inédita en el resto de fuerzas catalanas: mientras el PSC-PSOE se imponía con claridad en todas las elecciones generales españolas, contribuyendo de forma fundamental en las victorias del PSOE. Pero era derrotado por CiU en las elecciones autonómicas catalana.
Este extraño comportamiento se explica por la abstención de más de una tercera parte de su electorado en los barrios de la inmigración, que no sintonizaba con el discurso catalanista del PSC. La abstención dual y selectiva explica la situación de doble poder durante la era Pujol cuando los grandes municipios del país, empezando por la ciudad de Barcelona, estaban gobernados por los socialistas mientras la Generalitat lo estaba por CiU.
El tripartito de izquierdas
Estos extraños y delicados equilibrios empezaron a cuestionarse tras la retirada de Pujol y la investidura en 2003 como president de la Generalitat del ex alcalde olímpico de Barcelona, Pasqual Maragall, nieto del gran poeta. Maragall, con un millón de votos, obtuvo el mejor registro histórico del PSC y superó ligeramente en votos a CiU. Pero la federación nacionalista, por paradojas de nuestra infame ley electoral, logró cuatro escaños más.
Maragall se benefició del profundo desgaste de la federación nacionalista por sus pactos con el PP de José María Aznar y los numerosos escándalos de corrupción que, desde que alcanza la memoria, han rodeado a CiU. El Pacto del Tinell fue la contrafigura del Pacto del Majestic entre las cúpulas de PP y CiU que permitió la investidura de Aznar. De este modo, PSC, ERC y ICV-EUiA suscribían un acuerdo de gobierno con el compromiso de no pactar con el PP en ninguno de los escenarios de la vida pública catalana.
Entonces muchos analistas pronosticaron la inauguración de una nueva etapa de la política catalana bajo la hegemonía del PSC y la figura carismática de Maragall. Quizás esto hubiera sido así si el ex alcalde de Barcelona no hubiese cometido el error estratégico de centrar su acción de gobierno en la reforma del Estatut, una reivindicación que, a nivel popular, nadie reclamaba.
Tras 23 años de pujolismo, dominados por el debate nacionalista, el PSC debió priorizar la resolución de los graves déficits sociales de la sociedad catalana, como se apuntó en la Llei de Barris. En cualquier caso, la reforma fue avalada por el candidato a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapataro, en el famoso mitin en Barcelona donde prometió que apoyaría el Estatut que elaborase el Parlament de Catalunya.
La sentencia del Estatut
Maragall y sus aliados de ERC e ICV pretendieron superar a CiU en su propio terreno. Ello permitió a CiU recuperar la iniciativa política. En efecto, para aprobar la reforma del Estatut se precisaba una mayoría de dos tercios del Parlament imposible de conseguir sin el apoyo de la federación nacionalista, que impuso un anteproyecto de máximos claramente anticonstitucional.
Ello situó la reforma estatutaria en un callejón sin salida. Fue resuelto en la célebre reunión entre Zapatero y Mas en La Moncloa (2006) donde se pactó el contenido del Estatut y que señaló la tumba política de Maragall, sustituido por Montilla, el primer presidente charnego de la Generalitat.
El Estatut, debidamente “cepillado” por Alfonso Guerra fue aprobado por las Cortes españolas y sometido a referéndum al pueblo catalán donde la abstención (50,5 por ciento) superó al número de votantes y se registró una anormalmente elevada cifra de votos en blanco (5,3 por ciento), lo cual mostró el escaso interés ciudadano que suscitaba la reforma.
El Estatut fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional. Tardó cuatro largos años en emitir la sentencia que laminaba algunos de sus aspectos fundamentales. La clave de la sentencia, que muy pocos han leído, estriba en la consideración que los artículos más polémicos chocaban con la Constitución y algunas leyes orgánicas. Tanto es así que el alto tribunal recomendaba las vías jurídicas a recorrer para que los artículos derogados pudiesen ser aceptados.
Más allá de los argumentos jurídicos, dicha sentencia plantea un choque entre la legitimidad de la más alta instancia jurídica del Estado y la legitimidad política expresada en el Parlament de Catalunya, las Cortes españolas y el pueblo catalán que lo habían refrendado.
Justamente esta sentencia, cuatro meses antes de las autonómicas de noviembre del 2010, marcaron el inicio del giro soberanista y el hundimiento del PSC que, con 575.233 votos, cedía casi la mitad de su electorado respecto a los resultados de Maragall.
Del autonomismo al soberanismo
Nunca podremos saber qué habría sucedido con esta sentencia si no hubiese coincidido con la brutal crisis financiera. Quizás el rechazo no hubiera ido más allá de los sectores más nacionalmente concienciados de la sociedad catalana. En cualquier caso sirvió de catalizador al profundo malestar de las clases medias frente a la caída de su nivel de vida.
Uno de los efectos políticos más visibles del giro soberanista de CiU es haber provocado la división interna en los partidos de la izquierda parlamentaria PSC e ICV-EUiA, precisamente cuando los efectos sociales de la recesión y la gestión neoliberal de la crisis por CiU les ofrecían una oportunidad inmejorable no sólo para practicar una oposición frontal a dichas políticas, sino para plantear un modelo alternativo del país.
