Una vez más, los ciudadanos nos encontramos indefensos ante la subida de la tasa de residuos, lo que comúnmente llamamos las basuras. Hay que recordar que este impuesto lo implantó Manuel Bustos y en su momento, a pesar de las críticas, ningún grupo municipal en la oposición se atrevió a prometer que lo quitaría. El caso es que vino para quedarse como tantas y tantas cosas que llegan, se critican y se eternizan en el tiempo. Entonces, los sabadellenses padecemos de por vida la inoperancia de unos y otros y si por casualidad osamos levantar la voz, obtenemos por respuesta la amenaza subliminal del embargo si nos negamos a pagar.
Es verdad que cada resolución tiene sus plazos, pero la mayoría de ciudadanos ignoramos esos trámites y deberían ser los políticos de la oposición los encargados de iniciar los trámites para denunciar y, en su caso, proponer la retirada, de edictos que no son del agrado de la mayoría. En el caso que nos ocupa, es evidente que el gobierno de la ciudad ha optado por aquello tan recurrente de “que pague más el que más tiene”. Así de simple, y así de erróneo. Porque, si bien ese concepto parte de premisas igualitarias, de ética más o menos protectora de familias no pudientes, este aumento potencia descaradamente el ánimo más recaudatorio y anula cualquier potenciación del reciclaje, que es, en definitiva, el objetivo al que se debiera aspirar.
Las quejas son diarias. El solo hecho de partir de los ingresos brutos de las unidades familiares ya es en sí un engaño. Si ponemos como ejemplo una familia que gane 1000 euros brutos, ya se le aplica una subida con respecto al recibo del año anterior. Además, más personas en el domicilio no significa necesariamente que produzcan más residuos porque pueden salir a trabajar temprano y llegar por la noche a casa. Y lo más grave es que se penaliza la separación de residuos que la mayoría realizamos (papel, vidrio y envases) y se fomenta con un 90 por ciento de reducción en la tasa la utilización de composteras, un artilugio que no cabe en la mayoría de las casas de nuestra ciudad y que no queda claro si deben ser de unas medidas concretas, de un material concreto o basta con una de fabricación casera. Vamos, un engaño más para hacernos creer que hay reducciones por ser un buen reciclador.
Todo este embrollo puede tener consecuencias fatales para la sostenibilidad de nuestra ciudad. Muchos ciudadanos, ya cansados de reducir los metros cuadrados de sus cocinas o lavaderos para hacer encajar bolsas y cubos para separar los diversos materiales, pueden optar por meterlo todo en la misma bolsa como protesta por este aumento, que no es acorde de ninguna manera con el de los salarios.
Está claro que muchas familias tienen asimilado el concepto de reciclaje y seguirán firmes en sus ideas, pero otras muchas reaccionarán negativamente a falta de otros métodos más convencionales. En este sentido, creo que es necesario una movilización de la ciudadanía en forma de instancias que llenen los despachos de los responsables de este desaguisado. No existe otra fórmula. Bueno, sí, la que tienen los partidos políticos de la oposición que pueden transmitir esa queja mayoritaria al equipo de gobierno, comprometiéndose a buscar nuevas fórmulas de pago de un impuesto que tiene muchos detractores. Seguramente la división lineal de los gastos, aunque teniendo en cuenta el número de personas por vivienda, es la más justa. Y, por descontado, ofrecer reducciones o bonificaciones a las familias con pocos recursos. Así de sencillo.
No hay que olvidar el aspecto que debiera ser el más importante, que es el de la separación de los residuos para que lleguen a las plantas de reciclaje debidamente seleccionados. No hay campañas en este sentido y sí un agotamiento generalizado de la ciudadanía por la imposición de gravámenes que quitan las ganas de comportarse de manera cívica. Ese no es el camino. Si tiene que haber un aumento, tiene que haber también una explicación, pero ésta no llega. Se ha querido penalizar a los “ricos” cuando en realidad se penaliza a toda una ciudad. Quizás habría que ofrecer soluciones consensuadas, soluciones que no pasen siempre por el aumento de las tasas.
Hace unos años se premiaba el reciclaje de una manera muy simple. Un porcentaje de lo seleccionado se convertía en dinero que iba a parar al distrito correspondiente. Después, las entidades decidían en qué gastarlo para el barrio. Parece ser que las últimas propuestas en este ámbito en España y en Europa pasan por la colaboración público-privada. En Santurtzi (Bizkaia) se premia el reciclaje con descuentos en el comercio local.
En el año 2014, 200 profesionales del sector se dieron cita en Pontevedra en una jornada sobre gestión de residuos municipales, en la que se abordaron algunas cuestiones esenciales para aumentar los niveles de recuperación y reciclado. Nadie habló de aumento de tasas, y sí de potenciación del reciclaje, del abaratamiento de la factura si se demostraba que las familias separaban mejor sus residuos. Aquí en Sabadell el camino es otro y si nadie lo remedia, el resultado puede ser desastroso. De hecho, ya lo es.
