Hace unas décadas, ejercer ciudadanía implicaba asistir a plenos municipales, participar en asociaciones de vecinos, acudir a mesas de debate o leer la prensa local en papel. Las asambleas vecinales, las consultas presenciales, los consejos de barrio o la simple conversación con el concejal de turno constituían el tejido vivo de la democracia local. Hoy, la mayoría de estas interacciones han emigrado a entornos digitales donde un tuit puede movilizar más personas que una asamblea vecinal y donde las decisiones públicas se debaten tanto en los pasillos del ayuntamiento como por Facebook.
La digitalización ha reconfigurado dónde nos informamos y cómo formamos nuestra opinión, con quién nos relacionamos y a quién consideramos “los nuestros” y “los otros”. Entre razones que explican este giro tenemos. 1) La accesibilidad: cualquier con un móvil puede acceder a información pública, interactuar con sus representantes u organizar colectivos sin las barreras geográficas; 2) La inmediatez: la política ya no opera en ciclos electorales de cuatro años, sino en tiempo real, respondiendo a la velocidad de la actualidad digital; 3) La horizontalidad: las jerarquías tradicionales de la representación política se ven retadas por la capacidad de cualquier ciudadano para amplificar su voz y construir comunidades de interés al margen de los cauces institucionales clásicos.
Es cierto que las redes sociales han democratizado el acceso a la voz pública: los movimientos sociales encuentran en ellas un altavoz poderoso; los colectivos minoritarios pueden visibilizar demandas históricamente ignoradas y la rendición de cuentas de los gobernantes se ha vuelto más exigente gracias a la vigilancia ciudadana digital. Es un avance real. Sin embargo, esas plataformas no están diseñadas para la deliberación democrática, sino para maximizar la atención y la fidelización. Sus algoritmos premian la polémica sobre el consenso, el titular sobre el argumento, la emoción sobre el análisis. Participar en un grupo de WhatsApp o en X no equivale a participar en una asamblea. Sin olvidar que los propietarios de estas plataformas -X, Instagram, TikTok,….- han demostrado que se utilizan para crear corrientes de opinión, fomentar determinados valores y manipular comportamientos electorales.
Los efectos son evidentes en la vida local cotidiana. Las asambleas vecinales reúnen menos asistentes, especialmente entre los menores de 45 años mientas que, un grupo de vecinos indignados por el estado de una calle puede reunir cientos de firmas en pocas horas a través de una plataforma en línea. La participación existe, pero se ha vuelto improvisada, reactiva y desconectada de los mecanismos institucionales.
No se está diciendo que la tecnología digital sea, en sí misma el problema; el verdadero escollo reside en utilizarla sin un proyecto democrático sólido. No se trata, por tanto, de rechazar la innovación tecnológica ni de abrazarla acríticamente, sino de diseñar instituciones y prácticas capaces de canalizar su potencial emancipador. Ni se trata de sustituir el pleno municipal por encuestas en Instagram, sino de crear canales institucionales ágiles y efectivos donde la participación ciudadana tenga consecuencias reales y palpables.
Entre las líneas de trabajo a cabría explorar: la alfabetización mediática y digital como política pública prioritaria (no puede existir una participación digital genuina sin ciudadanos dotados de competencias digitales suficientes); los presupuestos participativos digitales para que la ciudadanía decida sobre el destino de una parte de los recursos municipales; combinando lo presencial y lo virtual, de modo que, por ejemplo, los encuentros con técnicos municipales puedan celebrarse también en foros digitales accesibles a todos; la regulación de la esfera digital para garantizar la transparencia de los algoritmos, la protección de los datos personales y el control de las plataformas para evitar que sus contenidos dañen la salud democrática (una democracia digital no puede depender de los intereses comerciales privados).
La transformación digital de la participación ciudadana no es algo que vaya a ocurrir si lo decidimos: ya está ocurriendo, con o sin nuestra intervención. La pregunta no es si la tecnología va a cambiar la democracia local, sino quién va a decidir cómo. Si lo dejamos en manos de las grandes plataformas, reproduciremos y amplificaremos las desigualdades existentes. Si, en cambio, asumimos ese desafío desde las instituciones locales y desde la propia ciudadanía organizada, tenemos una oportunidad de construir una democracia más participativa y más atenta a las necesidades reales de la gente. El desafío no es menor: forjar una ciudadanía digital crítica, inclusiva y efectiva que mantenga vivo el espíritu del ágora en la era de la inteligencia artificial. Y a todo ello, en Sabadell, salvo alguno de carácter sectorial, llevamos más de 10 años sin disponer de marcos participativos a nivel de ciudad (Consell de Ciutat) y territorial (distritos y barrios).
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