Se trata en todos los casos de desalojos por impago del alquiler al propietario de la vivienda.
Se acuerda realojar en pensiones a los afectados mientras se encuentra una solución.
Al mediodía del jueves un centenar de militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) ocuparon el vestíbulo del ayuntamiento de Sabadell, donde depositaron colchones, somieres y otros enseres domésticos, como medida de presión para hallar solución a cinco casos, tres de ellos de extrema urgencia, que se veían en peligro de verse hoy mismo durmiendo en la calle.
En todos los casos se trata de personas y familias que no pueden pagar el alquiler de su vivienda, como una mujer embarazada de ocho meses y madre un niño de seis años o Aixa, una joven viuda de 25 años de origen marroquí que anteayer durmió en un cajero automático y que fue recogida por una compatriota en su casa que la puso en contacto con la PAHC, o Kazeem Iyanda, nigeriano de 49 años, residente en la ciudad desde hace 12 años.
También están en peligro de urgencia habitacional un matrimonio de ancianos de la céntrica calle Josep Renom cuya fecha de expulsión es el 5 de noviembre y una familia de Torre-romeu con seis hijos con orden de expulsión el 25 de noviembre.
Tres reivindicaciones
Durante hora y media se reunieron tres representantes de la PAHC, el alcalde, Juan Carlos Sánchez, y los tenientes de alcalde Ramon Burgués y Marta Farrés, mientras en el vestíbulo se coreaban las consignas de la plataforma: “¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa! ¡No nos iremos sin una solución! ¡Un desalojo, una ocupación! ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!”.
Los representantes de la PAHC plantearon tres reivindicaciones. La primera radica en buscar una solución integral, más allá de las medidas puntuales como pagar una pensión durante unos días, al problema de los crecientes casos de desalojos por impago de alquiler.
La segunda insta al Ayuntamiento a no desahuciar a nadie de VIMUSA, pues, a pesar de los compromisos en este sentido, a la PAHC le consta que se está haciendo. En tercer lugar, denunciar la falta de ayudas a la vivienda para las personas, cada vez más numerosas, que carecen de todo tipo de ingresos y sólo se aplican a aquellos que perciben como mínimo 600 euros mensuales. Así quedan fuera de las viviendas de protección oficial quienes más lo necesitan.
Moderada satisfacción
Tras la reunión, Pau Llonch, portavoz de la PAHC, informó a sus compañeros y a los medios de comunicación de los resultados de la negociación. A los tres casos más urgentes se les daría este mismo jueves mismo una solución, consistente en pagarles una habitación en una pensión y a los otros dos se les ha citado el lunes en el CAP de Torre-romeu y Centro para darles una respuesta en el mismo sentido.
Según Llonch, los representantes del equipo de gobierno se reiteraron en su compromiso de no expulsar a nadie de los pisos de VIMUSA, siempre que se demuestre que no pueden pagar y atribuyeron a “fallos en la gestión comunicativa” los casos que se había amenazado con emprender esta medida.
Asimismo reiteraron su compromiso de hacerse cargo de los muebles de las familias expulsadas de los pisos de alquiler. También informó que se establecerá un protocolo para los casos urgentes en peligro inminente de verse en la calle que serán objeto de un seguimiento individualizado y podrán acudir a la sede de los Servicios Sociales en La Rambla 22 o si ocurre en el fin de semana a un dispositivo especial de la Policía Municipal.
Por todo ello, Llonch expresó su “moderada satisfacción”. Aunque manifestó su preocupación por la falta de recursos del Ayuntamiento para afrontar una situación que no cesará de aumentar y exigió al equipo de gobierno que presione a los bancos, auténticos responsables del problema, para que cedan parte de su parque de viviendas y atender estos casos. En este sentido, consideró absolutamente insuficiente el acuerdo con la entidad financiera nacionalizada Catalunya Caixa que, de momento, sólo ha cedido cinco pisos. Entre los gritos de ¡Sí se puede! los militantes de la plataforma abandonaron el vestíbulo y recogieron los enseres domésticos.
Versión municipal
Pasadas las 14 horas, la regidora de vivienda, Marta Farrés, convocó una rueda de prensa para explicar la versión del equipo de gobierno.
Respecto a los problemas estructurales, Farrés apuntó a la Generalitat cuyos recortes del verano pasado al PIRMI o Renta Mínima de Inserción están provocando que muchas personas hayan dejado de percibir esos ingresos mínimos lo cual genera el alud de casos de impagos de alquileres. “Antes en Sabadell no existían casos de personas sin ningún ingresos”, aseguró. Unos recortes que repercuten directamente sobre los escasos recursos de los ayuntamientos.
Respecto a la política de vivienda y de VIMUSA, mencionó la partida de 250.000 euros destinada a ayudar al pago de alquileres y las acciones destinadas, según cada caso particular, para evitar que las familias hayan de abandonar su vivienda. También se refirió al protocolo a seguir en los casos de desahucios urgentes y sobrevenidos asegurando que se implementarán las medidas necesarias para que “en Sabadell nadie duerma en la calle”.
Preguntada por el estado de las negociaciones con las entidades financieras para que cedan parte de su parque de viviendas, afirmó que éstas continúan abiertas, excepto en los casos del Banco Santander y del SAREB, que han comunicado que no cederán ni un solo piso. Farrés manifestó su malestar por esta negativa, especialmente grave en el caso del SAREB financiado en un 45 por ciento con fondos públicos.
