ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de FAVSabadell
Vivimos en un mundo en el que, a la inmensa mayoría de los humanos, las circunstancias y sus inercias nos arrastran a una dirección determinada sin que sepamos muy bien el por qué, o lo que es lo mismo, hace que no tengamos control sobre nuestro propio destino. Es lo que refleja el que Alex K (salvando el contexto, el Josef K sabadellense en “El proceso” de Kafka), decidiese quitarse la vida, dejando al descubierto, más que deficiencias, las crueldades de un sistema cuyo fin es autoprotegerse por encima de cualquier otra consideración.
Alex K, de 70 años, vecino de Sabadell, se despierta una mañana y descubre que, una justicia y burocracia que no comprende, le ha desahuciado del domicilio en el que estaba viviendo desde hacía más de 30 años con su pareja aquejada de graves problemas de movilidad. Algo más de 3.000€ tienen la culpa. El sistema ha actuado conduciendo a Alex K a una situación de impotencia y a una depresión insuperable con un desenlace fatal. Un proceso que potencialmente conlleva alienación, aislamiento y deshumanización afectando trágicamente a la psicología del individuo. Y así acaba todo. La justicia convertida en una herramienta al servicio del sistema, conduciendo a un hombre común y corriente, a un mundo hostil y extraño hasta la desesperación.
Más allá de la desinformación interesada de los mass media, por razones obvias, ofreciendo una visión tergiversada del gravísimo problema de la falta de vivienda social y de lo kafkiano de que existan cientos de miles de viviendas vacías y cientos de miles de familias sin vivienda, lo cierto es que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en España, durante el 2023 se llevaron a cabo 26.659 desahucios de los cuales 7.148 (un 26,8% del total) se registraron en Catalunya que lidera el ranking estatal. Y, más allá de las frías estadísticas, detrás de cada desahucio están personas, familias y el sufrimiento irreparable que sufren en cada uno de los lanzamientos, algunos de los cuales, como en el caso de Alex K, acabaron en un fatídico desenlace.
En Catalunya, del total, más de 5.158 se produjeron por falta de pago del alquiler. Un dato significativo que indican que eran familias con contratos de arrendamiento que, por situaciones (paro, falta de recursos…) no podían abonar la renta como el caso de Alex K. Sin caer en culpabilizaciones, se trata de una situación distinta de quienes, en puridad, se pueden catalogar como “okupas”, respecto a los cuales, cabe distinguir de una parte a las familias sin viviendas que okupan viviendas vacías de bancos y fondos buitres y de otra a las mafias/delincuentes que las ocupan para sus actividades delictivas, respecto a los cuales se reclama tolerancia cero.
Podría alegarse que, el caso de Alex K, se enmarca en un proceso legal actuado a instancia de parte, lo cual no es óbice para denunciar que algo no cuadra cuando la resolución legal (no necesariamente justa en orden a las consecuencias) incita al suicidio a alguien como única forma de poner fin al profundo dolor que le ha causado. Urge una compatibilidad entre propiedad privada y derecho a la vivienda que al amparo del interés general ponga coto a la especulación inmobiliaria de grandes tenedores y garantice vivienda con alquiler social lo que requiere medidas como penalizar a la banca/fondos buitres, construir vivienda social necesaria, regulación social de los alquileres, etc.
Por último, denunciar que el suicidio de Alex K, además de reflejar un fracaso social, dice mucho del fiasco de los protocolos y su aplicación y del claramente mejorable papel de las administraciones que teniendo la obligación de atender a las personas y sectores que sufren marginación/exclusión social no han sabido hacerlo. Por transparencia y respeto a la memoria de Alex K, alguna responsabilidad política debería ser investigada y, en su caso, depurada.
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