El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de España consecuencia del desequilibrio profundo entre salarios, precios y oferta disponible. En los últimos años, el encarecimiento sostenido del alquiler y la compra ha superado ampliamente la evolución de los ingresos medios, tensionando especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y personas mayores con rentas limitadas. Mientras tanto, las soluciones estructurales brillan por su ausencia. A mayor escarnio, los tímidos pasos para paliar esta dramática situación -la Ley de Vivienda de 2023- están siendo boicoteados por los gobiernos de CCAA gobernadas por el PP y VOX -Madrid, Andalucía o Galicia-, o tumbados por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con los topes de alquiler de la ley catalana.
La retórica del mercado ha demostrado su fracaso en la provisión de vivienda asequible conduciendo a una crisis que expulsa a familias de sus barrios, condena a los jóvenes a convivir con sus padres más allá de los 30 años y enriquece a unos pocos a costa de empobrecer a muchos. Un sistema que trata la vivienda como un activo financiero está condenado a producir lo que estamos viviendo: especulación, exclusión y desolación para quienes no pueden competir en ese mercado. Y mientras tanto, el absurdo de que existan 4 millones de viviendas vacías (INI).
Los números son elocuentes. España tiene apenas un 2,5% de parque público de vivienda sobre el total de hogares, frente al 9% de media en la UE. En décadas de bonanza inmobiliaria se apostó por el ladrillo como motor económico, se privatizó lo que quedaba de vivienda social y se dejó al mercado la tarea de garantizar un derecho constitucional. El resultado está a la vista.
Y como todo tiene sus causas, viene a cuento recordar algunas decisiones políticas del PP (2011-2018) en política de viviendas que facilitaron la liberalización del mercado reduciendo la construcción de VPO y alquiler público en más del 90% (recortaron en un 63% el presupuesto de vivienda; eliminaron las ayudas directas a la construcción social; desregularon VPO, pasando miles de pisos sociales al marcado libre; eliminaron la deducción IRPF por compra de vivienda; priorizaron el mercado sobre 30% de reserva de suelo social;……..). Políticas que colapsaron intencionadamente la construcción pública.
En Catalunya existen algunas de las tensiones más fuertes del Estado como el Área Metropolitana con precios de alquiler que han triplicado la inflación en los últimos diez años. Un problema que, más allá de Barcelona, ha desplazado la presión hacia el Vallès, el Baix Llobregat, el Maresme,….., con los mismos tics especuladores. La construcción de las 15.000-20.000 viviendas asequibles necesarias en el ámbito metropolitano a día de hoy es una quimera y la paradoja es que mientras existe el suelo con calificación de HPO sobre el papel; materializarlo en ladrillos y entrega de llaves depende de voluntad política, inversión y coordinación que no suele llegar. Y si no existe oferta pública, el mercado no se equilibra.
Sabadell, con sus 221.564 habitantes y con una densidad de 5.863 hab/km² (superior a los 3.316 de Terrassa) se enfrenta al desafío de equilibrar los límites físicos territoriales con la justicia social y la huella ecológica y siendo el segundo municipio de Catalunya con mayor parque de vivienda pública (algo en el haber de los distintos equipos de gobierno municipales), el precio medio en barrios del centro superan los 3.200 €/m² en venta y los alquileres medianos que rondan los 830 €, lo que, para una familia trabajadora o un joven de Ca n’Oriac, Can Puiggener, Campoamor, Torre-Romeu,…, es inasumible.
Falta vivienda y la que tenemos está enferma. De las 90.000 viviendas existentes, el 50% se construyó entre 1950-1980, el 90% tiene una baja eficiencia energética y el 28% de los bloques carece de ascensor. Esta precariedad física, sumada a alquileres que suben entre un 10% y un 15% anual, crea una tormenta perfecta que expulsa a las familias más vulnerables.
En este escenario, el PLH 2025-2030 (fruto de un proceso de participación ciudadana) debe entenderse como una herramienta para revertir una realidad alarmante: apenas el 4,6% del parque total de viviendas cuenta con algún tipo de protección (HPO), y el parque estrictamente público es apenas el 1,3% mientras que la ley exige alcanzar el 15% de vivienda social para el año 2039, con una meta intermedia del 10,3% en 2030. Y esto no es una opción, es una obligación para no perder el acceso a la financiación de la Generalitat.
El PLH debe ser, ante todo, el escudo que garantice que la vivienda sea un derecho fundamental. Para ello se debe adoptar una visión de medidas con sentido común y valentía política, articuladas en torno ejes como: a) poner fin a la temporalidad de las HPO aplicando el art. 79.5 de la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, “vigencia indefinida en zonas de mercado tensionado”, y superar errores históricos y evitar “salvajadas” como la de Badia; b) ni un m² de suelo público en venta. Cualquier operación debe basarse en la cesión manteniendo la titularidad municipal; c) liderazgo público en la colaboración público-privada marcando las reglas del juego, controlando los precios y garantizando el retorno social de cada proyecto; d) ofensiva contra el stock vacío y la especulación: e) forzar a la SAREB a ceder sus viviendas para fines sociales y sistematizar el uso del derecho de tanteo y retracto para recuperar pisos de grandes tenedores; f) moratoria efectiva a los desahucios de familias vulnerables; g) rehabilitación de viviendas,……..y establecer mecanismos de participación ciudadana para auditar la ejecución del PLH.
Habrá que ver como el PLH se complementa y encaja con las políticas de vivienda de la Generalitat y del Estado, pero es clave que la estrategia de las tres administraciones apueste por el hogar como derecho humano frente al ladrillo como activo financiero. No hay medias tintas: o construimos ciudad para quienes la habitan, o la ciudad dejará de pertenecernos.
L’espai d’opinió reflecteix la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.
