No hay como que mueran más de 500 personas para que los diarios se llenen de denuncias, acusaciones y demás quejas de todo tipo para obligarnos a pensar en las situaciones de completa ilegalidad en la que se encuentran muchos ciudadanos del mundo. Si una cosa y negativa tiene la globalización es que no nos enteramos casi nada del origen de los productos que compramos, a pesar de que existen leyes que obligan a los empresarios a informarnos de todos los detalles referentes a la composición, comercialización y distribución de todos ellos.
Claro que hecha la ley, hecha la trampa, y el producto puede ser confeccionado en un taller en Vietnam, con tejido proveniente de la India y manufacturado en Bangladesh. Las etiquetas se cosen aquí y allá y un halo de culpabilidad cubre a todos estos empresarios que han trasladado sus “fábricas” a lugares donde la miseria recorre todos los rincones habidos y por haber y donde por 12 euros al mes, personas de toda condición, incluidos niños y niñas menores de edad trabajan más de diez horas al día en condiciones infrahumanas.
Esta historia no es nueva. Ya hace décadas que sabemos que unas zapatillas, una camiseta o unos pantalones nos cuestan más baratos porque alguien lejos de nuestras fronteras sobrevive miserablemente a costa de la desvergüenza y de la falta de escrúpulos de los nuevos o viejos ricos que así pueden evadir fácilmente el pago de impuestos en España. A nosotros, consumidores, ya nos va bien, porque la crisis que nos afecta hace que busquemos más el precio que la calidad y nos importa un pepino si en las antípodas las personas son tratadas como animales.
La muerte de esas 500 personas en Bangladesh vuelve a destapar los talleres clandestinos, donde empresarios españoles comercian con personas como si de ganado se tratara. Cuentan con nuestra complicidad porque no somos conscientes del daño que hacemos cuando compramos esas marcas que ya nada se esconden. El Corte Inglés, Mango, Benetton, Adidas, Nike y tantas otras disponen de mano de obra barata, sumisa, sin derechos de ningún tipo y atrapada entre la miseria y el miedo.
También la empresa Zara, con el supermillonario Amancio Ortega a la cabeza, ha sido denunciada en varias ocasiones por las organizaciones de derechos de los niños en Argentina por mantener pequeños talleres donde éstos trabajan 13 horas al día en condiciones de salubridad e higiene lamentables. Zara siempre lo ha negado pero las empresas son subcontratadas para eludir la acción de la justicia, abriendo y clausurando continuamente talleres para evitar precisamente las inspecciones.
La organización Ropa Limpia pide el apoyo y la firma para denunciar a las empresas que en pleno siglo XXI utilizan la esclavitud para obtener pingües beneficios que nunca revierten en sus trabajadores y que mucho me temo que van a parar a paraísos fiscales para así doblar o triplicar los rendimientos económicos.
Poderoso caballero es don dinero y en un intento de lavar su cara, las empresas El Corte Inglés, C&A, KIK y Piazza Italia han acordado finalmente adherirse al plan de compensación que exigía entre otras organizaciones sociales y sindicales, Campaña Ropa Limpia. Éstas ofrecen millones de euros a las víctimas para intentar pasar página y “volver a la normalidad”. Siguen en silencio cómplice Mango y Benetton, aunque no tardarán en aceptar viéndose señaladas por la culpabilidad.
La publicidad es y será siendo muy engañosa, manipuladora y tremendamente tergiversadora. Un titular como el que esas empresas esperaban y que seguramente han pagado, no vale el dolor y la impotencia de esas personas que se ven forzadas a aceptar los estrictos requisitos impuestos por las grandes multinacionales y que con este gravísimo accidente quedan en evidencia. Solamente la acción coordinada de la mayoría de los usuarios, boicoteando sus tejidos teñidos de sangre humana, podrá parar la barbarie y la falta de escrúpulos de los que llamándose patriotas, prefieren “invertir” en el extranjero para llenarse los bolsillos de dinero sucio. Las acciones de repulsa deben multiplicarse por todos los medios, pero, como digo, es el consumidor final el que tiene la última palabra.
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