Hay barrios que cargan con el estigma de su origen. El Merinals nació entre 1954 y 1955 bajo un régimen de precariedad constructiva que hoy conocemos como “barracas verticales”. Pero lo que condena a sus vecinos no fue solo aquella urgencia de posguerra, sino una decisión administrativa tomada casi cuarenta años después: el informe de Adigsa de 1992, que fragmentó el polígono Arraona-Merinals de forma arbitraria: bloques para demoler y bloques para rehabilitar. Esa decisión, y no solo el hormigón defectuoso de los años cincuenta, es la raíz del conflicto que hoy sigue sin resolverse.
El informe de 1992 determinó la demolición de 592 viviendas por patologías estructurales graves, excluyendo de esa sustitución a otras 170 viviendas, repartidas en 14 escaleras, relegándolas a una rehabilitación superficial. Al respecto, cabe señalar que no existe un solo informe que explique por qué un muro de cemento aluminoso en el bloque 39 es “demolible” y el mismo muro en el bloque 57 es “rehabilitable”. Fue una decisión absurda que dividió al vecindario del barrio en dos categorías: quienes tenían derecho a una vivienda nueva y quienes no. Punto. Sin informes técnicos rigurosos que lo justificasen. Y esa categoría, una vez asignada, se ha heredado de informe en informe, de legislatura en legislatura, hasta hoy.
Ante esta situación, la gran incógnita que la Administración ha sido incapaz de responder de manera satisfactoria después de tres décadas es fundamental: si todos los bloques se construyeron en el mismo periodo, con idénticas técnicas de cimentación y los mismos materiales (incluido el tristemente célebre cemento aluminoso), ¿cuál es la justificación técnica para dictaminar la demolición de unos y no de otros? Ante la ausencia de argumentos sólidos y tras reiteradas reuniones con ADIGSA, la conclusión lógica es que no se trata de un criterio técnico, sino puramente presupuestario: se ha priorizado el recorte económico por encima de la seguridad de las personas. El saldo de esta incomprensible decisión, adoptada a espaldas de la vecindad, se traduce en 30 años de deterioro estructural acumulado para 170 familias que se ven abocadas a habitar viviendas de alto riesgo.
En 2020, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) emitió un dictamen que, además de perpetuar el agravio comparativo entre la demolición y la rehabilitación, pretendía servir de documento base para esta última. Sin embargo, en febrero de 2022, el área técnica de VIMUSA fiscalizó dicho informe por carecer de validez como herramienta de planificación y de fiabilidad para calcular los costes de la obra, por motivos inaceptables en un documento que debía fundamentar una inversión pública de tal magnitud. Por un lado, las partidas presupuestarias se definieron de manera genérica y sin mediciones precisas. Por otro lado, existe un problema económico de fondo: tan solo entre el último trimestre de 2020 y el de 2021, el Índice del Boletín Económico de la Construcción ya registró un incremento del 2,72 %, un dato previo a la drástica escalada inflacionaria de los materiales que vino después. En consecuencia, cualquier presupuesto basado en esas cifras está hoy completamente obsoleto. Además, al carecer de una partida para imprevistos, el proyecto de rehabilitación está destinado a ser una intervención deficiente, incapaz de garantizar tanto la habitabilidad interior como la estabilidad estructural a largo plazo.
Recientemente, el Primer Tinent d’Alcaldessa, Eloi Cortés, ha anunciado que en septiembre de este año se pone en marcha un plan de rehabilitación. Sin perjuicio de seguir denunciando el agravio comparativo incomprensible, lo celebramos, pero con grandes y serias reservas porque el plan presenta una fragmentación que compromete su eficacia. Examinada de cerca, se trata de una intervención que, si nos atenemos a su contenido, puede acabar perpetuando el problema en lugar de resolverlo. Veamos algunos datos.
La Generalitat destinará 1,7 millones de euros a la reparación de fachadas y vigas de los cuartos de baño. Por su parte, la instalación de ascensores (la necesidad más apremiante para una población envejecida) queda relegada a una fase incierta, con un coste estimado de 2,5 millones de euros, de los cuales un millón recaería sobre el vecindario. Asimismo, la adecuación del interior de las viviendas, cuyas exiguas dimensiones hacen imposible la vida con movilidad reducida, ni siquiera se contempla en el plan. Nos encontramos ante una paradoja que resume tres décadas de gestión deficiente: se invierte en el envoltorio del edificio mientras se ignora lo que garantiza una vida digna, perpetuando las condiciones habitacionales propias de 1954.
Por consiguiente, es imperativo reiterar que intervenir con un presupuesto desfasado, sin adecuar los interiores ni garantizar los ascensores, no constituye una solución, sino la prolongación de una injusticia. Els Merinals no es un mero expediente urbanístico; está habitado por personas que llevan toda una vida esperando que la Administración asuma las responsabilidades que eludió en 1955 y en 1992. Invertir ahora 1,7 millones para ejecutar una obra a medias no es gestionar, es administrar la precariedad con cuentagotas y transmitir el mensaje inaceptable de que nuestra seguridad y movilidad son secundarias.
Aunque la competencia administrativa corresponda a la Generalitat, no podemos perder de vista que las personas afectadas son vecinas de Sabadell. Por ello, el Gobierno municipal tiene el deber ineludible de proteger su bienestar, exigiendo soluciones reales y sensibles que atajen el problema de raíz y no limitándose a un mero trámite administrativo. La corresponsabilidad institucional es incuestionable; sin embargo, en este caso, queda en entredicho si nos atenemos a la aceptación del agravio comparativo, a la falta de respuesta ante una demora injustificable que prolonga el sufrimiento de las familias, a la inacción ante la falta de previsión económica (ya advertida por VIMUSA) y a no oponerse a un plan de actuaciones fragmentado y carente de calendario. Ante esta realidad, el Ayuntamiento, junto con el vecindario afectado, debe asumir el liderazgo impulsando medidas complementarias que mitiguen la arbitraria decisión de la Generalitat de dividir artificialmente el barrio y que garanticen, como mínimo, la adecuación de las 170 viviendas y de su entorno para dotarlas de condiciones de habitabilidad verdaderamente dignas.
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