Vivimos en una época en la que nos han vendido la digitalización como el gran impulsor del progreso; sin embargo, en la realidad cotidiana, ese supuesto avance está levantando una barrera invisible. La brecha digital ha dejado de ser un mero problema técnico para convertirse en una forma de exclusión estructural que deja a miles de personas fuera del acceso efectivo a sus derechos más básicos.
Con frecuencia, el discurso público presenta esta exclusión como un problema exclusivamente generacional que, supuestamente, se resolverá con el paso del tiempo y con el apoyo familiar. No obstante, los datos contradicen esa narrativa. En España, durante 2025, el 96,3% de las personas de entre 16 y 74 años utilizó internet, pero solo el 66,5% contaba con habilidades digitales básicas o avanzadas. Aunque el acceso ha aumentado de forma considerable (al pasar del 5,1% de usuarios de 65 a 74 años en 2006 al 73,3% en 2021), estar conectado no equivale a lograr integración ni autonomía. En Catalunya, los datos de 2022 indican que el 79% de las personas de 65 a 74 años utilizaba internet, mientras que entre quienes tenían 75 años o más la cifra descendía al 42%.
El problema no es que la gente mayor no quiera entrar en el mundo digital. El problema es que se le ha diseñado un mundo digital que no está pensado para ella y que se le presenta como la única puerta posible. Las causas de esta brecha son estructurales: la pobreza afecta especialmente a quienes dependen de pensiones insuficientes para acceder a dispositivos o a una conexión de calidad. A ello se añade el desarrollo de plataformas con interfaces confusas, menús complejos y tipografías poco legibles, pensadas más para personas jóvenes que para el conjunto de la población, así como un edadismo interiorizado que lleva a muchas personas mayores a creer que ya no están capacitadas. De hecho, casi el 68% de las personas mayores reconoce sentir miedo al usar internet, por temor a cometer errores o ser víctima de estafas.
Las consecuencias de esta digitalización obligatoria son muy graves. Cuando las instituciones y los bancos eliminan la atención presencial y sustituyen el trato humano por aplicaciones, no están modernizando el servicio, están restringiendo un derecho. Actualmente, ocho de cada diez personas mayores de 75 añosnecesitan la ayuda de otras personas para realizar trámites en línea. Esto afecta su autonomía, favorece el aislamiento social y convierte a ciudadanos adultos y plenamente capaces en personas dependientes que ya no pueden gestionar por sí mismas sus derechos.
Ante esta realidad, es imperativo reclamar un cambio de enfoque desde la perspectiva de defensa de los derechos ciudadanos. La digitalización debe aumentar las posibilidades de la población, no suprimir aquellas que necesita. Por ello, es necesario exigir a las administraciones la “doble vía”: conservar oficinas presenciales y atención telefónica atendida por personas constituye una condición básica de accesibilidad universal, tan necesaria y legítima como una rampa para una silla de ruedas.
El progreso tecnológico no consiste en avanzar más deprisa exigiendo que todas las personas se adapten, sino en poner la tecnología al servicio de una vida mejor sin excluir a nadie. Superar esta barrera digital es un acto de justicia social, porque los derechos fundamentales de la ciudadanía nunca deben depender de su habilidad tecnológica.
Una ciudad moderna y habitable no es la que cierra más ventanillas para presumir de eficiencia. Es la que consigue que nadie se quede fuera, tenga la edad que tenga y utilice (o no) un móvil. El verdadero progreso no es el que corre más rápido, sino el que nos permite avanzar a todos juntos. Porque detrás de la brecha digital no hay personas obsoletas; hay ciudadanos/as a los que se les está robando su derecho a participar, a opinar y a decidir sobre su propia vida. Y ese es un combate que debemos librar con la misma contundencia con la que defendemos cualquier otro derecho social.
Nadie cuestiona el progreso tecnológico, pero la tecnología debe ponerse al servicio de las personas, y no al revés. Por ello, es necesario impulsar políticas públicas reales de alfabetización digital en centros cívicos y barrios, de manera gratuita, accesible y con acompañamiento paciente. Y, de forma irrenunciable, debe exigirse por ley que las administraciones y los servicios esenciales mantengan una atención presencial y telefónica digna.
El diari digital iSabadell obre la possibilitat als representants d’entitats, partits polítics i altres col·lectius a enviar articles d’opinió, reservant-nos el dret a la seva publicació. L’espai d’opinió reflecteix la visió personal de l’autor de l’article. iSabadell només la reprodueix.
