EL SUMARIO DE MERCURIO
Manuel Somoza Barreiro es arquitecto y hasta hace poco director del Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Patrimoni de l’ajuntament de Sabadell, que dejó por jubilación. Está imputado por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, falsificación documental, prevaricación y contra la ordenación del territorio y urbanismo. Además, está implicado en otros tres hechos presuntamente delictivos.
La imputación por omisión de perseguir delitos se sustenta en el papel que Somoza ejerció en la reunión con el empresario José Ríos Martín de Excavallès Occidental SL, que habría hecho llegar al alcalde Manuel Bustos un pendrive con grabaciones que demostraban los sobornos a Jordi Soriano.
De la investigación de los Mossos se deduce que, cuando Bustos tuvo conocimiento del contenido del pendrive, ordenó a Somoza que montase una reunión con Ríos Martín con el pretexto de tratar del vertido de tierras en Can Ustrell, propiedad de Guillem Ustrell Feliubadaló, que era president del Parc Agrari donde se ubica finca y también imputado en la causa. En realidad, el objetivo del encuentro, al que asistieron José Miguel Durán, jefe de la Policía Municipal y Marcel Galofré, jefe de los Servicios Jurídicos del Consistorio, fue presionar al empresario para cesara de amenazar con la difusión de estas informaciones.
Bustos y Somoza, en vez de denunciar a la justicia el contenido de estas grabaciones, hicieron lo contrario y consiguieron, nunca mejor dicho, echar tierra al asunto. Por ello ambos están imputados (más información: ‘Los Mossos relatan varios sobornos a Jordi Soriano‘).
Por esas fechas Ríos le comenta a Julio César Pombo, empresario, ex regidor del PP en Castellar del Vallès y hombre de confianza de Garrido, que Soriano le había pedido 50.000 euros para pagar un “viaje de placer” en un crucero para éste, Manuel Bustos, Manuel Somoza y sus respectivas parejas. Ríos reconoce que en principio tuvo dudas que el viaje se realizase, pero aseguró que más tarde supo que se habría realizado.
Garrido: “Vamos a ir todos a la cárcel”
A lo largo de las numerosas conversaciones interceptadas a Melquíades Garrido, presidente del Gremi de Constructors y tío del alcalde, se desprende que ante cualquier impedimento telefoneaba inmediatamente al departamento de Urbanismo para contactar con Somoza y otros cargos y funcionarios que le solucionaban los problemas con “diligencia, proporcionándole información y dándole prioridad en los trámites administrativos”, según relatan los investigadores.
Una clara muestra de ello son las obras de la calle Fernando Poo con incrementos en la edificabilidad permitida. Tanto es así que Garrido comenta a la propietaria, Paquita González, que si se descubre “vamos a ir todos a la cárcel”. Las obras sólo contaban con permiso de reformas (para cambiar una cubierta) y se había aprovechado la circunstancia para aumentar la altura del bloque de pisos. Para encubrir estas irregularidades, Garrido llama al técnico encargado de la inspección a cargo de Gremi de Constructors y le conmina para que, a pesar de las manifiestas irregularidades, emita un informe favorable.
Tú eres de nuestro equipo, juegas en nuestro club (…) Tienes que emitir un informe favorable. Tú eres nuestro colaborador, no eres colaborador de la Inspección de Trabajo”, afirma Garrido.
La cosa se complica cuando vecinos de esta calle denuncian las irregularidades al departamento de Urbanismo, uno de cuyas técnicas fotografía el edificio. Eso no inquieta a Garrido que comenta a uno de sus empleados que contactará con Urbanismo “para que paren las cosas”. Agentes de la Unidad de Investigación de los Mossos se desplazaron a esta calle donde la vecina denunciante les confirmó que sus numerosas denuncias, verbales y escritas, no habían tenido el menor eco en el Ayuntamiento.
Preocupado por estas denuncias, el constructor expone el caso a Somoza, quien le pide los datos del expediente. El 11 de octubre el arquitecto le comunica que el tema está resuelto y que no tenía nada que temer por parte del Ayuntamiento.
Sant Pau de Riu-sec
Melquíades Garrido llama a su sobrino, el alcalde Manuel Bustos, para interesarse por el Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-sec. Bustos se muestra circunspecto, de este tema mejor no hablar por teléfono y tratarlo personalmente. Días después, Bustos dio una serie de directrices a Somoza sobre las cuales informa a su tío.
En principio, de aquello no hemos hablado, le he encargado a Somoza que monte una reunión (…) Mi discurso es que el sector sabadellense está un poco mosca y que hemos de compensar con aquellas cosas que puedan ser compensables”.
