El abogado colombiano Jesualdo Arzuaga finaliza este viernes su estancia en Sabadell, ciudad que ha visitado dentro de los actos del Dia de los Derechos Humanos. Es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías en Colombia, la red de defensores del pueblo locales del país colombiano, que después de 50 años en guerra con las FARC avanza con muchas dificultades hacia la paz.
‘Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’. Es el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un artículo simple pero de dificilísima ejecución en la mayor parte del planeta. Pese al histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC del 2016, Colombia vive un recrudecimiento de los ataques a los líderes civiles, entre ellos, los llamados personeros, una figura histórica que se asimila a la de los ombudsperson, defensor del pueblo o síndics. Arzuaga repasa la situación del derecho a la vida en su país en esta entrevista, justo antes de regresar a Colombia después de unos días en Sabadell.
¿Cuál ha sido el motivo de su visita a Sabadell?
Vine invitado por la Síndica Municipal de Sabadell. Nos conocimos en Argentina para lanzar una red mundial de ombudsperson local. Nosotros, los personeros municipales de Colombia, no estábamos recogidos en ninguna organización internacional. Ahora fuimos invitados a hablar de la función de los personeros en la defensa del derecho a la vida, que se está viendo muy afectada. Estamos reuniéndonos con varios agentes.
¿En qué puede ayudar a su labor la constitución de una entidad de defensores del pueblo local de ámbito global?
Queremos generar acciones para reforzar las labores que hacemos a nivel nacional. En nuestro caso gracias a la Síndica de Sabadell creamos un programa de protección. Los personeros en riesgo podrán venir unos meses a Catalunya a hacer labores de capacitación, trabajo con organizaciones locales y apartarse de su situación cuando están en riesgo.
Los personeros municipales colombianos son una figura histórica, que data de finales del siglo XVIII. Hay uno en cada municipio colombiano (un millar en total) y tienen funciones de defensa de los derechos humanos pero también potestad sancionadora e incluso pueden inhabilitar funcionarios públicos. “De ahí la gran diferencia con los síndics”, dice Arzuaga. “Por ejemplo si están en riesgo los recursos de un hospital, el personero puede sancionar a un trabajador público, incluso inhabilitarlo”, comenta. Un personero tiene 1.000 funciones, dice Arzuaga, y la única figura pública que está en todo el territorio colombiano.
Varios personeros han muerto en la última década y media. ¿Por qué defender los derechos humanos es una actividad de riesgo?
La situación colombiana no es homogénea. Hay una gran complejidad territorial, con lugares donde viven tranquilos y otros con conflicto armado y crisis humanitaria. El personero no es ajeno. Si denuncia casos de corrupción o trabaja casos de derechos humanos, es un actor incómodo. Hay 117 personeros amenazados, lo que se suma a la crisis de asesinatos de líderes sociales. En 2019 han muerto 89 líderes sociales en Colombia. Tres personeros han sido asesinados este año.
¿Quién ataca a los personeros?
Los actores al margen del conflicto. Un personero que denunciaba fuertemente la corrupción fue asesinado y no sabemos aún por quien. Evidentemente los principales responsables son los actores del conflicto: las antiguas FARC, básicamente algunos grupos que no se desmovilizaron después del acuerdo de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Gaitanistas y otras expresiones paramilitares y expresiones narcotraficantes. Ahí están las responsabilidades.
En noviembre de 2016 se firmó el segundo acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ¿El conflicto en Colombia se ha superado?
El acuerdo ha hecho que el conflicto se haya superado en algunas zonas. La dinámica ha cambiado: se han reducido las confrontaciones armadas pero han aumentado los ataques a la población civil. Ataques pensados. Predeterminados. Atacar a un líder social es atacar a la comunidad. El conflicto se ha reorganizado. El acuerdo de paz fue solo con un actor, las FARC, pero en otros territorios hay otros actores y ahí la sociedad civil colombiana pide negociar o buscar una salida no armada al conflicto. El fenómeno del narcotráfico es un combustible para el conflicto armado en Colombia. Esta es la radiografía del país: ha habido avances donde había presencia de las FARC pero en otros hay nuevas expresiones de guerra. La situación más preocupante son los ataques sistemáticos a los defensores y líderes sociales.
¿De qué manera ha influido la llegada del nuevo presidente, Iván Duque, vinculado a Álvaro Uribe, de línea dura, al cumplimiento de los acuerdos y la pacificación de Colombia?
