ARTÍCULO DE OPINIÓN
Rafael Aguilera, sindicalista UGT (a título personal), Daniel Domínguez, sindicalista CCOO (a título personal), Pedro de Jesús, miembro Plataforma Pensionistas, Domingo Mena, miembro Plataforma Pensionistas y Josep A. Pozo, miembro comité coordinador de la Conferencia Estatal del 10 de marzo
Es una evidencia que el saqueo al que se ha sometido en los últimos años a la Seguridad Social ha puesto al borde del precipicio nuestro sistema solidario de reparto. Han puesto en peligro las pensiones de todos, es decir, el esfuerzo de generaciones de trabajadores que con sus cotizaciones han contribuido al mantenimiento de un sistema que garantiza, entre otras cosas, que cuando un trabajador en activo deja de serlo reciba una prestación para poder vivir dignamente. Lo mismo con el resto de prestaciones. No hay un sistema más solidario que este, que es la antítesis de los sistemas basados en la capitalización individual.
Este sistema es el que está en el punto de mira de todos aquellos que quieren cargárselo para abrir el camino al negocio de los fondos privados. Digamos de paso, que resulta sobre todo un negocio para los bancos -que han duplicado sus beneficios a cuenta de las comisiones que cobran-, pero que en la mayoría de los casos supone un fiasco absoluto para los ahorradores. Algo que conviene recordar a quienes hacen apostolado sobre las supuestas bondades del sistema de capitalización, sea como elemento único, o como complemento al sistema público, y que de una manera u otra enfrentan aquella posibilidad al sistema de reparto.
Pero no queremos apartarnos del objeto de este artículo, que no es otro que el de intentar aclarar cuáles son las causas por las que se ha llegado a la situación actual. Desde luego no es ningún secreto para muchos trabajadores, sindicalistas, etc., pero tal vez sea desconocido para muchos otros. Y saber las causas del problema es tan importante como encontrar las soluciones.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Todo el mundo ha podido constatar que en los últimos años se ha desarrollado una campaña de acoso y derribo contra la Seguridad Social, contra el sistema público de pensiones. Desde hace años, diversos estudios financiados por la Banca, Cajas de Ahorro o Compañías de Seguros, han repetido hasta la saciedad que el sistema público de pensiones es insostenible y que camina hacia el colapso, razón por la cual y según esto, estaría más que justificado emprender “reformas”, por más duras que éstas sean. Es interesante recordar aquí que todos estos estudios, informes, recomendaciones, etc., tienen el mismo origen que aquellos en los que se viene recomendando, en sintonía absoluta con lo que proponen el FMI o el BCE, y también desde hace años, las diversas reformas del mercado de trabajo que han posibilitado el abaratamiento del coste del despido en España, y una devaluación salarial descomunal.
El argumento favorito en todos estos estudios es que, en los próximos años, el número de cotizantes irá descendiendo mientras que por otro lado, irá aumentando el número de pensionistas. Planteadas así las cosas, el sistema sería insostenible, cuestión a la que habría que añadir el déficit actual de la Seguridad Social. Pero se trata de argumentos falaces que obvian, además, que nuestro sistema tiene mecanismos para hacer frente a estas situaciones, del mismo modo que ignoran el efecto perverso que han tenido determinadas políticas adoptadas por algunos gobiernos. Veamos esto último.
Es conocido de todos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido esquilmado por la acción irresponsable del gobierno del PP. En efecto, cuando Rajoy llegó al gobierno, la Seguridad Social tenía un superávit anual y un Fondo de Reserva con más de 60.000 millones de euros. En 5 años se lo han pulido todo, han vaciado la hucha y, por si fuera poco, han generado artificialmente una deuda a la Seguridad Social de más de 20.000 millones.
¿Cómo se ha generado esta deuda? Por el incumplimiento del gobierno que haciendo caso omiso de lo que le obliga la Ley General de la Seguridad Social, no solo no ha hecho las aportaciones necesarias –establecidas, hay que insistir en ello, por ley- sino que ha “prestado” dinero a la Seguridad Social. El año pasado fueron 10.192 millones y este año la previsión son unos 15.000 millones más. En un alarde de sinvergonzonería sin precedentes, el gobierno quiere recuperar el “préstamo” realizado, con la venta de patrimonio de la Seguridad Social (edificios), patrimonio que pertenece a todos los trabajadores. Si después de esquilmar el Fondo de Reserva, ahora se salen con la suya, la Seguridad Social quedará con la caja vacía, con una gran deuda y con el patrimonio saqueado. Nadie que se reclame de la clase obrera, de la defensa de los intereses de los trabajadores, puede permitir semejante atropello.