Somoza se pone en contacto con Garrido, que le insiste en la discreción con que deben llevar el asunto y le transmite las instrucciones recibidas:
El alcalde me dijo que mirara a ver qué… qué podíamos hacer por ahí abajo en Sant Pau de Riu-sec, si podíamos sacar alguna cosa… algún trabajillo” y le informa que “vamos a hacer una reunión discreta contigo y con la gente de absoluta confianza y discreción (…) Si yo tengo que estar en la reunión tiene que ser discreta al mil por mil”.
El constructor le responde que deben operar “cómo hicimos con VIMUSA en Can Roqueta”. Una referencia que, según los investigadores policiales, podría corresponder a la adjudicación irregular de naves industriales en dicha zona a la empresa Contratas y Obras SA, vinculada a Néstor Turró Homedes.
La reunión se celebró el 18 de febrero de 2011. A tenor de las conversaciones interceptadas, Garrido se presentó como el representante de los constructores vallesanos y se acordó que la información y la documentación necesaria para presentar las ofertas a Vantoureix, promotores del parque empresarial, sería canalizada por el presidente del Gremi de Constructors. Por otro lado, Garrido da instrucciones a una trabajadora del gremio para que sólo proporcione esta información a sus socios. Así se lo comenta a Ramon Palau, vicepresidente del Gremio:
Yo tengo una cosa que ha costado mucho hacer los contactos (…) 20 naves ahí en Sant Pau (…) Este tema lo vamos a llevar un poco chitón, incluso con los propios industriales (…) A ver si va a comenzar a correr la voz y se va armar la de Dios en verso”.
Así Garrido presenta diversos presupuestos con terceras empresas que no participan realmente en el proyecto:
Oye, va, dame tu NIF y tal, que te vamos a poner aquí como tal (…) los nombres que le ponemos es igual (…) los ponemos en un papel en blanco si conviene”. Garrido es consciente del riesgo que Vantoureix se dé cuenta del engaño: “Porque si ven esto, pues nos lo acaparamos todo nosotros, pues dirán: vaya, vaya perla, vaya perla, éstos lo cogen todo ellos”.
Se desconoce si Vantoureix tuvo conocimiento de estas maniobras. En cualquier caso, estos planes no llegaron a cuajar. Así se lo dice a Somoza: “¿Qué cojones ha pasado con lo que habíamos reunido…con la reunión que habíamos hecho?”
Bustos: “Si yo mando al Somoza, el Somoza interviene”
De las numerosas conversaciones interceptadas entre Somoza y Garrido, los investigadores deducen una estrecha colaboración en la adjudicación de licencias. Hasta el punto que el arquitecto se queja del comportamiento de ciertos funcionarios con plaza fija que tienen la decisión final en la firma de ciertas licencias.
Es que… a más es que tienen plaza. No es aquello que no le puedes sacar para otro lado. Puedes no darles trabajo pero como que hay un momento en que tienen que firmar, porque son ellos los que tienen plaza lo tienen así cogido”.
En otra comunicación Garrido lo explica al ingeniero y empresario Quique Blasco cómo ejerce su influencia en el Ayuntamiento: “Entonces hago contactos a través de Somoza y del uno y del otro para que me preparen el camino cuanto mejor, mejor.” O como le dice Bustos a su tío: “Si yo mando al Somoza, el Somoza interviene”, a propósito de la operación, que tampoco llegó a cuajar, de instalar un concesionario de Audi en Sant Pau de Riu-sec en la que Garrido tiene un gran interés ya que él sería el encargado de construirlo.
Facturas, información y propaganda
Como ya explicó en su momento iSabadell, Manuel Somoza está imputado también por ordenar falsificar una factura (más información: ‘La factura falsa de Manuel Somoza‘). En junio de 2011, Carles Rossinyol, portavoz de CiU, pidió datos sobre una factura por una publicación y exposición sobre la ciudad de Sabadell, encargada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) pero sufragada por el ayuntamiento.
Somoza teme que la oposición le acuse de malgastar fondos públicos para hacer propaganda encubierta. Para evitarlo le ordena que cambie la fecha de la factura (30 de junio en vez de 4 de julio), pues así no entraría en el periodo auditado y no se podría fiscalizar.
Assegura’t de què tingui la data del 30 de juny, eh? Perquè si tenen la data d’avui o de demà hem begut oli, eh? Perquè quan entri el Rossinyol a verificar tot el rollo de la liquidació d’empresa, dirà mira, goita, eh? molt d’austeritat, però s’estan fent propaganda… propaganda… és propaganda, és publicitat. No és informació, entens? (…) La diferencia entre informació i propaganda és qui paga mana i com que nosaltres hem pagat manem nosaltres. Per tant, lo que és diu és a favor nostre (…) Per això, jo insistia molt en que fos un encàrrec de la fundació”.
Somoza se refiere a la fundación Sabadell Nova, que dejaría de existir cuando llegase el momento de la fiscalización. Antes de finalizar la conversación ambos interlocutores expresan sus inquietudes por ciertas irregularidades en el Impuesto de Sociedades.