No hay una línea clara de lo que expresa el presidente de la República. La falta de claridad lleva a que se nieguen este tipo de hechos. Las cifras que comento son oficiales: Naciones Unidas o la Defensoría del Pueblo. Pero el gobierno intenta enmarcar los asesinatos a líderes sociales en la delincuencia común. Una sociedad democrática que pierda 89 líderes debe reflexionar y no encontramos ese tipo de reflexiones. Él representa un partido liderado por Álvaro Uribe, de línea muy dura, muy de derechas, no muy de acuerdos con los acuerdos de paz. Lo que expresa el presidente [Iván Duque] es muy poco interés en cumplir lo que se acordó. Hay poco avance en el cumplimiento del acuerdo de paz. Los avances principales han venido por la línea de la participación política de los exFARC y algo de justicia. Pero el acuerdo tocaba muchos temas territoriales, de desarrollo agrario y no se ve avance alguno.
Hay miles de desaparecidos y persones enterradas sin identificar. Que línea hay respecto hay respecto a la reparación?
Justos hace unos pocos días se encontraron algunas fosas comunes relacionadas con un fenómeno de la época Uribe. El fenómeno de los falsos positivos: cogían jóvenes de las calles, a menudo delincuentes comunes, los uniformaban y los mataban. Los daban como muertos en combate. Se descubrió que no eran miembros de estas organizaciones, sino en su mayoría delincuentes. Hoy se han encontrado estas fosas comunes y un gran escándalo. El fenómeno de la desaparición forzada es muy fuerte: 86.000 persones desaparecieron y no hay ningún política para buscarlas ni reparar a sus familias. No se está haciendo nada para saber que pasó, donde pasó y donde están los desaparecidos. En el marco del acuerdo había todo un foco sobre el tema de los desaparecidos pero está siendo muy complicado. Lo inhumano es que no se sabe si viven o están muertos y donde. Es un gran cuestionamiento para el Estado, que dedica pocos recursos y poco profesionalismo. El Estado no está teniendo voluntad para finalizar este fenómeno, el peor en violación de derechos humanos.
La dificultad histórica para hacer sindicalismo o periodismo la enmarca en el contexto de la guerra contra las FARC?
Tanto los sindicalistas como los periodistas forman parte de los líderes sociales que van siendo asesinados en Colombia, desaparecidos. Han sido víctimas durante todo este tiempo. Los sindicatos han tenido grandes afectaciones: siempre se ha señalado a toda persona crítica como es considerada de izquierdas y de ahí a ser afín a la guerrilla. En muchos casos llegados a ese punto hay manos oscuras que terminan callando las voces independientes.
Despúes del acuerdo de paz pero en la situación actual ¿Es optimista respecto al futuro?
De forma moderada. En los últimos meses ha habido movilizaciones sociales de estudiantes que creo que es la esperanza de Colombia. El movimiento estudiantil se ha reactivado, siendo crítico y poco partidista. No se prestan a los juegos de la izquierda o la derecha sino que tiene una agenda de reivindicación de derechos. Hay veo esperanza porque el movimiento le está diciendo al gobierno que no va a descansar hasta que no se cumpla el acuerdo de paz. También la veo en nuevos liderazgos en las ciudades o municipios pequeños.
En Bogotá acaba de ganar una mujer lesbiana que ha levantado las banderas anticorrupción [Claudia López], que está dando luz con una agenda muy progresista. Una mujer que lucha contra la corrupción, del Partido Verde, que se moviliza en bicicleta y que no es la representación de la política tradicional. Va a ser bien interesante lo que viene. Tenemos un gobierno nacional muy rígido y esta mujer, en la capital del país, con nueve millones de habitantes.
Esto me da cierta esperanza porque a nivel nacional la situación es preocupante, con todas estas amenazas. 1.472 persones amenazadas y el delito de amenazas sin grandes avances. No se sabe quién amenaza, no hay un solo condenado por amenazas. ¿Sirve para acallar a los líderes?
Si hay impunidad y como decía antes no hay reparación, ¿puede haber reconciliación?
Solo en la medida que toda la sociedad colombiana se siente, dialogue y discuta. Siento que la actitud no es prodiálogo. Siento que si hay un acuerdo de paz se debe cumplir. Ellos [la guerrilla de las FARC] dejaron las armas para que se cumpliera. Si no se cumple, ¿para qué? El acuerdo da una línea de hacia dónde debíamos avanzar.
El acuerdo de paz no es el fin del conflicto armado sino la propuesta de un nuevo modelo de país, más cercano a la gente, más cercano a los campesinos que sufrieron el conflicto armado.
Por parte del establishment debe haber una actitud pro-reconciliación y abierta a otros grupos que no estaban en el acuerdo. El presidente dice que no dialoga con el ELN. Si no se dialoga, seguirá la guerra. El ELN ha estado en guerra durante 70 años y no va a dejar de estarlo ahora si no hay diálogo. El reto de Colombia es la paz.
