La verdadera magnitud de los liderazgos políticos se mide por su capacidad de resistencia democrática para hacer frente a la adversidad y tomar decisiones cuando todo juega en contra. En el caso de Pedro Sánchez, uno de los elementos que mejor definen su trayectoria política es su capacidad para afrontar escenarios que, en numerosas ocasiones, parecían insuperables, como la sucesión de acontecimientos extraordinariamente complejos: pandemia mundial, crisis energética e inflacionaria desatada por la guerra de Ucrania, tensiones geopolíticas, conflictos territoriales, incendios devastadores, el apagón eléctrico, fenómenos migratorios complejos, accidentes ferroviarios y un Parlamento fragmentado. Todo aderezado por una oposición que ha convertido el legítimo derecho a fiscalizar en una feroz estrategia de confrontación y crispación permanente, bajo la consigna de “el que pueda hacer, que haga”. Pocos presidentes en nuestra historia democrática han tenido que soportar una acumulación de crisis tan diversa y severa. Salir adelante de ellas no ha sido cuestión de suerte, sino el resultado de una brújula moral clara: poner la protección de la ciudadanía y la defensa de las instituciones por encima del ruido, el sabotaje y la adversidad.
Se podrá discrepar de decisiones concretas, cuestionar acuerdos y exigir responsabilidades, como corresponde en una democracia. Sin embargo, lo que no se puede negar, sin faltar a la verdad, es que en estos años de gobierno de coalición de izquierdas se ha llevado a cabo una profunda transformación social, económica e institucional del país. Por eso, su mandato debe juzgarse con rigor, a partir de los hechos y no de las obsesiones, y por encima de los eslóganes, los titulares y las campañas de desgaste.
Cuando llegó la pandemia, los pronósticos apuntaban a un desplome del empleo sin precedentes. No ocurrió. El escudo social y los ERTE protegieron a millones de familias y a cientos de miles de empresas. España vacunó a ritmo europeo y evitó la hecatombe social que muchos daban por segura.
Los datos laborales son históricos: más de 22,4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, un paro que baja de los 2,4 millones por primera vez desde 2008 y paro juvenil en su mínimo histórico. El salario mínimo alcanza los 1.221 euros en catorce pagas: un 66% más que en 2018, y libre de IRPF. Y la reforma laboral de 2021 ha situado la temporalidad en mínimos nunca vistos con la normalización de los contratos indefinidos. A ello se suma el incremento de las prestaciones sociales y un pacto de pensiones con los agentes sociales que garantiza el sistema: revalorización con el IPC y contribución de todas las generaciones.
La economía, que la derecha daba por moribunda, es el motor de Europa: según el FMI, España encadenará cinco años como líder de crecimiento en la eurozona, con un 2,9% en 2026; la inflación volvió a niveles del 3,7% después del pico del 10,8% que dejó la guerra; se gestionan los fondos europeos para impulsar la transición ecológica y financiar la industria, el transporte y la vivienda; logró la excepción ibérica para proteger la industria y a las familias frente al encarecimiento de la energía; resolvió el apagón eléctrico en menos de un día.
En el ámbito social, antiguas reivindicaciones se han convertido en leyes: la eutanasia, la ley Trans, la ley de libertad sexual, el Ingreso Mínimo Vital, permisos de nacimiento iguales e intransferibles de dieciséis semanas, abonos gratuitos de Cercanías durante más de dos años, la gratuidad progresiva de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y la ley de vivienda, con límites al alquiler en zonas tensionadas y presión fiscal sobre los pisos vacíos de los grandes tenedores. Un esfuerzo financiado, en parte, con los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas.
En el ámbito internacional, España ha recuperado el peso y la dignidad. Se opuso al aumento del 5% de gasto militar; abrió sus puertas a refugiados de Ucrania; ha reconocido el estado palestino y denunciado el genocidio en Gaza; ha tenido el derecho internacional y la Carta de las NNUU como brújula, defendiendo el diálogo para la resolución de conflictos como la guerra de Irán, negando a Washington utilizar las bases situadas en España; ha estrechado lazos entre Europa y América Latina y las relaciones con China. Esta trayectoria ha situado a España en una posición relevante dentro de la comunidad internacional y ha demostrado una capacidad de gestión inimaginable en la actual oposición.
¿Y cuál fue la propuesta de la oposición mientras tanto? Básicamente, adjetivos y ruido: “dictador”, “traidor” (Abascal), “hijo de puta” (Ayuso), “golpista” (Feijoo) por citar algunos de los múltiples improperios. A los que hay debe sumarse la deslealtad institucional, para evitar ayudas europeas; votando en contra de las mejoras sociales; bloqueando durante años el Consejo General del Poder Judicial; judicializando la política y utilizando una élite judicial afín y pseudomedios de comunicación y entidades fantasmas subvencionadas como ariete desinformativo e impulsoras de querellas; recortando la sanidad y la educación en los gobiernos del PP y VOX; etc. Un andamiaje sostenido sobre una premisa tóxica: “cuanto peor le vaya a España, mejor para nuestros intereses de partido”. Una democracia sana exige una oposición crítica, rigurosa y con alternativas. Lo que no necesita es una derecha que deslegitima al rival, que confunde el insulto con el argumento y que sabotea el bien común erosionando nuestras instituciones y nuestra convivencia mucho más que cualquier mala ley.
Llegados a este punto, la pregunta clave del 29-N es: ¿Han contribuido las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a mejorar la vida de la mayoría de la ciudadanía y a construir un país más equitativo y con más derechos? Y los datos objetivos permiten responder que sí. Eso no significa ignorar los problemas pendientes: el acceso a una vivienda digna, las listas de espera sanitarias, la financiación de los servicios públicos, la precariedad en determinados sectores, la pobreza infantil, etc., ni eludir la responsabilidad que corresponde ante los casos de corrupción de personas vinculadas al PSOE (expulsadas del partido y sin pasar por alto los indicios e informaciones que apuntan a una posible implicación y manipulación de las cloacas del PP).
Pero la respuesta a esos déficits no es retroceder: es profundizar en las reformas, corregir los errores y avanzar con mayor ambición. Eso se consigue con movilización y con mayorías parlamentarias capaces de mantener y ampliar políticas progresistas. El 29N, el voto debe servir para decidir qué modelo de país queremos: o seguir la hoja de ruta de ampliar derechos, proteger a la mayoría, fortalecer los servicios públicos y seguir la ruta del progreso social, cultural y económico, o entregar el poder a partidos anclados en coordenadas del siglo XX decididos a implementar su proyecto involucionista. La decisión, en última instancia, no consiste solo en apoyar o rechazar a Sánchez. Consiste en elegir entre avanzar hacia un país más justo y solidario o bien emprender un viaje al pasado, donde el ruido, el insulto y el anacronismo vuelvan a marcar el rumbo de nuestras vidas.
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