ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas. Presidente de la FAVSabadell

La llamada Llei Omnibus de CiU, aprobada en el 2011 supuso el ataque más importante a la línea de flotación de modelo de bienestar de Catalunya en los últimos 30 años. En ese marco de neoliberalismo rampante aparece la Instrucción sobre la reordenación de la atención oncológica de alta especialización, una directriz enmarcada dentro del paquete de recortes que hemos padecido en la sanidad pública de
Catalunya en estos años. Y de aquellos polvos vienen estos lodos.

De entrada conviene recordar que a) la sanidad pública española, incluso con los recortes sufridos, está entre las mejores del continente; b) que existe un ataque en toda regla contra el Estado de Bienestar aprovechando la crisis económica y c) que el neoliberalismo ha seducido a buena parte de la clase política para que promulguen medidas favorecedoras de las externalizaciones y privatizaciones de la sanidad pública así como los recortes tendentes a desprestigiarla para alentar el éxodo de pacientes a las mutuas privadas. Estas notas conforman un contexto de obligada referencia para entender el por qué se adoptan determinadas decisiones políticas en la sanidad pública y pueden ayudar para fijar posiciones en los foros donde se trate el tema.

Es un error llevar la discusión al terreno de quienes han saqueado la sanidad pública durante décadas porque hablamos lenguajes distintos: el de quienes priorizan los resultados económicos y el de quienes nos oponemos a la mercantilización de nuestra salud. Y la argumentación para demostrar la justeza de sus decisiones suelen basarla en datos estadísticos que como sabemos en no pocas ocasiones, más que servir para tomar decisiones, es justamente al revés: se “cocinan” los datos para justificar una decisión previamente adoptada que suele acompañarse con palabra como optimización, eficacia, eficiencia, etc. como si fuesen conceptos neutrales.

Optimizar los recursos desde la perspectiva social es necesario pero hace referencia a la gestión de los dineros públicos, dónde se destinan, qué se prioriza, etc., algo que no tiene nada que ver con la política de recortes que menoscaba el servicio a los pacientes.

La decisión de cerrar el servicio de oncología infantil del Taulí ha sido rechazada por la práctica totalidad de los partidos del municipio excepto por ERC (partido al que pertenece la Consellera de Salut) generando polémica y rechazo social con críticas dirigidas tanto a las formas como al contenido de la medida. En cuanto a las formas, de ser cierto como afirma el alcalde que no tenía conocimiento sería motivo suficiente para denunciar y exigir responsabilidades políticas a quien corresponda. En cuanto al fondo, el tema es más complejo debido, en gran parte, a la falta de transparencia política y la tendencia de ocultar/falsear/manipular datos para justificar decisiones. Pero resulta difícil creer en la nobleza de sus argumentos cuando en la sanidad pública (primaria y hospitalaria) han hecho auténticas salvajadas con el denominado común de los recortes que vienen siendo objeto de denuncias y movilizaciones desde hace años.

El Taulí es y debe seguir siendo un hospital de referencia para la comarca, (ya de por sí muy deficitaria en tema hospitalario) y eso es incompatible con cerrarla oncología infantil, un servicio que lleva décadas con excelente resultados y profesionales cualificados, sin perjuicio de acuerdos con l’Hospital de la Vall d’Hebron para derivar, cuando fuese necesario, los casos más complejos, dando así seguridad absoluta a enfermos y familiares, lo que nada tiene que ver con los argumentos mezquinos y populistas de quienes defienden su desmantelamiento. Lo que es urgente es paralizar los recortes; el retorno de lo recortado; llevar a cabo un diagnóstico consensuado sobre las necesidades de la comarca y establecer un calendario de actuaciones con un compromiso de las administraciones para llevarlo a cabo. Algo que no parece estar en la hoja de ruta de la Generalitat confirmando que hablamos en lenguajes distintos.