El río Ripoll atraviesa Sabadell como un corredor fluvial de valor ambiental, histórico y social. A lo largo de sus años, el entorno del río ha pasado de ser un espacio industrial y agrario a un parque fluvial periurbano, con zonas verdes, áreas de estada y rutas peatonales en coexistencia con parcelas industriales y terciarias urbanizadas (el 9,3% de un total de zona protegida). En este contexto, la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación (MPG-132), aunque no amplia los usos previstos, abre un debate respecto a qué tipo de actividad económica se puede permitir junto al río sin comprometer su calidad ambiental y su función como espacio público de salud y bienestar.
Para contextualizar el debate, conviene recordar que el plan anterior, más restrictivo en materia de usos y movilidad (lo que contribuía a limitar la presión ambiental y el incremento del tráfico motorizado), también presentaba importantes carencias. La consecuencia más visible de esas limitaciones es que, décadas después, muchas de las antiguas naves industriales continúan abandonadas o infrautilizadas, mientras persisten problemas de mantenimiento, degradación patrimonial y percepción de inseguridad en distintos ámbitos del entorno del Ripoll.
La MPG-132, asumiendo el rio como corredor fluvial, incorpora, elementos que no pueden ser minusvalorados. Entre ellos la posibilidad de reactivar espacios actualmente abandonados mediante la atracción de inversiones privadas y la rehabilitación del patrimonio industrial; la diversificación económica a través de la incorporación de usos culturales, deportivos y terciarios, potencialmente menos contaminantes que la industria tradicional; la creación de condiciones favorables para nuevas actividades económicas y empleo local en áreas hoy infrautilizadas; una mayor probabilidad de recuperación de edificios y conjuntos industriales degradados. Además, transformar antiguos espacios industriales en entornos híbridos (con funciones culturales, tecnológicas, sociales o de servicios) responde a dinámicas urbanas que se han desarrollado en diversas ciudades europeas. En ese sentido, la MPG-132 puede entenderse como respuesta a los problemas que adolecía el plan anterior, pero introduciendo riesgos de intensificación de usos, movilidad y presión ambiental que deben ser tratados con extraordinario cuidado para evitar consecuencias directas y colaterales no deseadas.
Más allá de discursos polarizantes, la MPG-132 plantea objeciones y dudas razonables sustentadas en análisis técnicos, urbanísticos y ambientales. Entre ellas, el probable incremento de contaminación atmosférica y presión acústica derivado del aumento del tráfico asociado a nuevas actividades económicas; el impacto sobre la fauna, la vegetación y el equilibrio ecológico del entorno; así como el temor a que un corredor natural concebido como espacio ambiental y de transición ecológica acabe transformándose progresivamente en una zona dominada por usos recreativos, terciarios y de servicios. Cuestiones que remiten a una controversia especialmente relevante: ¿hasta qué punto una intervención localizada en el 9,3% puede acabar condicionando el futuro del 90,7% restante del cauce del río?
A todo ello añadir que, más allá de la discusión sobre usos concretos, el verdadero debate está en definir cuál es el límite ecológico y urbanístico que la ciudad está dispuesta a asumir para el futuro del Ripoll y, desde esta perspectiva, lamentar que se ha dejado pasar una oportunidad para construir un amplio consenso ciudadano, técnico y político en torno a uno de los espacios más estratégicos y sensibles de Sabadell.
Llegados a este punto, la polémica no puede simplificarse en una confrontación entre “ecologistas” y “desarrollistas”, ni plantearse como una dicotomía entre protección ambiental y actividad económica. El auténtico desafío consiste en determinar si somos capaces de articular un modelo en el que ambas dimensiones puedan convivir de forma equilibrada, sin que el desarrollo económico deteriore el valor natural, paisajístico y social del corredor fluvial.
En este sentido, la MPG-132 no constituye ni un error absoluto ni un avance incuestionable, sino una modificación urbanística cuyo alcance, utilidad y riesgos dependerán, en gran medida, de cómo se implemente, gestione y supervise. Si la intervención se acompaña de una evaluación ambiental rigurosa y transparente, de un plan de movilidad sostenible realmente vinculante y de mecanismos eficaces de control sobre las actividades industriales y terciarias, puede convertirse en una oportunidad para recuperar espacios degradados, rehabilitar patrimonio y mejorar el entorno del Ripoll.
Pero si estas garantías no se materializan o se debilitan con el tiempo, existe el riesgo de que termine imponiéndose una lógica económica que erosione progresivamente el capital natural, ecológico y paisajístico del río, comprometiendo algunos de los avances logrados durante las últimas décadas.
Por ello, resulta imprescindible abrir una nueva etapa basada en la gobernanza compartida del espacio fluvial. Más allá de la aprobación formal del planeamiento, urge crear un marco estable de participación y seguimiento que reúna a la administración pública, entidades vecinales, organizaciones ambientales, agentes económicos, expertos y demás actores implicados. Un espacio de diálogo permanente que permita evaluar los efectos de la intervención, anticipar impactos no previstos y adoptar medidas correctoras cuando sea necesario. El Ripoll se lo merece.
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