ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell

Contra la creencia popular, conviene aclarar que el consorcio Corporació Sanitaria del Parc Taulí (‘el Taulí’), no es un hospital público, sino una más de las entidades integradas en la Xarxa Hospitalaria d’Utilitat Pública (XHUP), que actúan como ‘proveedores’ de servicios socio sanitarios, para ‘vender’ a la Generalitat su ‘producto’, quien los ‘compra’ a través del CatSalut. Esta dualidad entre “proveedores” (ICS, la XHUP, hospitales privados…) y “compradores” (CatSalut) forma parte de un complejo andamiaje construido interesadamente en torno a la sanidad y cuyas consecuencias, más allá de cualquier otra consideración, es el paulatino proceso de privatización y los recortes que padecemos en la sanidad pública.

Algunas notas sobre los consorcios dan pistas sobre el por qué se crearon. Son entidades que carecen de un registro público donde se pueda consultar sus memorias y cuentas anuales. El consorcio del “Taulí”, aunque en su composición, la Generalitat tiene mayoría y su presupuesto es aprobado por el Parlamento, sus cuentas no son de acceso público hasta que la Sindicatura de Cuentas emite un informe público, pero que, como en el mejor de los caso, del resultado la opinión pública se entera pasado años, los negocios ya han enriquecido a algunos y el desmantelamiento del servicio público ya está puesto en marcha.

Una situación que directamente ha favorecido prácticas corruptas o irregulares en la sanidad pública catalana como se han ido destapando en los últimos años con casos escandalosos, lo que viene a confirmar la imposibilidad o enormes dificultades para llevar a cabo un control efectivo de esas entidades. Sirva de ejemplo que la gestión del “Tauli” de los años 2008 al 2011 ha sido en el 2013 cuando la Sindicatura ha emitido su informe señalando graves irregularidades de gestión.

Si a esa opacidad le añadimos que todo el sistema de gestión de la sanidad pública gravita en torno a lo que se llama “mercado relacional”, basado en profundas y duraderas relaciones personales de gerentes y presidentes marcadas por la afinidad personal, ideológica o política entre planificadores, financiadores y proveedores (públicos, semipúblicos y privados), entre otros, la cuadratura del círculo queda cerrada, abriendo las puertas a todo tipo de fundadas sospechas

Tanto es así, que en el 2005, un Grupo de trabajo sobre el buen gobierno y transparencia administrativa, presidido por el exSíndic de Greuges, Sr. Anton Cañellas, ya recomendaba la adopción de un criterio “drásticamente restrictivo a la hora de constituir nuevas empresas y consorcios públicos, para evitar la proliferación de la burla del control administrativo que facilita el maquillaje contable-financiero y provoca que se diluyan las responsabilidades políticas”. Lógicamente, ni caso.

En tal situación la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAV) ha instado a los Grupos Municipales a que presenten en el Pleno del abril una moción elaborada por la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública, recabando información y transparencia respecto a la gestión del Taulí. Una petición que parece un contrasentido, porque lo normal es que un servicio público financiado con fondos públicos, tenga una gestión pública. Pero como eso no es aplicable al “Taulí”, al menos, que la ciudadanía conozca cómo gestionan su dinero.

Es una información vital para llevar un análisis con cierto rigor y no basado en meras especulaciones. Como el sistema de salud depende de las decisiones políticas adoptadas en función de los intereses que se quieran favorecer, los números aportan claves sobre esas pretensiones y en parte explican los recortes que los/as pacientes sufrimos en todos los órdenes (asistencia primaria, urgencias, hospitales, cierre de camas, quirófanos, listas de espera, derivaciones a hospitales privados, privatizaciones, externalizaciones, etc. y el personal sanitario (ataque sin precedentes a sus derechos sociales, económicos y laborales).

Disponer de los datos solicitados, como derecho ciudadano, es imprescindible para examinar las deficiencias y agravios que padece nuestra comarca en sanidad. Una herramienta que puede ser útil en la lucha por evitar el desmembramiento de la sanidad pública y su entrega a empresas privadas para que hagan negocio con nuestra salud (empresas a las que indefectiblemente irán a parar buena parte de esos políticos que nos venden la moto de que la sanidad pública no funciona y que debemos caminar hacia la privada). No obstante, el Pleno decidirá si está o no por la transparencia (en Cerdanyola y Badía, la han aprobado).