“Perdone que no le dieran hora la semana pasada, pero he estado en un congreso en…”. Era un médico especialista al que acudía por primera vez. Sin preguntarle nada en absoluto, me relató un viaje pagado por una de las empresas farmacéuticas más conocidas. Muy probablemente se sentía algo culpable por haber aceptado un regalo que no se correspondía exactamente con su trabajo, porque ese “congreso” fue en realidad un viaje de placer donde, además, muy probablemente como excusa, se ofrecían dos conferencias de destacados profesionales del sector médico. El resto, visitas a balnearios, buena comida y fiestas nocturnas.

El facultativo me confesó que era una práctica habitual que comerciales de determinadas compañías, algunas de ellas relacionadas directamente con países concretos, ofrecieran compensaciones de diversos tipos si recetaban sus marcas a los pacientes. En muchos casos, esas contrapartidas eran económicas, mediante sobres, naturalmente en negro, que llegaban puntualmente a los médicos en determinados periodos. Otras veces, esas recompensas eran más sutiles, y se maquillaban con un viaje convenientemente adornado con la etiqueta “de trabajo”. Confieso que empezaba a estar algo nervioso, porque yo no había pedido hora con ese médico para que admitiera un comportamiento nada ético. ¿Qué pretendía? ¿Que lo denunciara yo mismo? ¿Que pusiera en conocimiento de altas instancias del hospital que se estaba produciendo un trapicheo, un acto de corrupción absoluta? ¿Acaso no lo sabían ya?

Le supliqué que me escuchara, que yo había venido para otra cosa, que yo no debía ser el receptor de su confesión, que, si se arrepentía, no tenía más que dejar de aceptar esos obsequios y aquí acababa la angustia por percatarse de que estaba actuando de una manera incorrecta. Su respuesta me dio miedo. ‘Una vez has aceptado, ya no hay marcha atrás’. Entendí perfectamente que el chantaje era de por vida, y que, si por cualquier motivo, el doctor o doctora decidía dejar de colaborar, las consecuencias podían ser imprevisibles. Salí de allí preocupado, pero no mucho más de lo que ya estaba, puesto que el soborno, en cualquiera de sus modalidades, es un hecho que, desgraciadamente, está plenamente establecido y asentado en nuestras sociedades.

De hecho, durante varias semanas he intentado buscar información sobre estas prácticas de las farmacéuticas y he quedado horrorizado. “Lo llaman “transferencias de valor” cuando podrían llamarle “red de intereses””, afirma un estudio realizado por Ángel María Martín Fernández- Gallardo, Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y vicepresidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM). Él mismo reitera que “se demuestra cómo, con precisión quirúrgica, las 18 principales farmacéuticas que operan en el Estado reparten dinero a profesionales sanitarios con la intención de introducir sus medicamentos en los sistemas de salud”.
Que estas presionan a los estados para que compren determinados medicamentos o vacunas que, en algunas circunstancias van a ser desechadas o van a caducar, haciendo el negocio del siglo, ya éramos conscientes. Durante la pandemia, muchas de ellas ejercieron esa intimidación sin ningún tipo de rubor, aprovechándose del miedo de los estados y del caos por la eventualidad sobrevenida. Nunca sabremos con exactitud el alcance de los beneficios que tuvieron.

Tampoco, pues, debería sorprendernos que esas empresas hayan bajado a estamentos más pequeños. Empezaron presionando a las naciones, siguieron con comunidades autónomas o regiones, después a los grandes grupos sanitarios privados, seguidamente a hospitales públicos de referencia, para acabar en la asistencia primaria y médicos especialistas; también ya, en las farmacias. Muy probablemente ya dominan todo el espacio sanitario y son muy pocos los que han sido capaces de renunciar a sus agasajos.

No podemos luchar contra este monstruo formado por unos lobbies que ya controlan el mundo y que, con la más absoluta de las impunidades, se pasean por los pasillos de las instituciones europeas conversando con diputados y diputadas para llevarlos a su terreno, para que entren en esa rueda interesada y poder alcanzar cotas de poder no democráticas. Así está el mundo. Un cosmos mayoritariamente corrompido al que le importa muy poco que mueran millones de personas como consecuencia del precio de los tratamientos, al que tampoco le interesan llamamientos de organismos internacionales u ONG que suplican una regulación que permita hacerlos llegar a comunidades concretas con índices de enfermedades demasiado elevados. Sigue muriendo gente de sarampión o rubeola, enfermedades erradicadas en la mayor parte de los países civilizados. Pero eso, a ellos les da igual.

Una puerta a la esperanza, como siempre, la abrimos los ciudadanos, los consumidores que, con la información adecuada, podemos decidir la marca del medicamento que vamos a comprar. Es verdad que, como apunta Ángel María Martín Fernández- Gallardo, las áreas donde se realizan más pagos son las relacionadas con la oncología, la hematología, la dermatología y la reumatología, pero estas, aunque “representan solo el 6 por ciento de los especialistas del Sistema Nacional de Salud, aportan el 50 por ciento de los líderes de opinión. ¿Alguien puede creer que sea fruto del azar que el 18,5 por ciento del gasto farmacéutico hospitalario sea en oncología y el 11,5 por ciento en hematología, y que la inversión de las multinacionales farmacéuticas en líderes de opinión de oncología y hematología sea también del 18,6 por ciento y el 11,6 por ciento?”, se pregunta.

No obstante, como digo, la acción ciudadana puede y debe ser imprescindible para acabar con estas prácticas, para lograr algo de ética en un sector tan pervertido. Me contaba un amigo hace unos días el caso de la mayor empresa farmacéutica israelí, que es, a su vez, el mayor productor de medicamentos genéricos a nivel mundial. Esta realizó el pago de numerosos sobornos a funcionarios de los gobiernos de varios países con la finalidad de incrementar las ventas de un medicamento contra la esclerosis múltiple. En el caso de Rusia, el pago de los sobornos se produjo en un momento especialmente sensible en el que el Gobierno ruso estaba tratando de reducir el gasto en productos farmacéuticos extranjeros. A pesar de ello, entre los años 2010 y al menos 2012, a través de una compañía de distribución propiedad de un alto funcionario del gobierno ruso, la empresa con sede en Israel obtuvo más de 200 millones de dólares en beneficios con las ventas de ese medicamento al gobierno de ese país. Por su parte, el oficial del gobierno ruso ganó aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios derivados de este acto de corrupción.

Mucho me temo que Rusia no es él único país del mundo donde esto ha pasado. La buena noticia es que el boicot a sus productos, en la cadena más baja, la de los ciudadanos, ha llevado a esta empresa israelí a cerrar numerosos centros de distribución en todo el mundo. Ellos dicen que es por “ajustes de producción”. Otros creemos que es como consecuencia del trabajo individual y constante de mucha gente. Como dijo el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.