La ultraderecha española ha rescatado una consigna que aparenta ser contundente: “España cristiana, no musulmana”. Detrás de esta frase hay tres intenciones claras: una identitaria (defender que España es esencialmente cristiana), otra excluyente (considerar lo musulmán como ajeno a la identidad nacional) y una tercera política (exigir que el Estado favorezca al cristianismo). Refutar este tipo de mensajes es un ejercicio intelectual y una obligación democrática.
La historia de España no es la de una identidad cristiana pura desde el bing bang que sufrió “invasiones” externas sino resultado de avatares y contingencias diversas. Por ejemplo, es la historia de un territorio donde el cristianismo, el islam y el judaísmo coexistieron, se influyeron mutuamente y construyeron juntos lo que hoy entendemos por cultura española. Al-Ándalus no fue una “ocupación”, sino una realidad política y cultural interna. Durante ocho siglos, la península fue un espacio de enorme pluralidad. En el siglo X, Córdoba era la ciudad más grande de Europa; sus bibliotecas, su filosofía, su medicina y su arquitectura no fueron meras “importaciones” árabes añadidas a una base cristiana, sino el fruto de una civilización híbrida en la que participaban activamente cristianos mozárabes, judíos y musulmanes.
La llamada Reconquista tampoco dio lugar a una España homogénea. La historiografía actual ha desmontado la idea de un enfrentamiento permanente entre comunidades cristianas y musulmanas. Los reinos cristianos del norte mantuvieron alianzas con emires; los ejércitos cristianos incluían mercenarios musulmanes, y las conversiones forzosas tras 1492 generaron una sociedad donde el catolicismo fue, durante siglos, una identidad que se fue imponiendo más que una convicción. Y el cristianismo español es hijo de esa mezcla. El arte gótico, el mudéjar, el flamenco, la gastronomía, el léxico cotidiano… todo ello constituye un legado inseparable. Negarlo es mutilar nuestra propia historia.
Más allá de los argumentos históricos, este lema es inconstitucional. El artículo 16 de la CE78 establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, rompiendo con el modelo confesional del franquismo. El Estado español es aconfesional, por lo que definir la identidad nacional a partir de criterios religiosos vulnera los derechos fundamentales de las personas no creyentes y de las minorías religiosas. La llamada “España cristiana” es, por tanto, una redefinición ilegítima y excluyente que invalida la ciudadanía de millones de personas.
En la España del siglo XXI, según datos del CIS, la población católica practicante no supera el 20%, mientras que el sector no creyente o ateo supera el 30%. Además, el islam es la segunda religión del país: cerca de dos millones de personas (muchas de ellas con nacionalidad española) son musulmanas. Estas personas no son “invasoras”, sino ciudadanas que trabajan, votan, pagan impuestos y contribuyen a la sociedad. Reducirlas a una amenaza es una estrategia de deshumanización que suele preceder a la discriminación.
Este tipo de consignas funcionan como mecanismo para construir un “nosotros” puro frente a un “ellos” peligroso. Sin embargo, ese “nosotros” uniforme nunca ha existido. La identidad de España no es una esencia religiosa inmutable, sino un proyecto político compartido que incluye tanto la Alhambra como la Sagrada Familia que otorga el mismo estatus de ciudadanía a quienes no profesan ninguna fe, a los creyentes de distintas religiones, a la población musulmana de Ceuta y a la católica de Galicia. Condicionar la pertenencia nacional a la fe religiosa es copiar el modelo de los estados fundamentalistas.
Resulta revelador que el lema ataque explícitamente lo “musulmán” y no mencione otras creencias como el budismo, el judaísmo o el ateísmo. Esta elección no es casual: el sujeto musulmán es señalado como el “otro” necesario, el enemigo interior que sirve para justificar el miedo. Se trata de un relato que responde a la política del odio, que busca equiparar islam con terrorismo, y este, a su vez, con inmigración. Esa ecuación no solo es falsa desde los hechos, sino moralmente ruin.
Paradójicamente, la proclama “España cristiana, no musulmana” es profundamente antiespañola: niega la historia del país, vulnera su ordenamiento jurídico y fractura su tejido social. Quienes la defienden no están protegiendo España, sino que la empobrecen, la reducen y la condenan al conflicto. España no necesita volver a ser algo que, en realidad, nunca fue; lo que necesita es seguir avanzando hacia una democracia más plural, inclusiva, equitativa y respetuosa con todas las creencias y no creencias, donde sea la ciudadanía (y no la religión) lo que defina quién pertenece a la nación.
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