ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la FAVS.
Para evitar que el árbol impida ver el bosque y antes de sacar conclusiones equivocadas inducidas por la (des)información mediática, es preciso tener en cuenta que, en general, (las excepciones confirman la regla), las ocupaciones existen porque existen familias sin vivienda. Lo que viene a desnudar las vergüenzas de un estado que se considera “social” en un doble sentido, de una parte porque mantiene leyes que priman el interés particular por encima del interés general y de otra porque las administraciones públicas competentes, con distintos niveles de responsabilidades (estatal, autonómica y local), no han hecho los deberes promoviendo las condiciones necesarias para dar contenido al artículo 47 de la CE78 que reconoce, como principio rector de las políticas públicas (lamentablemente, no como derecho fundamental) el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Algo especialmente grave en un estado donde existen 3,4 millones de viviendas vacías según el INE y decenas de miles de personas sin techo según Cáritas.
Y tratándose de una situación social y humanamente inaceptable, otro debe en la cuenta de los poderes públicos es tolerar la impunidad cuando se tergiversa/manipula lo que acontece con las ocupaciones. La brunete mediática, en manos del poder económico (entidades bancarias, capital especulador, fondos buitres,…) con sus contertulianos afines y entrevistas de dudosa objetividad, se empeñan en mostrar una realidad paralela que poco tiene que ver con lo que sucede, para generar una alarma social más ficticia que real, omitiendo que la auténtica y cruel alarma social es el hecho que 42.000 familias en el 2021 se vieron privadas de sus viviendas por desahucios (Catalunya lidera este patético ranking) promovidos por los propietarios de esos medios que se encargan de culpabilizan a las víctimas, mientras que ellos se van de rositas. No hace falta ser muy sagaz para deducir el por qué y a quien beneficia ese tipo de mensajes. Blanco y en botella.
Insistir sobre lo miserable de la información sesgada y/o falacias que difunden determinados medios, donde la odontología periodística brilla por su ausencia. Es falso que si al volver del super o de vacaciones te encuentras la vivienda ocupada no puedas echar a los ocupantes. Se trata de un delito grave de “allanamiento de morada” y el desalojo es inmediato, lo mismo sucede en las segundas residencias (apartamento en playa o montaña). Los bulos que difunden, son cortinas de humo para salvar la cara a las entidades financieras y generar miedo y abrir un suculento mercado a las empresas de seguridad que están haciendo su agosto. Como no puede ser de otra forma, en la
misma línea se han manifestado jueces de instrucción y fiscalía.
Todo lo anterior no excluye el denunciar que, escudándose en el movimiento ocupa hayan aparecido personajes ajenos que son delincuentes (cultivo y tráfico de droga, prostitución y otras actividades delictivas), mafias (patada en la puerta a cambio de un precio), etc. que ocupan viviendas deshabitadas, rompiendo la convivencia vecinal y degradando el inmueble con sus comportamientos delictivos e incívicos, dando pie a la aparición de guetos en zonas de los barrios.
Una lacra que para su erradicación exige tolerancia cero por parte de los poderes públicos y aplicar con rigor los instrumentos legales existentes y la denuncia de la ciudadanía, sin olvidar el exigir responsabilidades a los grandes propietarios de esas viviendas vacías que en general ni tan siquiera se hacen cargo de sus obligaciones con las comunidades, dejándolas abandonadas (especialmente en los barrios periféricos).
No se puede negar que se han dado pasos (tímidos) para paliar el problema (en Catalunya la Ley antidesahucios o el programa Reallotguem), pero claramente insuficiente porque la construcción de vivienda social es anecdótica, muy lejos de las necesidades reales. En ese estado de cosas, aterrizando en nuestra ciudad, el papel que han jugado la Generalitat ha sido penoso y el de los gobiernos locales, mejorable. La Generalitat durante años no tan solo no ha construido vivienda social, sino que no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada a las 170 viviendas de Els Merinals optando por una rehabilitación de dudosa efectividad en lugar de una razonable sustitución de unos pisos super degradados, lo que sumado a que el anterior mandato municipal no se construyó, ofrece un panorama desolador. Un mal endémico de una sociedad que no asume que la vivienda es hoy un motor de exclusión social de primer orden y que no existe ninguna política efectiva de lucha contra la pobreza si no va acompañada de una política de vivienda que garantice el acceso.
En Sabadell el actual Equip de Govern, tiene proyectado construir 362 viviendas sociales, aunque insuficiente, debería suponer un primer paso para salir de la pasividad en la que estaba instalada la ciudad desde hace años y punto de inflexión para aunar esfuerzos y recursos públicos y privados, porque para afrontar la magnitud del problema es necesaria la implicación del máximo de agentes sociales y económicos para afrontar el reto con ciertas garantías y la voluntad política para abordarlo.
