ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la FAVS
Ni es casual, ni anónima, ni neutral la miserable campaña que están llevando los grandes medios de comunicación y sus infalibles periodistas y contertulianos/as, inoculando en la gente mediante soflamas populistas, el virus de la alarma social y el pánico (más ficticia que real si nos atenemos a los datos oficiales), para que interioricemos estigmatizaciones sobre la ocupación. Pero a poco que rasquemos vemos lo que la campaña oculta. Sabemos que la estrategia de poner cortinas de humo para esconder los problemas de fondo (económicos, políticos o sociales), es utilizada normalmente por determinados partidos y el poder económico, o ambos en sintonía, difundiendo noticias sesgadas y con escaso o nulo rigor informativo con la que inducirnos a defender el actual desorden establecido (“es lo que hay”) y/o culpabilizar a las propias víctimas de los males que la sociedad padece, tapando tanto el origen del problema como a los causantes del mismo (que tienen nombres y apellidos).
En este caso, persiguen soslayar lo que dice el artículo 47 de la CE78 [Constitución Española de 1978] sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos prioricen el interés general para impedir la especulación. Y eso, en un Estado que carece de viviendas y alquileres sociales (un 2 por ciento frente al 17 por ciento por ejemplo de Francia), con un desempleo brutal, con buena parte de trabajadores mileuristas, es el origen de impagos de hipotecas o alquileres y obliga a muchas familias a buscar un techo donde vivir, y en ese contexto, la única opción es ocupar o irse bajo un puente.
Y llegados a este punto conviene aclarar conceptos e informar al respecto.
El allanamiento de morada. Implica que si alguien ocupa sin consentimiento la morada de una persona (sea primera o segunda residencia), está cometiendo un delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 292.1 y 290.2) al tratarse de un delincuente in fraganti, basta presentar una denuncia ante los Mossos d’Esquadra para desalojarlo rápidamente, devolver la vivienda al titular y poner a disposición judicial a los delincuentes.
La usurpación. Es lo que se entiende como ocupación y acumula más del 80 por ciento de las viviendas ocupadas y hace referencia al supuesto que la vivienda en cuestión está desocupada y no constituye la morada de nadie (son de bancos, fondos buitres, grandes inmobiliarias, especuladores o de la administración) y cuyo procedimiento para el desalojo es distinto y más largo (aunque existe el desahucio exprés).
Es decir, no es cierto lo que nos venden: ¡cuidado, si vas a comprar o de vacaciones porque cuando vuelvas te puedes encontrar tu vivienda ocupada! Es una alarma social construida que sirve para vender alarmas (se están forrando las empresas) y lo utilizan como árbol para impedirnos ver el bosque, a saber: el paro; la precariedad laboral; la falta de viviendas con alquileres sociales asumibles y, como no, los 154.000 desahucios por falta de pago (hipoteca o alquiler) durante 2019 que dejan familias en la puta calle.
Un sistema que permite la existencia de más de un millón de viviendas vacías y cientos de miles de personas sin vivienda, es tan injusto como irracional que exige una regulación de acuerdo con la CE78 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para acabar o paliar con esta dramática situación.
Pero, sin perder de vista lo anterior, la FAV considera una prioridad de primer orden actuar, de acuerdo con la ley, enérgicamente (tolerancia 0) y sin complejos ni paternalismos contra quienes tienen comportamientos incívicos (sean okupas o no) degradando la convivencia y en especial en la desarticulación de las mafias que aprovechándose de la situación de familias desesperadas, ofrecen una vivienda a cambio de dinero por el método de patada en la puerta.
Y en ese estado de cosas, no puede explicarse el por qué durante años no se haya construido vivienda social en Sabadell. La inacción de los gobiernos locales, que poco o nada han hecho ante el gravísimo problema, es injustificable y muestra la poca sensibilidad de las políticas públicas sociales han llevado a cabo relacionadas con la vivienda.
Que el actual Equip de Govern, se proponga a través de VIMUSA construir 362 viviendas en este mandato, aunque insuficiente, es un primer paso para salir de la pasividad en la que estaba instalada la ciudad desde hace años, pero también debe ser un punto de inflexión a partir del cual promover el aunar esfuerzos y recursos públicos y privados, así como para atender las propuestas ciudadanas como las de Sabadell 5000 o la cooperativa de cesión de uso de la FAV, etc, porque es evidente que si se quiere afrontar la magnitud del problema de la vivienda es necesaria tanto la implicación del máximo de agentes sociales y económicos para afrontar el reto con ciertas garantías como la voluntad política para abordarlo.
