Una campaña electoral es mucho más que la aritmética de los votos: es también un examen de madurez democrática. Permite evaluar no solo las propuestas de quienes aspiran a gobernar, sino también su respeto por la inteligencia colectiva y su capacidad para interpretar la realidad. Quien pretende liderar un país tiene la obligación de dominar los asuntos que aborda, contrastar sus fuentes y, sobre todo, mostrar la humildad para rectificar cuando los hechos desmienten sus palabras. Exigirlo no es baladí: constituye el estándar mínimo de responsabilidad que sostiene cualquier democracia sana.
Bajo esta lupa, los episodios protagonizados por Núñez Feijóo en sus intervenciones de precampaña y en los debates parlamentarios (marcados por una buena dosis de lapsus, errores y afirmaciones falsas) no son una simple sucesión de anécdotas, sino un síntoma político. Un error aislado es humano y perdonable. El problema aparece cuando los errores se repiten, cuando se utilizan datos falsos para blindar posiciones ideológicas o cuando se recurre a la obcecación para negar la evidencia. En ese punto, ya no estamos ante un simple fallo comunicativo, sino ante un grave problema de credibilidad y de estrategia política.
Y en este escenario, lo verdaderamente preocupante del patrón que dibuja Feijóo es la transversalidad de sus desatinos (como por ejemplo afirmar que un ticket de pizza blinda una ocupación o que el SMI sirve para recaudar cuando está exento de IRPF).Y no se trata de detalles menores, sino que abarcan todo el repertorio: crecimiento, empleo, pensiones, deuda, energía, salario mínimo, IRPF o el rol internacional de España, entre otros asuntos. Y aquí reside la clave. Esas cuestiones constituyen la esencia de la vida cotidiana de millones de personas. Determinan si una familia llega a fin de mes, si una persona mayor conserva su dignidad y su poder adquisitivo, o si el Estado dispone de recursos suficientes para sostener la sanidad y la educación públicas. Por eso, sus declaraciones no pueden ni deben banalizarse. Examinadas en conjunto, revelan su grado de rigor, su nivel y cuestionan su capacidad para gobernar un Estado.
De sus intervenciones públicas y mediáticas se desprende una estrategia claramente involucionista: deshacer lo logrado en lugar de ampliarlo. Su objetivo casi obsesivo se reduce a “acabar con el sanchismo” y para lograrlo, su repertorio se ha llenado de verbos destructivos: derogar, reprimir, eliminar, restringir, disminuir, bloquear, sacrificar y tumbar. Un arsenal verbal que no es mera retórica sino amenazas directas contra conquistas sociales que permiten vivir y convivir en una sociedad más justa.
La motosierra de esos calificativos se dirige contra cinco pilares: 1. El económico: al considerar que la justicia social es un invento de los “zurdos”, defiende rebajar los impuestos a los más ricos, con el riesgo de dejar sin financiación suficiente los servicios públicos que aspira a privatizar. Se opone así a una fiscalidad progresiva capaz de distribuir la riqueza. 2. El social: cuestiona el sistema público de pensiones, pretende revertir la reforma laboral, plantea recortar el salario mínimo y pone en duda el derecho de las mujeres al aborto, entre otras medidas. 3. El ecológico: sustituye la emergencia climática y la transición energética por un casposo negacionismo que hipoteca el futuro del planeta y el de las próximas generaciones. 4. El político: se posiciona contra las garantías democráticas, la memoria histórica y el equilibrio territorial, al tiempo que debilita las instituciones de contrapeso y deslegitima la pluralidad. 5. El cultural: arremete contra la diversidad, el feminismo y los derechos de las minorías, impulsando una visión reaccionaria de la convivencia que pretende imponer una identidad única y tradicionalista, limitando la libertad de expresión y fomentando discursos xenófobos y de odio.
Ahí está la clave: cada uno de esos verbos no describe una simple diferencia de opinión, sino una decisión con consecuencias materiales sobre los derechos, los ingresos y las condiciones de vida de la ciudadanía. Por eso no deben normalizarse. Hablar de derogar, recortar o bloquear es hablar de aquello que alguien propone quitarles a las personas. Frente a ese programa de retroceso, lo razonable es preguntarse: ¿a quién beneficia deshacer lo construido y a quién se le exige asumir los sacrificios?
En definitiva, la precampaña de Feijóo, en sintonía con su trayectoria como jefe de la oposición, consolida la imagen de un candidato dado a la improvisación, que rara vez contrasta sus fuentes y que difunde con facilidad afirmaciones que los hechos desmienten. Pero más allá de los errores de forma, su propuesta de fondo es nítida: apuesta por una involución social, política, económica, ecológica y cultural. No se trata de un simple conservadurismo, sino de un retroceso extremadamente peligroso para los cimientos de nuestra convivencia.
A todo ello conviene recordar que hay sombras que no pueden caer en el olvido. A las investigaciones sobre su patrimonio familiar y a las denuncias por contrataciones irregulares se suma un aspecto que, por encima de todo, resulta ineludible: su estrecha y documentada relación con Marcial Dorado, una de las figuras centrales de la trama del narcotráfico que asoló Galicia y dejó a su paso muerte y desolación. Durante la década de los ochenta, miles de jóvenes quedaron atrapados en una auténtica epidemia social de heroína y cocaína. Fue una “generación perdida”, devastada por las muertes prematuras, las adicciones, el VIH/sida, la cárcel y un estigma que todavía hoy deja profundas secuelas. En una sociedad bien informada, resultaría inconcebible que alguien tan poco fiable como avala su currículum pudiera postularse para gobernar España.
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