Si el capital acumulado por años de superávit hubiera permanecido en la caja de la Seguridad Social, no se hablaría hoy de déficit y quedaría demostrada la fortaleza del sistema público de reparto organizado bajo el principio de caja única y garantizado por el Estado.
¿Qué provoca, pues, el déficit?
Ya ha quedado dicho que el sistema público había generado un superávit de más de 60.000 millones. Si nos remontamos a algunos decenios atrás, está cantidad es según cálculos sindicales todavía mayor. Pero quedémonos con esta cifra ya de por sí significativa y relevante. ¿En qué se lo han gastado? Conviene poner de manifiesto que durante años el superávit de las cotizaciones sociales ha sido utilizado para financiar políticas ajenas a la Seguridad Social. Por ejemplo, ha servido para cubrir las bonificaciones realizadas a los empresarios. Dicho de otra manera, les hemos pagado los descuentos de los que se benefician.
Por otro lado, es indudable que las sucesivas reformas laborales han tenido un efecto muy negativo en nuestro sistema de pensiones. La bajada en los ingresos por cotizaciones no es fruto de la fatalidad o de un fenómeno extraño que no tenga explicación. Por el contrario, tiene una explicación precisa: es el resultado de los bajos salarios (y por tanto, de bajas cotizaciones), de la precariedad laboral existente, de los contratos a tiempo parcial, del fraude generalizado en las cotizaciones. Todo ello, como consecuencia de la inexistencia de negociación en la mayoría de empresas, donde impera la ley de la selva y en las que los empresarios tienen una serie de atribuciones impensables hasta antes de las reformas mencionadas. Lo sabe todo el mundo: hoy en día hay miles de trabajadores que son obligados a trabajar más horas de las que refleja su contrato, y no tienen más remedio que aceptarlo… si quieren seguir trabajando. Esta inaceptable realidad se complementa con el hecho de que buena parte de esas horas de más que se hacen, no cotizan.
Obviamente, esto tiene repercusión en los ingresos de la Seguridad Social. Luego, podrán hacerse todos los estudios que se quieran acerca de un futuro apocalíptico en el que los cotizantes no podrán sostener a los pensionistas. Pero la realidad es que si aumenta el número de cotizantes (que es lo que ha sucedido en los últimos años y que el gobierno presenta como un gran éxito) pero sus salarios son miserables, las cotizaciones no experimentan subida, o ésta es mínima, precisamente por esa circunstancia.
En resumen, hasta las reformas laborales efectuadas, primero por Zapatero, y después por Rajoy, había superávit en las cotizaciones sociales. Ha sido con posterioridad a esas reformas que la diferencia entre ingresos a la Seguridad Social (por cotizaciones) y gasto en pensiones, ha introducido un cierto desequilibrio por razones que tienen que ver con los bajos salarios, la precariedad y el fraude en muchas empresas. Insistimos, no es un problema imputable al sistema público de pensiones, sino a las políticas aplicadas desde el gobierno. Y de aquí deducimos que difícilmente se puede defender el sistema público de pensiones, sin exigir la derogación de las reformas laborales, sin que haya un aumento general de los salarios, sin que se restablezca la negociación colectiva en las empresas y se acabe con el poder que en ellas ejercen -especialmente en las pequeñas y medianas empresas- los empresarios. No habrá aumento en los ingresos por cotizaciones sociales hasta tanto en cuanto no se restituya a los empleados públicos todo lo que han perdido salarialmente con los recortes, o no se bajen las altas tasas de paro (y para ello hace falta un gobierno que acometa un verdadero Plan de Empleo que no se base en los contratos basura) y las prestaciones por desempleo, que cotizan, alcancen todas las necesidades.
¿Cuál es la situación actual?
En medio de la operación de acoso y derribo, todos los pensionistas han recibido recientemente una carta en la que la Ministra de Trabajo les anuncia que sus pensiones experimentarán este año un 0,25% de aumento. Es decir, estarán por debajo del aumento del coste de la vida y por lo tanto perderán poder adquisitivo. Es la consecuencia práctica de la puesta en marcha del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y de la introducción del llamado Factor de Sostenibilidad que condena a los pensionistas a una pérdida continua más que previsible de poder adquisitivo. De hecho, si no lo impedimos, en los próximos años la tasa de reemplazo -es decir, el indicador que viene determinado por la diferencia entre el sueldo que percibe un trabajador en activo y la pensión que cobrará cuando se jubile- se situará en un 48,6%, cuando ahora es del 79%. Casi 30 puntos menos. En otras palabras, lo que van a provocar es que de un sueldo de 1000 euros, pongamos como ejemplo, quede una pensión de 400 euros. Este es el futuro que nos reservan: pensiones casi asistenciales en el sistema público, que habrá que complementar con otras posibilidades (fondos privados) quién las tenga.
