iSabadell conversa con cuatro familias de las 23 que residen en el inmueble.
Sus testimonios revelan la dureza de la crisis entre las clases populares.
Desde hace siete meses la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi a Sabadell mantiene la ocupación del bloque de pisos en la calle Sant Ferran, propiedad de llamado banco malo, y que acoge a familias y personas que estaban en peligro inminente de verse en la calle.
El 13 de abril del 2013 la denominada Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) ocupó el bloque de pisos ubicado en la calle Sant Ferran, casi tocando a la Plaça del Treball en el barrio de Gràcia (más información: ‘La PAH ocupa un bloc de 40 pisos al barri de Gràcia‘). Un edificio de 40 viviendas, antigua propiedad del Banco Mare Nostrum. Su actual titular es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, denominada SAREB, y conocida popularmente como el “banco malo”.
El bloque pisos es el tercero y el mayor de los inmuebles que la Obra Social de la PAHC ocupa en Sabadell, los otros dos están ubicados en los barrios de Campoamor y Can Rull. Su ocupación o “liberación”, en la terminología de la plataforma, provocó la interposición de una denuncia por parte del SAREB ante el juzgado de instrucción número 4 de Sabadell para proceder al desalojo cautelar del edificio.
En mayo esta demanda fue desestimada por la jueza, argumentando que el derecho a la propiedad no es absoluto y está limitado por su función social. También estimó el hecho que el inmueble nunca hubiese estado habitado, llevase cuatro años vacío y que la sociedad de gestión de activos tóxicos no hubiese planteado ninguna alternativa para dar un uso social al edificio.
Negociaciones
Hasta ahora el SAREB se había negado a negociar con la PAHC un alquiler social hasta que, en el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, celebrado del 23 al 27 de octubre, el “banco malo” se comprometió a reunirse con la plataforma para tratar el tema.
Actualmente, residen en el edificio 23 familias, algo más de la mitad de origen inmigrante. Algo nada extraño pues se trata de uno de los colectivos más vulnerables a la crisis y que no disponen del apoyo que presta el entorno familiar. Si el inmueble no está completamente ocupado se debe a los problemas con el suministro de electricidad. De momento, disponen de una conexión precaria, de 125 voltios, que impide hacerlo en todas las viviendas. Tanto es así que la colada se hace en días alternos entre las cuatro plantas del inmueble.
Desde hace meses intentan negociar con el Ayuntamiento y las compañías suministradoras la regularización de su situación, pues los ocupantes del inmueble están dispuestos a que se instalen contadores y a pagar las facturas.
Pan congelado
La pareja formada por Laura Galindo y Miguel Ángel Mateo, de 29 y 41 años respectivamente, tiene a su cargo a tres menores de diez, ocho y cinco años, hijos del anterior matrimonio de Laura y que a esta hora están en el colegio. Al quedarse ambos en paro hubieron de abandonar su vivienda y se trasladaron, en el 2009, al domicilio de los padres de Laura en el barrio de Can Deu. Los padres no pudieron hacer frente a su hipoteca y la entidad financiera, tras una dura lucha vehiculada a través de la PAHC, les concedió la dación en pago. Así que liquidaron la deuda, pero todos -padres, hijos y nietos- se vieron en la calle al no concedérseles el alquiler social.
Tras un largo, penoso e infructuoso recorrido por Servicios Sociales, VIMUSA y Ayuntamiento para acceder a una vivienda en régimen de alquiler social, expusieron su caso a la PAHC, que decidió alojarles en este piso de tres habitaciones y a los padres de Laura en otra de las viviendas.
Laura y Miguel Ángel enseñan unas fotos que demuestran el mal estado en que hallaron el piso, con numerosas humedades y otros desperfectos que han tenido que reparar. Uno de los motivos por los que el SAREB se cierra en banda a aceptar el alquiler social es que cataloga estos pisos como de ‘alto standing’ porque estaban provistos de termo, lavavajillas, encimera, horno y lavadora –explica con sorna Miguel Ángel-.
Laura había trabajado de camarera y de cajera de supermercado y Miguel Ángel era oficial montador de pladur. Actualmente no disponen de ningún ingreso desde que, en julio, Laura dejó de cobrar la PIRMI o Renta Mínima de Inserción de 506 euros mensuales. Ambos critican con dureza a los Servicios Sociales pues aseguran que la razón para retirarles durante un año la prestación fue que no comunicasen que estaban habitando en un inmueble ocupado donde no pagaban alquiler ni facturas.
Sobreviven gracias a los lotes de alimentos del Rebost Solidari y a la ayuda de los padres de Laura que perciben cada uno 426 euros al mes.
Antes de partir enseñan un gran congelador lleno de pan. Dos panaderías de la ciudad les dan las barras que han sobrado el lunes y viernes. Las congelan y distribuyen a lo largo de la semana entre el resto de ocupantes del inmueble.
Hipotecados
Sara Solís de 31 años de edad, vecina de Can Rull, vive desde hace cinco meses con su marido y sus dos hijos de diez y cinco años en el bloque. Ella trabajaba de carnicera y él de operario metalúrgico. Ambos perdieron sus empleos y están cobrando los 426 euros mensuales de subsidio de desempleo cuya duración máxima es de dos años. A ella le quedan cinco meses y a él un año para acabarlo.