Tanto es así que antes del giro soberanista el debate público estaba dominado por las crecientes movilizaciones contra la política de ajustes y recortes con dos huelgas generales. El ejecutivo Mas, en su primer mandato, fue pionero en la política de ajuste y recortes y el president de la Generalitat hubo de utilizar el helicóptero para entrar en el Parlament asediado por los jóvenes del 15-M.
Ahora la intensa movilización de las clases medias entorno al objetivo de la independencia, como demuestra el éxito de la Via Catalana, domina absolutamente el debate político. El pasaje del autonomismo al soberanismo señala la unificación ideológica de estos sectores sociales y amplía la hegemonía ideológica del nacionalismo hacia sectores hasta ahora despolitizados de las clases medias.
La primera víctima de esta transición del autonomismo al independentismo ha sido el PSC. En la etapa autonomista pudo contentar a sus dos almas –catalanista y españolista- poniendo el acento en uno u otro vector según las circunstancias. Su hegemonía en los grandes municipios catalanes y la Diputació de Barcelona, así como su participación en los gobiernos socialistas de Felipe González y Zapatero facilitaron extraordinariamente esta labor.
Los dos tripartitos (2003-2010), que coincidieron con el septenio de Zapatero (2004-2011), marcaron la edad de oro del PSC que no sólo ganaba las generales en Catalunya, sino que presidía la Generalitat, Ajuntament y Diputació de Barcelona y contaba con su cuota de ministros en Madrid (Chacón, Corbacho, Montilla o Clos).
El declive del PSC
Ahora todo se ha venido abajo. Por primera vez, desde la reinstauración de la democracia, CiU ha superado al PSC en las generales, lo cual compromete la vuelta al poder del PSOE y le arrebata la alcaldía y la Diputació de Barcelona. Además, la nueva hegemonía ideológica del independentismo ha tensionado al máximo las dos almas del partido al punto de hacer prácticamente imposible su convivencia. El federalismo abstracto y monárquico del PSC, que el PSOE acepta a regañadientes, no basta para satisfacer las aspiraciones del sector catalanista del partido.
Pere Navarro inició su compleja singladura en el partido prometiendo una benévola neutralidad respecto a la cuestión del referéndum de autodeterminación que se concretaría en la defensa de una consulta legal y pactada con el gobierno de Madrid y con la abstención en todas las votaciones parlamentarias donde se plantease el tema.
Ahora bien, esta ambigua neutralidad, en un momento de máxima polarización de las pasiones nacionalistas, impide mantener una posición que debilita al PSOE en el resto de España y alimenta en Catalunya el crecimiento de Ciutadans (C’s), que amenaza con arrebatarle grandes segmentos de su base electoral.
Contradicciones fatales
Todas estas contradicciones se han evidenciado en la ruptura de la disciplina de voto de los tres diputados del sector catalanista del PSC en la sesión trascendental del pasado 16 de enero, seguida por el manifiesto a favor del referéndum donde planea la amenaza de la escisión emprendiendo el camino señalado por Ernest Maragall.
La dirección socialista de Navarro/Balmón no parece poseer la determinación de romper con el sector catalanista, a pesar de las numerosas provocaciones recibidas y que les harían sobradamente acreedores de la expulsión. La misma falta de decisión observada en el caso Mercurio que ha impedido apartar de sus cargos públicos al diputado Daniel Fernández, a la alcaldesa de Montcada y a los ediles de Sabadell imputados en el caso.
El PSC se halla prisionero de una contradicción fatal: si expulsa a los disidentes y se orienta en una línea de nítida oposición a la deriva soberanista será objeto de los duros ataques políticos y mediáticos que le acusaran de alinearse con los españolistas de PP y C’s, lo cual puede conducirle a perder sus apoyos electorales en la Catalunya no metropolitana. Pero, si no lo hace y no muestra una postura de firmeza con los disidentes y con el proceso soberanista, se incrementará el trasvase de votos hacia C’s en el área metropolitana. Podría argumentarse que, desde el punto de vista electoral, la mayor parte del voto catalanista del PSC ya ha emigrado hacia otras opciones partidarias y que ahora se trata de retener a su electorado metropolitano.
Efectos de la polarización
La creciente polarización de la sociedad catalana en torno a la cuestión de la independencia dificultará extraordinariamente que el sector filosoberanista del PSC no acabe marchando o siendo expulsado del partido. Quizás esta sería la mejor opción pues al concurrir ante la ciudadanía en dos opciones diferenciadas, nadie se llamaría a engaños y quedaría claro quien posee mayores apoyos electorales.
No obstante, la hipotética ruptura sería la expresión de la profunda división de la sociedad catalana desencadenada por el giro soberanista que está haciendo imposible la convivencia en una misma organización política de los dos vectores sociológicos (clase trabajadora castellanopalante de barrio/clases medias catalanoparlantes de centro) que articulan a la izquierda catalana.
Unas tensiones semejantes, aunque de momento no tan graves, afectan a ICV-EUiA como puso de manifiesto el artículo ‘ICV, atrapado por la derecha‘ de Carlos Jiménez Villajero, ex fiscal anticorrupción y militante histórico del PSUC, ICV y miembro del colectivo Federalistes d’Esquerra, donde criticó con gran dureza el apoyo de la formación ecosocialista a CiU en el proceso soberanista.
