ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell
Si nos atenemos a la noticia del equipo de gobierno sobre la construcción de la residencia pública en Sabadell, podríamos decir que el movimiento vecinal y la ciudadanía estamos de celebración. Después de más de 17 años de lucha y presión popular a los políticos de turno de todos los colores y ámbito territoriales la habríamos conseguido. ¿De verdad? Porque los datos que van apareciendo tras de titular electoralista ofrecen más sombras que luces.
Desde un principio, el acuerdo en 2006 entre Ayuntamiento y Generalitat dejó claro que el Ayuntamiento cedía los terrenos y otorgaba las licencias y la Generalitat, como propietaria, se encargaba de su construcción y financiación. Tras inexplicables demoras, en el 2012, la Generalitat otorgó una partida de 30 millones de euros para su construcción y mantenimiento hasta el 2025. Un dinero que ‘desapareció’ sin que, por increíble que pueda parecer, nadie haya acreditado su destino final. En el 2016 la exconsellera señora Bassa en una visita a Sabadell se comprometió a construir la residencia.
Desde entonces, entre las administraciones y la plataforma impulsora de la reivindicación, los desencuentros han sido constantes. En la última fase de este proceso, de la comisión de trabajo creada entre Generalitat-Ayuntamiento-Plataforma en 2017, la Plataforma prácticamente ha sido excluida hasta tal punto que desconocía la propuesta que ahora han presentado (no es cierto que haya sido informada como afirma el conseller El Homrani).y las pésimas relaciones con el ayuntamiento generaron tensiones que acabaron con una declaración de persona non grata del regidor señor Fernàndez por su menosprecio a esa entidad.
Ahora, el equipo de gobierno propone municipalizar la residencia subrogándose en la obligación de la Generalitat. ¿Por qué?, ¿Dan por supuesto que la Generalitat de nuevo incumplirá su compromiso? Y si es así, ¿Por qué en lugar de subrogarse no exigen el cumplimiento de lo acordado? Lo cierto es que al menos una parte del equipo de gobierno es extremadamente sumisa con las decisiones de la Generalitat, como ha quedado patente con el cierre del servicio de oncología infantil del Taulí. Priman las consignas de partido por encima del interés de Sabadell.
Con la municipalización, el coste de la construcción, la contratación del personal necesario, los gastos de suministros y servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad, seguros, etc. correrá a cargo de las arcas municipales y la Generalitat, liberada de su obligación, se limitará a concertar 98 plazas durante 25 años. También dijeron que, a tales efectos, en días se firmaría un convenio con la Generalitat.
Pero no han firmado convenio alguno sino un protocolo con “voluntad de colaborar” entre ambas administraciones, cuya eficacia obligatoria y exigibilidad jurídica derivará de la concreción de un futuro convenio que fijará los términos del acuerdo que estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria de la Generalitat (“la parte contratante de la primera parte…”).
Lo que presentaron alegremente y que ahora califican como “declaración de intenciones” en román paladino se llama tomadura de pelo.
Las propuestas poco maduradas son fruto de las prisas cuando estamos en puertas de elecciones municipales y en este caso cada día se abren nuevos interrogantes. ¿Se construirá la residencia en los plazos señalados o se esperará a la firma sine die de un convenio condicionado por la “disponibilidad económica”? Y todo eso aderezado con elecciones de todo tipo que tenemos a vuelta de la esquina.
Igual estaban refiriéndose a una residencia simbólica o virtual.