El matrimonio suscribió una hipoteca con Unnim, ahora propiedad del BBVA, por un pequeño piso de 50 metros cuadrados en la plaza Rómulo de Can Rull por un valor total de 200.000 euros y por el que llegaron a pagar una cuota mensual de 1.200 euros que al final se redujo a 900. “Unos pisitos que ahora se están vendiendo por 30.000 ó 40.000 euros” –observa Sara-.
Al quedarse los dos en paro, hace un año, no pudieron hacer frente a la hipoteca y se pusieron en contacto con la plataforma, que les estuvo asesorando, hasta conseguir la dación en pago que “no costó mucho, pues en realidad cumplíamos todos los requisitos”. Sin embargo, les resultó imposible que les concediesen el alquiler social por lo que se vieron en la perspectiva de verse en la calle.
También Sara se queja amargamente de la gestión de Servicios Sociales. Cuando les expuso su caso y la petición de una vivienda de alquiler social, hace ya ocho meses, le dijeron que en 15 días le darían una respuesta. Asegura que aún está esperando.
El matrimonio, a pesar del esfuerzo que ello supone, continua llevando a sus hijos al colegio de Can Rull. Si su situación económica mejorase abandonarían esta vivienda de dos habitaciones y alquilarían alguna en su barrio.
De Nigeria a Bélgica pasando por Sabadell
Doris Okunzuwa, de 34 años de edad, es de nacionalidad nigeriana y hace 13 años que vive en España. Está parada, no tiene ningún ingreso y está tramitando el PIRMI. Antes había trabajado en la fábrica, en el campo y “en lo que iba saliendo”. En el 2009, viendo que aquí no había empleo, se fue a Bélgica con permiso de trabajo para la recogida de la pera que luego alargó con otros empleos.
En 2011 tuvo que regresar a Sabadell donde tras muchos problemas burocráticos consiguió cobrar las prestaciones sociales (E-311) que le correspondían por sus trabajos en Bélgica. Con estos magros ingresos se alojó en una habitación alquilada por la que pagaba 200 euros al mes. Tras agotar la prestación y no poder pagar el alquiler, residió durante casi un año en la Casa de Acogida para mujeres maltratadas del Ayuntamiento, cerca del Hospital Taulí, rebasando el límite de tiempo de permanencia que suele ser de tres meses.
A través de una compatriota se enteró de la existencia de la PAHC y, desesperada asistió a una de las asambleas semanales de los miércoles en la sala polivalente del Norte, en la Ronda Navacerrada. Tras exponer su caso, le asignaron este piso donde, desde el 14 de junio, vive sola.
Críticas a los servicios sociales
El matrimonio formado por Manuel Valero, de 48 años, y Gloria Santín, de 45 años, ocupan un piso en la planta baja del inmueble. Él era soldador y se quedó en paro en el 2005. Padece, como demuestra un informe médico, fibromialgia. Sin embargo, en el 2008, el tribunal médico de la Seguridad Social no le reconoció la incapacidad laboral y ahora no percibe ningún ingreso.
Su esposa era autónoma y regentaba una pequeña empresa de reparto de correspondencia bancaria. Desde hace cuatro años y medio cobra 478 euros al mes del PIRMI, que le fue retirado y que recuperó tras un largo contencioso en el que llegó a intervenir el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
Sus problemas de vivienda empezaron en el 2009, cuando fueron desalojados de un piso en La Concòrdia propiedad de unos familiares cuando no pudieron hacer frente al alquiler. De allí se trasladaron a otro piso alquilado en el mismo barrio donde estuvieron viviendo hasta el 2012 y por el que pagaban 600 euros al mes, cuyo coste no pudieron hacer frente tras agotar su marido las prestaciones laborales y ella consumir los ahorros. Así que se mudaron a una habitación alquilada con derecho a cocina por la que pagaban 275 euros al mes que tuvieron que dejar cuando a ella se le retiró el PIRMI. Entonces acudieron a la asamblea de la PAHC donde expusieron su caso y desde el 1 de junio residen en este piso.
Como el resto de los entrevistados Manuel y Gloria critican duramente el trato recibido por los Servicios Sociales donde aseguran que no han encontrado ayuda y sólo trabas.
La coordinadora comarcal de Servicios Sociales llegó a decirme, cuando le pedimos una vivienda con alquiler social, que ya llevábamos demasiados años chupando del bote”- afirma Gloria indignada.
Como muchos de los inquilinos del bloque, el matrimonio ha recurrido a la ayuda del Rebost Solidari y a veces a supermercados de la zona.
En algunos casos, los empleados han llegado a decirnos, con mucha pena, que tienen terminantemente prohibido dar comida, ni que sea caducada y que tiene órdenes de rociarla con detergente para que nadie pueda aprovecharla.”
Estos testimonios son como gotas de agua en el océano de una crisis que está afectando con extraordinaria dureza a las clases populares.