Para contrarrestar la creciente indignación social, el gobierno del PP ha aprobado recientemente medidas para fomentar el ahorro privado. Lo cual viene a confirmar que el cinismo de esta gente no tiene límite. Habría que preguntarle al presidente del gobierno, ¿quién va a poder ahorrar en este país con los salarios que tenemos? ¿quién podrá hacerlo entre el 1.200.000 familias que tienen todos sus miembros en el paro?, ¿podrán hacerlo, acaso, el 14% de trabajadores que a pesar de tener un trabajo se consideran pobres? ¿o los casi 2 millones de desempleados que no reciben ninguna prestación por desempleo? ¿podrán los jóvenes, cuando uno de cada dos está en el paro?
Esta propuesta viene a añadirse a otras que se han hecho anteriormente, como por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar la pensión con un trabajo remunerado. Al margen de lo que eso puede significar incluso físicamente, ¿puede consentirse semejante insulto a todos los trabajadores, cuando la propuesta viene de un gobierno que es incapaz de garantizar el pleno empleo? La respuesta es obvia. Igual que la respuesta que merece el anuncio del gobierno de que los trabajadores podrán elegir los años de cálculo para su pensión. Una medida que solo afectará a quienes tengan un amplio período de cotización, e incluso ni a estos porque la medida es prácticamente inocua: todo el mundo sabe que, en general, los mejores años de cotización coinciden con los últimos años trabajados, por lo tanto habrá poco que escoger.
A pesar de todo, hay un salida
De todo lo dicho anteriormente se deduce que, efectivamente, las pensiones están en peligro, y que si no actuamos de inmediato para acabar con el agujero que han provocado en la Seguridad Social, vendrán nuevas reformas-recortes. Lo primero de todo es entender que el problema de las pensiones no es solo de los “pensionistas”. Que afecta a todos los trabajadores, en activo o no, a los jóvenes, tengan trabajo o no, porque algún día -es de esperar- lo tendrán. Desde las organizaciones sindicales se han hecho propuestas más que suficientes para garantizar el sistema público de pensiones. Otras pueden generar, y de hecho generan, polémica dentro mismo del movimiento obrero. Por ejemplo, la propuesta de complementar el sistema de reparto con impuestos finalistas que abren la puerta a la pretensión patronal y del PDeCAT de rebajar cotizaciones y aumentar los impuestos. Pero más allá de este debate que hay que hacer, lo que es indudable es que hay que establecer un frente único de todas las organizaciones que representan a los trabajadores. En primer lugar, de los sindicatos, que deben encabezar la movilización unida para defender la Seguridad Social y el sistema público de pensiones.
Defender hoy las pensiones pasa por poner fin inmediatamente a la política del gobierno de endeudar indebidamente la Seguridad Social. Pasa por exigir que devuelvan lo que se han llevado. Por exigir en primer lugar, que respeten lo que establece la ley, es decir, que realicen las aportaciones a la caja de la Seguridad Social que sean necesarias para compensar la reducción de cuotas, las exenciones y bonificaciones a los empresarios. Por exigir la derogación de las reformas laborales, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones.
En los próximos días hay previstas diversas movilizaciones convocadas por los sindicatos (1 y 15 de marzo), así como la convocatoria del día 22 de febrero realizada por la coordinadora estatal en defensa de las pensiones públicas. En Sabadell, diversas entidades se han unido a la convocatoria del 22 a las 7 en la Pl. Dr. Robert, para expresar el rechazo a la subida del 0,25% y exigir la revalorización de las pensiones. Hay que convertir estas jornadas en un clamor en favor de la unidad de las organizaciones, en favor de la defensa de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones basado en la solidaridad entre generaciones y entre territorios. Esos son también los objetivos que pretenden la iniciativa que impulsan sindicalistas de UGT y de CC.OO, que a título personal, llaman a la realización de una Conferencia Estatal para el próximo día 10 de marzo en Madrid, para agrupar fuerzas, para reunir a todas las organizaciones que se reclaman de los trabajadores y organizar la movilización que impida a los que quieren acabar con el sistema público de pensiones, que se salgan con la suya.
