El pasado 26 de febrero, el Congreso protagonizó uno de los episodios más ruines de la legislatura. Con una votación de 177 contra 172, la derecha-extrema derecha (PP–VOX–Junts) tumbaron por segunda vez el Escudo Social del Gobierno progresista, un paquete de medidas destinado a proteger a las familias más vulnerables frente a la crisis de vivienda y la pobreza energética, con el bulo de la «ocupación ilegal». Viene a coalición recordar que Junts, votó en contra del mismo texto que había apoyado un año antes, evidenciando su camino sin retorno hacia las tesis de la extrema derecha de Aliança Catalana, en una batalla que tiene perdida.
No fue una mera discrepancia parlamentaria, sino que dictaron una sentencia económica contra millones de personas que tenían en aquellas medidas su única tabla de salvación frente a la inflación y la inestabilidad social. El escudo social derribado incluía la prórroga de la moratoria de desahucios, el refuerzo del bono social eléctrico, ayudas directas para la compra de alimentos básicos y la capacidad del Gobierno de topar precios en situaciones de emergencia. No eran propuestas “populistas” sino que surgían de diagnósticos técnicos de organismos internacionales sobre la necesidad imperiosa de proteger el poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
Los datos que reclaman las medidas son inapelables, entre otros: en España, 12,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE); 7,8 millones de familias sufren pobreza energética y 70.000 hogares vulnerables vuelven a estar en riesgo de desahucio tras la caída del escudo social. En Catalunya, la tasa AROPE afecta a 1.9 millones de personas y cada año se evitaban más de 1.000 desahucios gracias a las medidas ahora suprimidas. En Sabadell un 15-20% se encuentran en riesgo de exclusión social, miles de personas se beneficiaban de transporte público y del bono social eléctrico y la red de comedores sociales y bancos de alimentos atiende a 8.200 personas, cifra que crece mes a mes.
El cinismo y desfachatez alcanzó su paroxismo dos semanas después cuando pasaron de vetar ayudas a pedir rebajas fiscales: el PP registró en el Congreso un paquete de medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra. Su contenido es revelador: rebajar el IVA de la energía, eliminar el impuesto a la generación eléctrica, actualizar los tramos del IRPF y doblar el mínimo vital por hijo. La pregunta es obligatoria: si hace quince días votaron en contra de proteger a las familias más pobres, ¿por qué ahora proponen medidas fiscales que, por definición, no llegan a quienes no pagan impuestos o apenas los pagan por su bajo nivel económico?
Los dos modelos frente a la crisis: o rebajas fiscales generales o topes de precios con ayudas focalizadas. Un debate que no es técnico sino ideológico. Y sus consecuencias prácticas son radicalmente distintas.
La trampa de la rebaja del IVA. Reducir el IVA de la energía beneficia por igual a una familia que gasta 300 euros mensuales en electricidad y a otra que gasta 1.500: la primera ahorra 33 euros; la segunda, 165: la desigualdad no se combate, sino que se reproduce. Además, la experiencia de 2022 demostró que estas rebajas no suelen trasladarse al precio final ya que las grandes cadenas de distribución absorben el ahorro para aumentar sus beneficios de forma obscena. Mercadona, por ejemplo, declaró beneficios récord de 1.720 millones de euros en 2025. Mientras tanto, cada punto de reducción del IVA supone miles de millones menos en ingresos públicos para financiar la sanidad, educación y las políticas de protección social que ahora se reclaman.
La eficacia de la intervención directa. Las ayudas focalizadas funcionan de forma radicalmente distinta: a) el bono social eléctrico, la moratoria de desahucios o el tope al precio del gas garantizan que cada euro público llega a quien realmente lo necesita, sin fugas hacia rentas que no requieren protección; b) tienen un efecto multiplicador superior porque se consumen íntegramente; c) no disminuye la base impositiva que sostiene el Estado del bienestar; d) la intervención directa del Estado en mercados con oligopolios consolidados -la energía, la gran distribución alimentaria- no destruye la producción, lo que hace es reducir los márgenes de beneficio de empresas que llevan años acumulando cifras récord. La llamada “excepción ibérica” en el mercado eléctrico ya lo demostró con resultados contundentes. El decreto vetado por PP, Vox y Junts incluía la capacidad del Gobierno de topar precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia. Una herramienta que, dos días después del voto negativo, habría sido de inmediata aplicación para contener los efectos de la guerra.
Sabadell no es un porcentaje en un informe. Detrás de cada dato hay una familia del Torre-Romeu, de Ca n’Oriac, de la Creu de Barberà o de Can Rull que no sabe si podrá encender la calefacción o que ha recibido una orden de desahucio sin tener adónde ir. La crisis derivada de la guerra ha agravado una situación que ya era dramática. Son ellas quienes pagan la factura de una decisión política por quienes presumían de haber tumbado el escudo social y ahora pretenden venderles soluciones que les son inaccesibles.
La ciudadanía merece conocer la verdad: existían propuestas concretas que priorizaban a las personas sobre los beneficios empresariales y fueron derribadas deliberadamente por PP, Vox y Junts. La memoria democrática tiene la última palabra: en las urnas se ajustan las cuentas pendientes.
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