Que, como resultado de décadas de decisiones políticas interesadas, España atraviesa la mayor crisis de vivienda de su historia democrática es una afirmación que señalan todos los indicadores disponibles. Los precios de compra han subido más de un 45 % en la última década, mientras los salarios apenas han subido un 15 %. El alquiler en las grandes ciudades devora entre el 40 % y el 60 % de los ingresos familiares, el doble de lo que recomienda la UE. Y nuestro parque de vivienda pública (un colchón que debería protegernos cuando el mercado falla) apenas llega al 2,5 %, frente al 9 % de media europea y, en paralelo, se producen más de 100 ejecuciones de desahucios cada día. No estamos ante un desarreglo pasajero, sino ante un modelo que ha convertido un derecho en un producto financiero. La vivienda ha dejado de ser un bien de uso (un lugar donde vivir) para convertirse en un activo financiero en manos de grandes fondos de inversión.
El cambio de paradigma se produjo cuando el capital global empezó a tratar el ladrillo como un vehículo de rentabilidad. Tras la crisis de 2008, fondos como Blackstone, Cerberus o Lone Star compraron masivamente carteras de viviendas procedentes de bancos rescatados y de la Sareb (el llamado “banco malo”, creado en 2012 para absorber los activos tóxicos de las orgías financieras). Su lógica no era ofrecer un techo sino comprar barato, reformar lo justo, subir el alquiler al máximo que el mercado permita y, si conviene, vender con plusvalía.
A esto se sumaron las SOCIMIS (sociedades inmobiliarias que tributan al 0% en el Impuesto de Sociedades) convertidas en el vehículo perfecto para canalizar capital especulativo hacia la vivienda residencial. Se añade también la resaca del boom urbanístico de 1997 a 2007, cuando España construyó más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas, con la complicidad de ayuntamientos, comunidades autónomas y una banca descontrolada, dejando tras de sí urbanizaciones fantasmas, aeropuertos sin aviones y una corrupción urbanística que fue la expresión más descarnada de un sistema que convirtió el urbanismo en negocio privado financiado con dinero público. El conjunto de todos estos factores ha dado pie a una tormenta perfecta que ha propiciado el desastre social que hoy vivimos en materia de vivienda, cuya paradoja más sangrante es que existan cientos de miles de viviendas vacías y cientos de miles de familias sin vivienda.
Y como resulta previsible, la vivienda se ha convertido en un campo de batalla política: VOX, empeñado en argentinizar España, defiende la propiedad privada como derecho absoluto, se opone frontalmente a cualquier regulación de precios y criminaliza a los movimientos sociales de vivienda, votando sistemáticamente en contra de todas las iniciativas de regulación del alquiler, ampliación del parque público y protección frente a los desahucios. El PP se mantiene alineado con los intereses del sector inmobiliario: en Madrid vendió el IVIMA a fondos buitre, en Andalucía ha reducido los programas de vivienda social y a nivel estatal presentó recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda de 2023, mientras su gran propuesta (incentivos fiscales y desgravaciones) no solo no baja los precios, sino que los infla aún más, como está demostrado. Objetivamente hablando, de estos partidos no cabe esperar ninguna solución socialmente sensata. Todo lo contrario.
La Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, fue aprobada con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y con la abstención de Junts y el voto en contra de PP, VOX y CC. Un hito histórico: la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Introdujo las zonas de mercado residencial tensionado con limitación de precios, la definición de “gran tenedor”, la prohibición de repercutir gastos de gestión al inquilino, el recargo del IBI para viviendas vacías y la reserva del 30 % de las nuevas promociones para vivienda protegida. Pero la ley llegó tarde y sus mecanismos de regulación han quedado a expensas de la voluntad de las comunidades autónomas, dejando sin garantizar la alternativa habitacional ante los desahucios. Es un paso adelante, en absoluto el final del largo camino que queda por recorrer.
Las consecuencias de que el derecho a la vivienda no se cumpla condicionan todos los demás. Sin un techo seguro, no hay salud, no hay educación, no hay trabajo digno, no hay participación ciudadana, no hay comunidad. La crisis de la vivienda en España no es un efecto colateral del crecimiento económico: es la expresión más brutal de un modelo que ha puesto la rentabilidad del capital por encima de la dignidad de las personas. Recuperar la función social de la vivienda exige valentía política, movilización social sostenida y un cambio de relato que deje de normalizar lo inaceptable. Exige que dejemos de hablar de “mercado inmobiliario” y empecemos a hablar de “derecho a la vivienda”. Exige que los barrios vuelvan a ser espacios de convivencia y no de especulación.
En este maremágnum, insistir en que la crisis de la vivienda tiene solución, porque no se trata de un problema técnico insoluble, sino de una cuestión de voluntad política y de correlación de fuerzas. Existen medidas que lo hacen posible: la ampliación masiva del parque público hasta alcanzar el 10 % de vivienda pública en alquiler asequible; una regulación efectiva y vinculante de los precios del alquiler; la declaración de zona tensionada sin que dependa de la voluntad de cada comunidad autónoma; una fiscalidad progresiva que desincentive la especulación; la garantía de una alternativa habitacional ante los desahucios y paralización de los desahucios a personas vulnerables (mayores de 70 años, familias con menores, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad) hasta que exista una alternativa real; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan suspender los lanzamientos si los servicios sociales acrediten vulnerabilidad; la limitación de la propiedad especulativa; la regulación de la compraventa de bloques enteros por fondos de inversión, con derecho de tanteo y retracto para las administraciones. Estas, entre otras, son medidas que, en buena parte, ya se aplican en países europeos con resultados sociales positivos. Depende de la voluntad política y correlación de fuerzas para implementarlas, y eso depende de nosotros/as con la movilización y el voto.
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