El atentado del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center cobró la vida de 2.753 personas ese mismo día. Sin embargo, la tragedia no terminó allí: hasta abril de 2026, aproximadamente 7.000 personas han fallecido por enfermedades vinculadas a la exposición al polvo tóxico -una cifra que ya duplica con creces las víctimas iniciales-. Este polvo mortal liberado, contenía fibras microscópicas de amianto entre otros contaminantes. Las principales causas de muerte incluyen cánceres (de próstata, pulmón y tiroides), enfermedades respiratorias crónicas y mesotelioma y otras enfermedades respiratorias crónicas. Dado que el amianto posee un período de latencia de 20 a 50 años, los expertos anticipan que el número de fallecimientos alcanzará su pico en las próximas décadas, prolongando así el trágico legado del 11-S durante generaciones.
El genocidio de Gaza, que sigue perpetrando el gobierno sionista de Israel desde hace 2 años, lleva contabilizados más de 80.000 personas asesinadas de todas las edades y género y se estima que han sido destruidas por los bombardeos entre el 82-90% de las viviendas e infraestructuras generando más de 25-30 millones de toneladas de escombros y puede asegurarse que, al tratarse de un material de bajo coste, es altamente probable que gran parte de los edificios destruidos contuvieran amianto. Su liberación masiva en forma de polvo y partículas microscópicas representa un riesgo sanitario adicional a largo plazo para la población superviviente, con posibles implicaciones similares a las observadas en otras catástrofes donde se ha expuesto a la comunidad a materiales peligrosos.
Aplicando una simple regla de tres, y sin perjuicio de considerar las variables pertinentes -entre ellas, que proporcionalmente el uso de fibrocemento en la construcción es muy superior en Gaza que en Nueva York por razones obvias-, los resultados son escalofriantes: se proyecta que, en los próximos 20 años, las muertes causadas por la inhalación de microfibras de amianto liberadas durante los bombardeos superarán las 200.000 personas. Además, dado el prolongado período de latencia de este material, el pico de mortalidad se alcanzará varias décadas después. Una situación que, conociendo de la implacable determinación del gobierno israelí para llevar a cabo la “solución final” contra el pueblo palestino, puede afirmarse que es plenamente consciente del efecto devastador de este “asesino invisible”. El amianto actúa, así como un sicario silencioso que complementa la acción de los asesinos visibles, perpetrando miles de crímenes en diferido cuyas consecuencias se extenderán durante generaciones.
El genocidio de Gaza ha pasado a un segundo plano tras ser desplazado del foco mediático por la mal denominada “guerra de Irán” -que en puridad debería llamarse “guerra de Israel y Estados Unidos”, dado que son sus promotores-. En este nuevo escenario, el patrón se repite una vez más en términos de víctimas: se reproducen tanto las muertes directas como las muertes en diferido causadas por la inhalación del polvo tóxico liberado durante los bombardeos. Un polvo mortal contra el cual no existen refugios que puedan impedir sus efectos letales.
Y en territorios sin conflicto bélico, la pasividad de las administraciones para abordar este grave problema de salud pública es alarmante. El 80 % de la población mundial vive en países donde el amianto no está totalmente prohibido. En la Unión Europea, donde se estiman entre 70.000 y 90.000 muertes anuales por cánceres relacionados con este material, su producción y comercialización están prohibidas desde 2005 y la normativa obliga a los estados miembros a haberlo erradicado completamente para 2032, y para 2028 en los edificios de titularidad pública.
La Ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados, establecía que los ayuntamientos debían elaborar un censo municipal del amianto, acompañado de un calendario de erradicación, antes de abril de 2023. Sin embargo, en Catalunya, poco más del 25 % de los municipios lo han presentado ante la Generalitat. En definitiva, tanto en España como en Catalunya, y a tenor de la desidia mostrada por las administraciones responsables, puede afirmarse que, al ritmo actual de cumplimiento, se tardará más de dos siglos en erradicar este veneno de nuestras ciudades y de nuestras vidas.
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