Empecemos por lo evidente: ninguno/a de nosotros/as eligió dónde nacer, quiénes serían nuestros padres, en qué barrio crecer, en qué país abrir los ojos o cuál sería el contexto económico, social y cultural que marcaría el inicio de nuestra vida. Nacimos en España, pero podríamos haberlo hecho en Etiopía, en Perú, o en cualquier otro rincón del planeta. No fue una decisión. Fue una cuestión de azar. Pura contingencia.
Y ese azar no es un detalle menor porque condiciona nuestras trayectorias vitales. Las oportunidades de educación, la atención sanitaria, la seguridad, las relaciones sociales, los valores que aprendemos, las expectativas de futuro y las posibilidades de sobrevivir dependen, en gran medida, de unas circunstancias decididas antes de que pudiéramos pronunciar nuestra primera palabra. Nuestra biografía comienza en una partida cuyas reglas ya estaban escritas y en la que no pudimos elegir las cartas que nos tocaron.
Y si el punto de partida de toda existencia humana está determinado por la contingencia, ¿con qué legitimidad podemos convertir ese golpe de fortuna en un supuesto título de superioridad? ¿Cómo puede suponer un mérito el haber nacido en un lugar seguro y próspero? Sin embargo, esa es precisamente la premisa sobre la que se sostiene el rechazo a la acogida de menores migrantes, transformando el privilegio fortuito de haber nacido en el lado bueno del Estrecho en una pretendida superioridad moral y política frente a quienes lo hicieron en el lado malo. Y peor, esa deshumanización se dirige contra quienes el derecho internacional, la legislación española (y catalana) y los principios éticos más elementales reconocen como sujetos de protección reforzada: niños y niñas cuya condición debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, incluida su nacionalidad o su situación administrativa.
Conviene recordar que la frontera es una ficción útil, no es una verdad, ni natural, ni absoluta. Son construcciones políticas. Necesarias para organizar el mundo que las élites poderosas de la humanidad han ido diseñando, sí, pero arbitrarias en su origen. Ninguna ley de la naturaleza dice que un niño nacido en Tánger merece menos cuidado que una niña nacida en Sabadell. De no ser así, la diferencia entre ambos no reside en su valor como seres humanos, sino en una línea imaginaria dibujada sobre un mapa. Una línea que la historia ha ido desplazando al compás de guerras, tratados internacionales, matrimonios dinásticos, procesos de colonización, acuerdos diplomáticos y conquistas.
Y algo no encaja en este discurso excluyente. Los adultos migrantes son sistemáticamente estigmatizados como una amenaza presentándolos como “invasores” que “nos quitan el trabajo”, que “viven de nuestras ayudas” y que son “delincuentes”. Son estereotipos construidos para alimentar el miedo y convertir la xenofobia en una respuesta aparentemente legítima. Un relato falso, pero funcional para quienes necesitan fabricar enemigos sobre los que descargar la frustración y el malestar social. Pero ¿que amenaza representa a un niño de doce años o un adolescente de 15 que huye de la violencia, la pobreza extrema o la ausencia de futuro?
La respuesta ha sido maquillar la deshumanización con eufemismos que anestesian la conciencia colectiva llamándoles “MENAs”, una sigla administrativa que borra la palabra “niño”. Y cuando desaparece esa palabra, es más fácil que desaparezca también la empatía. En la misma línea, la retórica de “los nuestros primero” suena razonable hasta que se examina con rigor. ¿Qué significa exactamente? ¿Que un niño catalán gana derechos por el mero hecho de haber nacido en Olot, mientras un niño marroquí los pierde por haber nacido en Nador? ¿Es que los derechos fundamentales de los menores dependen del código postal o la nacionalidad?
El sociólogo Zygmunt Bauman advirtió que las sociedades líquidas modernas tienden a convertir al extraño en un “residuo” incómodo, alguien a quien se le niega lugar porque no encaja en el orden establecido. Los menores migrantes de Ceuta son ese residuo: cuerpos molestos que según el guion nacional no deberían estar ahí y que, por tanto, hay que invisibilizarlos y devolverlos. Pero el guión nacional ni es una verdad natural ni una realidad inmutable, es una narrativa que, como tal, puede y debe reescribirse con criterios de justicia social.
La sinrazón de quienes niegan la acogida (PP; VOX; Aliança Catalana y sucedáneos de diversa estirpe) no es solo política: es también ética y en último término antropológica. Niegan que la justicia deba corregir el azar del nacimiento y se asienta en la creencia de que el mundo es justo porque a ellos les ha ido bien. Edifican así su propia seguridad sobre el desamparo de los menores migrantes. Pero hay algo que las ciencias humanas conocen perfectamente: las sociedades que sacrifican a los niños en el altar de la identidad no se fortalecen, se empobrecen. Se vuelven más frías, más miedosas y al final, más mezquinas. Y cuando la historia las juzgue, no las recordará por su firmeza, sino por su crueldad.
La respuesta a los menores migrantes de Ceuta no puede construirse desde la lástima ni en el paternalismo, ni desde la utilización política de su situación. Debe articularse con lo que la razón, la ley y la humanidad exigen porque antes que migrantes son menores y antes que extranjeros son niños y niñas. Y antes que cualquier etiqueta administrativa, política o nacional, son seres humanos. De nuestra misma especie. Habitantes del mismo mundo. Y su dignidad no puede depender del lugar en el que el azar decidió que comenzara su vida.
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