La sala civil y penal del TSJC desestima el recurso de la defensa en la pieza de Montcada por amañar un concurso.
Tras esta resolución, que no es recurrible, solo resta que el juez dicte el auto para la apertura de juicio oral.
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por las defensas de los cuatro imputados para que se archivara la causa por ‘enchufar’ en el Ajuntament de Montcada a Carmina Llumà, ex secretaria general de Obras Públicas en el tripartito.
En la pieza separada numero 5 del caso Mercurio están imputados Daniel Fernández, diputado autonómico y ex secretario de organización del PSC, el ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y su hermano el concejal Paco Bustos, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez.
Se trata del último trámite antes de la apertura de juicio oral, lo cual deja a los cuatro imputados en puertas de ir a juicio y sentarse en el banquillo de los acusados. De este modo pasarían de la situación procesal de imputados a la de acusados, lo cual según el código ético del PSC comportaría la renuncia a sus cargos públicos.
El pasado mes de abril, el magistrado del TSJC, Joan Manuel Abril, acordó mantener como imputados por tráfico de influencias a Fernández, los hermanos Bustos y María Elena Pérez a la que además se le adjudica un delito de prevaricación. Los acusados recurrieron contra esta decisión ante la sala civil y penal del TSJC, que ahora ha acordado mantener su imputación, en un nuevo auto que ya no es recurrible.
Escuchas telefónicas
La sala civil y penal del TSJC da la razón al magistrado y considera que hay “indicios racionales de criminalidad” que aparecen explicados “con sumo detalle”. Las alegaciones de la defensa, argumentan los magistrados, “traspasan los límites propios de la fase instructora” y se han de resolver en el inicio de la vista oral. Con el aval del TSJC, y después de que la Fiscalía haya solicitado penas de prisión para los acusados, el juez instructor del caso deberá dictar el auto de apertura de juicio oral.
Además de rechazar las peticiones de sobreseimiento, el auto del TSJC también avala la legalidad de las intervenciones telefónicas, una de las principales pruebas en esta pieza del caso Mercurio. La orden del juez de intervenir el teléfono de Bustos cumple los requisitos “de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y excepcionalidad”. En las sucesivas prórrogas para mantener los teléfonos pinchados, el juez “detalló el grado de evolución de la investigación y los indicios racionales contra los investigados”, por lo que “tuvo en todo momento un real y auténtico control de la medida”.
El fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, presentó en mayo pasado su escrito de conclusiones provisionales, donde pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación para Daniel Fernández, María Elena Pérez, Manuel y Paco Bustos. También impone una multa de 108.000 euros por un delito de tráfico de influencias. Para la alcaldesa de Montcada, el fiscal pide además otros dos años de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación.
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