¿Cómo es posible que un obrero gallego o una camarera malagueña que cumple jornadas de doce horas por el salario mínimo o una auxiliar de enfermería en la sanidad pública extremeña vote por un partido que ha prometido abiertamente recortar la sanidad, las pensiones y los servicios sociales de los que precisamente ellos dependen? La pregunta no es retórica, y su respuesta no admite atajos ni conformismos. Que esta situación se repita en Argentina, España, Francia, Italia o EEUU no es una anomalía circunstancial, sino un patrón global que exige ser analizado sin condescendencia ni simplismos.
Una explicación rápida, pero insuficiente, a la que suelen aferrarse ciertos sectores de izquierda para eludir respuestas más incómodas, es que los procesos de socialización llevan a muchas personas a interiorizar valores contrarios a sus propios intereses. Y si bien es cierto que la batalla cultural e ideológica se ha inclinado en favor de narrativas neoliberales más regresivas utilizando sus poderosos medios, este diagnóstico, por sí solo, no alcanza a explicar la complejidad del fenómeno.
Hasta hace décadas, el voto seguía una lógica casi predecible: quien tenía menos recursos votaba a la izquierda; y los de mayor poder adquisitivo, a la derecha. Era el voto de clase. Ese mapa se ha resquebrajado, y no por casualidad. Los partidos progresistas se han transformado en las últimas décadas. Sus liderazgos provienen hoy mayoritariamente del ámbito universitario, de una clase media acomodada, y su agenda ha girado, legítimamente, hacia temas de género, identidad, medioambiente y diversidad, abandonando el lenguaje y las preocupaciones concretas de la clase trabajadora que apenas llega al fin de mes y que siente que nadie pregunta por sus necesidades reales y lo cabe decir de los jóvenes. Y esto tiene consecuencias en las urnas por lo que resulta simplista atribuir el fenómeno exclusivamente a la manipulación mediática y a la malicia de la derecha. La izquierda tiene una responsabilidad propia en esta historia, y no reconocerla es condenarse a repetirla.
Frente a esto, la extrema derecha ha sabido leer algo que la izquierda lleva años pasando por alto: existe una indignación profunda que ha logrado canalizar y orientar a su conveniencia aún a sabiendas que, en su relato, la solución no pasa por cuestionar el poder del gran capital, ni gravar las grandes fortunas o fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el blanco siempre apunta hacia los de abajo: al inmigrante que “roba el trabajo”, al parado que “que es un vago”, al feminismo que “desintegra la familia” o al independentismo que “quiebra la unidad de España”. Su estrategia política no es mentir sobre lo que harán si llegan al poder, sino desviar la rabia del electorado hacia quienes están en su misma situación o peor, en lugar de mirar las propuestas que tienen respecto a su salario, la pensión o la atención médica.
Pero sería un error reducir el voto a un simple cálculo económico; la realidad es mucho más compleja. Se vota también en función de los valores que se consideran irrenunciables. Por poner un ejemplo, en España, el debate territorial tiene un peso emocional extraordinario. Quienes integran la clase trabajadora en Jaén o Cáceres pueden votar al PP o a Vox no porque ignoren que recortarán en sanidad, sino porque consideran (les han convencido) que la izquierda «pacta con quienes quieren romper España». La identidad nacional pesa más, en ese momento, que el interés sanitario. Y eso no es irracional; es simplemente que, en su jerarquía de valores asumidos, la identidad suele ganar al bolsillo. Decirle a alguien que vota mal porque no entiende sus propios intereses es, además de arrogante, la forma más eficaz de asegurarse de que seguirá votando igual.
Esto no niega, en absoluto, que las políticas de austeridad castiguen con mayor dureza a los más vulnerables; los datos son irrefutables. Comprender el por qué alguien vota como vota no implica validar su elección, sino tomarla en serio como condición indispensable para transformar la realidad. Quien apoya medidas que le perjudican no es un ingenuo o ignorante. Es una persona a la que han ofrecido respuestas simplistas (y habitualmente falsas) a problemas complejos; alguien cuya frustración legítima ha sido secuestrada y redirigida; alguien que lleva años sintiéndose invisible para las izquierdas que afirman representarlo. Entenderlo no es justificarlo. Es el único punto de partida honesto para reconstruir un debate político viable.
Entender el por qué millones de personas trabajadoras votan a quienes prometen recortarles derechos es la condición mínima para intentar construir una política que vuelva a hablarles de verdad. Una política que no dé por sentado su voto, que no les trate como víctimas ignorantes, sino que se tome la molestia de escuchar qué les enfurece, qué les da miedo y qué les hace sentir dignidad. Porque al final, la pregunta no es solo por qué votan como votan. La pregunta más difícil, y más urgente, es: ¿qué habría que cambiar para que tuvieran razones más poderosas para votar diferente?
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