Sabadell vive en primera línea los efectos de una política migratoria marcada por la improvisación del Gobierno y las promesas imposibles de quienes nunca tendrán que aplicarlas.
Negar los problemas no los resuelve, pero prometer soluciones imposibles tampoco.
La inmigración irregular es uno de los grandes retos estructurales de España. Y precisamente por eso no puede gestionarse ni desde el buenismo irresponsable ni desde el populismo imposible.
En el último pleno municipal de Sabadell debatimos una moción sobre inmigración irregular. Desde el Partido Popular optamos por la abstención. No por falta de posición, sino precisamente por responsabilidad. Porque creemos que este debate exige realismo y políticas aplicables.
No estamos ni con el descontrol del Gobierno ni con las promesas irrealizables de quienes saben que jamás tendrán que aplicarlas.
La realidad en Sabadell es evidente. En la última década la población extranjera ha crecido de forma sostenida y hoy representa una parte importante de nuestros vecinos. Esto no es un problema en sí mismo. El problema aparece cuando ese crecimiento no va acompañado de planificación, integración laboral real y recursos suficientes para sostener los servicios públicos.
Nuestra ciudad ya sufre un mercado de vivienda tensionado. Los precios suben y cada vez es más difícil acceder a una vivienda para muchas familias trabajadoras, jóvenes o personas vulnerables. En barrios de Sabadell donde la presión sobre el alquiler es especialmente intensa, muchas familias ven cada vez más difícil permanecer en su propio barrio.
Los servicios sociales municipales soportan una presión constante y tanto la sanidad como la educación pública absorben cada vez más demanda sin que los recursos crezcan al mismo ritmo.
Las ciudades como Sabadell somos la primera línea donde se sienten las consecuencias de las políticas migratorias mal diseñadas.
Negar estos efectos es irresponsable.
Pero también lo es ofrecer soluciones mágicas.
El Gobierno ha optado por impulsar regularizaciones masivas como respuesta estructural. Sin memoria económica clara, sin planificación territorial suficiente y sin consenso parlamentario sólido. Una decisión que, en la práctica, traslada buena parte de la presión a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Eso no es política migratoria. Eso es improvisación.
Pero frente a ese desorden, algunos responden con propuestas que son directamente inaplicables.
Prometer expulsiones masivas puede sonar contundente, pero es jurídicamente y materialmente inviable. Las repatriaciones dependen de acuerdos con los países de origen, existen garantías judiciales y límites derivados del derecho europeo e internacional. Además, el propio Estado no dispone de los recursos materiales necesarios para ejecutar expulsiones masivas en los términos que algunos proclaman.
Decir que se expulsará a millones de personas no es firmeza. Es populismo.
Tampoco es viable prometer que se priorizará por ley la contratación de españoles frente a extranjeros con residencia legal. Una medida así vulneraría el principio constitucional de igualdad y la normativa laboral y europea.
La política seria no consiste en decir lo que más aplausos genera, sino en explicar con honestidad qué es realmente posible hacer.
Desde el Partido Popular defendemos una vía distinta.
Orden y control real de los flujos migratorios.
Regularización caso por caso, vinculada a contrato de trabajo, cotización y cumplimiento efectivo de la legalidad. No papeles automáticos para todos.
Aflorar la economía sumergida. Miles de inmigrantes trabajan hoy en negro, lo que genera explotación laboral y debilita nuestro Estado del Bienestar.
Y firmeza frente al delito y frente al abuso del sistema. La residencia no puede convertirse en un escudo frente a la reincidencia delictiva ni las ayudas sociales en un modo de vida permanente.
Esto vale para extranjeros y para nacionales. Porque el problema no es el origen. Es el comportamiento.
En España cabe quien viene a trabajar, a integrarse y a respetar nuestras normas.
No cabe quien viene a delinquir o a vivir indefinidamente del subsidio sin voluntad de incorporarse al mercado laboral.
Pero tampoco cabe convertir a todos los inmigrantes en sospechosos ni alimentar el enfrentamiento social.
La Constitución Española es clara: igualdad ante la ley. Un ciudadano nacionalizado es tan español como cualquier otro.
España y Sabadell no necesitan ni el buenismo que niega los problemas ni el populismo que promete lo irrealizable.
Necesitan una política migratoria seria, constitucional y aplicable.
Legalidad.
Integración vinculada al empleo.
Control del fraude.
Protección del Estado del Bienestar.
Ni negar los problemas ni prometer lo imposible: eso es hacer política responsable.
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