ARTÍCULO DE OPINIÓN
Manuel Navas, presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAV)
Antes de cualquier otra consideración, recordar que sigue pendiente un debate sobre el modelo de lo que genéricamente puede entenderse como ‘atención a las personas mayores’. Un problema que conforme envejece la población será cada vez más acuciante. Y recordar que, si la tendencia se mantiene, seremos el país más longevo del mundo, lo que obliga adaptar las estructuras sociales a las necesidades de una población más envejecida y más dependiente, con demasiadas pensiones miserables y con una falta de equipamientos y de atención lejos de lo que existe en la UE15 y todo ello en el marco de un futuro mundial tan incierto como imprevisible al que nos está conduciendo la lógica neoliberal del sistema económico (sin tapujos, los medios de comunicación más influyentes del mundo ya están haciendo propaganda de la tercera guerra mundial que preparan lo señores del dinero y de la guerra).
Por poner un ejemplo, el cuidado de los ancianos desvalidos recae mayoritariamente sobre las familias, pero que los cambios demográficos, sociales y culturales exigen una respuesta pública mucho más intensa y extensa. Ser consecuente con esta realidad y asumir que nuestros mayores son las personas que generación tras generación han estado cuidándonos, alimentándonos y educándonos, implica que debemos no solo respetarlos y ayudarlos, si no estar a su lado en su proceso de envejecimiento, supone apostar por un modelo distinto de lo que existe, que más que contemplar a las personas mayores como sujetos de derecho se tratan como molestos beneficiarios, como un coste/carga social y económica, donde el derecho a una vejez digna no entra en su hoja de ruta.
Los datos y hechos lo confirman y la pandemia destapó la terrible realidad invisibilizada durante años de cientos de miles de personas mayores: soledad, abandono y exclusión social, falta de atención socio-sanitaria, precariedad económica, etc. y las macabras residencias de la muerte donde, conviene no olvidar, fallecieron 30.000 personas (con Madrid, 6.187, y Catalunya, 5.418, a la cabeza) y otros tantos que padecieron sufrimientos inhumanos. Muertes y sufrimientos, en parte evitables de haberse actuado con la diligencia esperada de los gobiernos competentes, cosa que no hicieron a tenor de las decisiones que adoptaron, los modelos de gestión de las residencias que implementaron y los recortes de llevados a cabo. Y nadie se ha disculpado, ni ha asumido ningún tipo de responsabilidad.
En ese estado de cosas, y a pesar de que las competencias y recursos que disponen los ayuntamientos son limitados, es preciso que Sabadell disponga de estrategias a corto, medio y largo plazo para ese 25 por ciento de población es mayor de 60 años que debe abordar, cuanto menos, el déficit de equipamientos y en la asistencia socio-sanitaria.
En lo referente a equipamientos, tras 20 años de lucha vecinal se ha logrado la primera residencia pública y se están construyendo 150 viviendas para gente mayor, decisiones y actuaciones que, si bien deben valorarse al superar años de apatía, son insuficientes para cubrir las necesidades existentes y, en la misma línea, hay que seguir reivindicando a las administraciones un giro en lo concerniente a los recortes de la asistencia socio-sanitaria que han afectado especialmente a la gente mayor.
Queda un largo camino que recorrer en el cual, es imprescindible la presión popular y la voluntad política para no ser indiferente y admitir que una sociedad que no protege a sus mayores no puede considerarse socialmente avanzada, en otras palabras, aceptar que una vejez digna es un derecho y no una graciosa concesión.
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Foto portada: Gent gran a la plaça de la Creu, el 13 de juny de 2022. Autora: Lucía Marín.
